El programa educativo presentado por Alberto Núñez Feijóo del PP recupera algunas de las ideas que han marcado buena parte del debate educativo-ideológico de las últimas décadas como endurecer las condiciones para pasar de curso, sustituir la LOMLOE, modificar el acceso a la profesión docente y ampliar la libertad de elección de centro, entre otras propuestas. No se trata únicamente de medidas técnicas. Detrás de ellas reaparece una determinada ideología de entender la educación, el profesorado y la responsabilidad de la escuela ante las desigualdades sociales.
Conviene analizar algunas de estas propuestas pedagógicamente más allá de las declaraciones políticas y de las intenciones que se les atribuyen. No basta con invocar la exigencia, el mérito, la excelencia o la libertad para demostrar que una política educativa es adecuada. Son palabras, pero también pueden convertirse en conceptos seductores que ocultan decisiones ideológicas, simplifican problemas complejos y presentan como soluciones lo que, en ocasiones, constituye una vuelta a planteamientos que la investigación educativa lleva tiempo cuestionando.
La pregunta no es si queremos una educación exigente. La cuestión es qué entendemos por exigencia, a quién se la pedimos, en qué condiciones se desarrolla y qué hacemos cuando el alumnado no aprende. También debemos preguntarnos si las medidas propuestas mejoran las condiciones de enseñanza o si trasladan la responsabilidad del fracaso a los propios estudiantes, a sus familias y a los docentes, sin revisar suficientemente las condiciones institucionales y sociales en las que trabajan.
Repetir curso no garantiza mejorar el aprendizaje
Una de las propuestas más significativas del PP es recuperar en la Educación Secundaria Obligatoria el principio de que se pasa de curso con las asignaturas aprobadas. Ello supone endurecer las condiciones de promoción.
¿Qué idea de aprendizaje hay detrás de esta propuesta? Parece recuperarse una lógica según la cual el alumno que no alcanza determinados resultados debe permanecer un año más en el mismo nivel, como si repetir el curso constituyera, por sí mismo, una oportunidad adicional de aprender.
Sin embargo, la investigación cuestiona desde hace tiempo que la repetición sea una respuesta eficaz y generalizable a las dificultades escolares. Un estudio publicado en 2024 en European Journal of Education1, basado en más de 146.000 estudiantes, encontró efectos negativos de la repetición sobre las competencias del alumnado en España mediante una metodología que intentaba aproximarse a las relaciones causales. Estos resultados obligan a cuestionar la idea de que repetir sea una garantía de mejora.
Repetir un curso no equivale necesariamente a recuperar los aprendizajes que no se han adquirido. Si las dificultades persisten porque no se han identificado a tiempo, porque faltan apoyos, porque las condiciones del aula dificultan la atención educativa o porque el alumnado necesita una intervención diferente. Repetir sin modificar esas condiciones puede significar volver a vivir la misma experiencia de fracaso.
La primera pregunta de una política educativa responsable no debería ser cuántas asignaturas hay que suspender para repetir, sino por qué tantos estudiantes siguen teniendo dificultades y qué debemos cambiar para evitar que estas se acumulen.
¿Qué modelo de profesorado propone el PP?
El PP propone también sustituir la LOMLOE por un nuevo marco educativo. España conoce bien esta dinámica, cada cambio político importante parece reclamar una nueva reforma, una nueva terminología y manera de reorganizar la vida escolar. Se anuncian modificaciones que, a menudo, no han tenido tiempo suficiente para consolidarse, mientras el profesorado debe adaptar sus prácticas, sus programaciones y sus procedimientos a nuevas exigencias.
Antes de anunciar la sustitución de una ley, sería necesario precisar qué problemas concretos se pretende resolver, qué resultados se esperan, qué investigaciones fundamentan las medidas y qué recursos permitirán desarrollarlas.
La alternancia política no debería traducirse en una refundación permanente de la escuela. La educación no puede estar sometida a una sucesión de cambios que obligan al profesorado a convertirse en ejecutor de decisiones ajenas, en lugar de reconocerlo como profesional con capacidad para analizar, decidir y transformar su práctica.
Libertad de elección e igualdad de oportunidades
También debemos mirar con atención qué modelo de carrera profesional del profesorado se propone. Si consiste en una escala de categorías, acreditaciones, méritos individuales y evaluaciones externas, puede acabar reproduciendo una lógica competitiva que debilite la colaboración entre docentes. La profesión docente no mejora cuando cada profesional se ve obligado a demostrar individualmente que merece avanzar, sino cuando existen condiciones para compartir conocimientos, investigar sobre la práctica, acompañar a otros compañeros y participar en proyectos colectivos de transformación.
No podemos exigir una educación innovadora mientras mantenemos modelos de organización que dificultan la autonomía y la colaboración como se está viendo en algunas comunidades autónomas. Ni podemos reclamar compromiso al profesorado sin preocuparnos por su bienestar, su participación en las decisiones y su capacidad para intervenir en la definición de las políticas educativas.
También el programa del PP defiende que las familias puedan elegir colegio en todo su municipio, que los conciertos educativos tengan una duración mínima de seis años y que la financiación cubra el coste real de las plazas.
La investigación comparada ha advertido de estos riesgos. La libertad no debería convertirse en un mecanismo por el que algunas familias concentran las mejores oportunidades mientras otras quedan condicionadas por la falta de alternativas. No se puede defender la libertad de elección y dejar en segundo plano las condiciones necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades.
La escuela pública es una institución fundamental para la cohesión social, la democratización del conocimiento y la construcción de una ciudadanía plural. Las políticas educativas deben reforzar su capacidad para educar a todo el alumnado, no limitarse a organizar una oferta de centros que compiten por atraer a determinadas familias.
También debemos preguntarnos qué significa financiar los conciertos educativos para cubrir el coste real de las plazas. Si se utiliza financiación pública, debe existir una correspondencia clara con las obligaciones públicas como gratuidad efectiva, transparencia, ausencia de barreras económicas, cumplimiento de las reglas de admisión y participación en una distribución equilibrada del alumnado.
Las propuestas analizadas vuelven a situarnos ante una cuestión esencial de política educativa. ¿Queremos una escuela que responda a las dificultades aumentando las exigencias individuales, seleccionando con mayor dureza y ampliando la competencia entre centros? ¿O queremos una escuela que mantenga expectativas elevadas, pero que asuma también la responsabilidad de crear las condiciones para que todo el alumnado pueda alcanzarlas?
Una escuela exigente que dicen no es la que selecciona mejor a quienes tienen más posibilidades de éxito, sino la que consigue que más estudiantes aprendan. Una profesión docente no es la que acumula filtros, acreditaciones y obligaciones, sino la que dispone de preparación, autonomía, reconocimiento y condiciones para transformar la educación. Y una política educativa responsable no es la que promete recuperar el rigor, sino la que demuestra que sus decisiones mejoran el aprendizaje sin dejar a nadie atrás.
La educación no necesita más consignas que aparenten resolver sus problemas. Necesita políticas que se atrevan a abordarlos en su complejidad, que escuchen al profesorado y a las comunidades educativas y que entiendan la innovación como un proceso colectivo de transformación. Esa es la exigencia que deberíamos pedir a cualquier programa electoral.
1 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejed.12736.

