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Se podría decir que nadie está del todo contento con la previsible próxima ley de educación que llegará al crongreso en los próximos días después de la aprobación del proyecto en el Consejo de Ministros de esta mañana.
Mientras que sectores como el de Escuelas Católicas (principal patronal de la escuela concerada) entienden que el proyecto nace sin consenso con la comunidad educativa y supone un ataque a la libertad de elección de las familias y al propio sistema de conciertos, otros sectores ven una esperanza en la recuperación de ciertos valores por parte del sistema y en la derogación de la Lomce.
El proyecto de ley, conocido desde hace más o menos un año, fue desgranado hace unos pocos días en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados. Lo explicó la propia ministra Isabel Celaá a todos los grupos parlamentarios. Insistió entonces la ministra en cuestiones como la coeducación, la lucha contra la segregación escolar ya sea socioeconómica o de otro tipo, en la centralidad que ha de tener la escuela pública o en el proyecto que de aquí a un año quiere poner en marcha para desarrollar una auténtica carrera docente.
Hoy, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros ha insistido en algunos de estos aspectos, así como en la apuesta del Ejecutivo por el desarrollo de la educación infantil de primer ciclo, en la vuelta a los ciclos en la primaria para evitar el aumento producido de la repetición durante el periodo de desarrollo de la Lomce o la necesidad de generar un sistema educativo que permita que todo el alumnado, independientemente de la vía en la que esté matriculado, tenga acceso al título de graduado en secundaria obligatoria.
La ministra ha insistido en la obligación de que el sistema lo sea de excelencia y de equidad. Muchos de los puntos nuevos del texto insisten en la idea de una atención personalizada al alumnado o en el camino hacia la educación inclusiva que suponga un cierto trasvase de alumnado de la educación especial hacia la ordinaria a lo largo de una década.
Para Escuelas Católicas la nueva ley supone un ataque a la escuela concertada, por varios motivos. El proyecto de ley suprime el llamado criterio de la demanda social, introducido por la Lomce y utilizado en algunas comunidades autónomas para favorecer el crecimiento de los conciertos mientras se cerraban unidades en centros públicos. Desde el punto de vista de esta patronal, la mayoritaria, resulta una medida «especialmente preocupante», como lo es también la vuela a la entrada de un representante municipal en los concejos escolares de los centros concertados. Figura que califican como de «comisario político».
Finalmente la patronal de centros católicos critica la falta de consenso de este proyecto de ley y el hecho de que no haya pasado por el Consejo de Estado o el Consejo Escolar del Estado. Unos trámites, el primero, según explicó Celaá en el Congreso la pasada semana, no obligatorio, y el segundo, pasado en la anterior legislatura. El Ministerio ha presentado exactamente el mismo texto que ya aprobara el Consejo de Ministros hace un año para, efectivament, evitar la obligación de tener que pasar por este trámite y acelerar su llegada al Congreso.
La crítica a la falta de participación también se ha podido notar en las redes sociales, en donde no han sido pocos los docentes que llevan días criticando el hecho de que no se cuente con ellas y ellos a la hora de redactar la ley que determinará su trabajo en los próximos años. Peticiones de bajadas de ratio y de aumento de recursos personales y económicos son las más habituales estos días en redes como Twitter,
En la otra punta, podría estar el sindicato FeSP-UGT que ha ha mostrado su alegría ante la posibilidad de derogar la Lomce y, con ella, sus efectos sobre el sistema educativo. También ha hecho hincapié en lo positivo que tiene el que se apueste por la educación pública o la coeducación.
Esto sí, se muestra el sindicato descontento con el hecho de que la ley solo contemple una subida del presupuesto dedicado a educación de hasta un 5% durante la legislatura. Este sindicato, como otros colectivos, apuestan por alcanzar un 7% del PIB en los próximos años.
Organizaciones como Save the Children también han pedido más energía para el texto que salga del Congreso de los Diputados. Sobre todo en dos apuestas: la lucha contra la segregación escolar y en el desarrollo de una educación infantil de 0-3.
