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Isabel Celaá, ministra de Educación, ha tenido que lidiar con más preguntas de las habituales en una rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial. Se han juntado el documento de recomendaciones que ayer presentó junto al Ministerio de Sanidad, el propio acuerdo de la Conferencia Sectorial de hoy y el reparto de los 2.000 millones de euros que anunció Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, el pasado domingo.
Y todo para que nada quedara especialmente claro. Solo una cosa, cualquier comunidad estaría fuera de la legalidad si no cumple con la medida de distancia social de 1,5 metros entre alumnos en las aulas el próximo septiembre. Al menos, así lo ha explicado la ministra en relación a las declaraciones del consejero madrileño de Educación