Para esta ONG faltan medidas más específicas en relación a la segrgación socioeconómica, «en concreto desde la admisión, la financiación de los centros educativos y la revisión de los conciertos», dice en un comunicado la entidad. Save the Children propone un endurecimiento de los conciertos y de la persecución contra el cobro ilegal de cuotas, así como un reparto más equilibrado de la población en peor situación socioeconómica.
Duda presupuestaria
Una ley que podría nacer con pies de barro si en su tramitación no se tiene en cuenta un marco mínimo de inversión. Muchas de las medidas que propone, de sus principios básicos, como el de la escuela inclusiva, pasan por un importante aumento de la financiación de la educación, ya sea pública o concertada.
La apuesta por un sistema educativo inclusivo que no segregue al alumnado con necesidades educativas especiales, o al que esté en condiciones socioeconómicas más complejas, requiere de más personal de apoyo en los centros, un personal «desaparecido» durante los años de graves recortes económicos.
La ley prevé una apuesta por la universalización del 0-3, algo que recoge el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Pero no se ha hablado de la cuantía d este aumento de centros educativos ni del número de sus profesionales.
Y mientras la ley pasa su trámite con más o menos dificultades, problemas como el de las ratios en las aulas siguen muy presentes. O el de las horas lectivas del profesorado. Con la modificación legislativa queel Ministerio hiciera en la última legislatura dejó al arbitrio de las comunidades autónomas los máximos de ratio por aula, lo que ha supuesto que aquellas en las que el PSOE gobierna hayan apostado por una bajada más o menos significativa de las ratios impuestas por el Decreto 14/2012 impuesto por José Ignacio Wert cuando era ministro de Educación. Otras, como Madrid, se han mantenido en las mismas cifras.
Qué hay de nuevo
Desde el Ministerio se ha insistido en que el texto no es simplemente una vuelta a la LOE de 2006, sino mucho más. Como ejemplo, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha hablado del peso que tendría una visión de la ley desde la óptica de los derechos de la infancia o del peso que tendrá la coeducación a lo largo de todo el texto.
También se han recogido algunas de las reivindicaciones de los colectivos de la educación infantil, aunque dejando algunas puertas abiertas a posibilidades que no mejorarían, de facto, la situación de esta primera etapa educativa.
La Lomloe recoge, eso sí, la vuelta a los ciclos en educación primaria. Un cambio no menor si se tiene en cuenta que ha habido un cierto repunte de la repetición de curso con su desaparición auspiciada por la Lomce. «No hacerlo así supone un aumento de repeticiones indeseables», ha dicho la ministra Celaá durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El gran reto educativo que tendrá por delante la ley, posiblemente, sea el de la disminución del Abandono Educativo Temprano (AET) que, aunque ha descendido mucho en los últimos años, se encuentra más de dos puntos porcentuales por encima del objetivo marcado por la UE para España del 15% para este 2020. No parece razonable pensar que en los próximos meses pueda reducirse esta cifra.
Para hacer frente a dicha situación, desde el Ministerio pretenden que los diferentes itinerarios formativos del estudiantado, ya sea por la vía académica o profesional, no cierren ninguna puerta, de manera que la rama de la formación profesional básica concluya con el título de ESO y que, de esta manera, quienes la cursan tengan la opción de cruzar a la vía académica más adelante.
La inclusión ha ganado puntos a lo largo de los últimos años en el discurso educativo, entre otras cosas por el tirón de orejas que la ONU le dio al Gobierno español tras la visita de una delegación que supervisó la situación de la educación inclusiva en España. El informe, demoledor, acusaba al país de no estar haciendo su trabajo en relación a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y que implica la escolarización de todo el alumnado en un único sistema ordinario, y no en la doble vía de la educación especial o las aulas específicas dentro de los centros convencionales.
La ministra ha anunciado, como ya había hecho en otros momentos, a la iniciativa según la cual, de aquí a un año, el Gobierno se ha comprometido a tener un documento que desarrolle la carrera docente, desde la formación inicial hasta el final de la profesión.
Ha asegurado que habrá un periodo, tras la entrada del profesorado en los centros educativos, de aproximadamente un curso lectivo, en el que el nuevo docente estará tutorizado «con el fin de mejorar su práctica», ha precisado Celaá.
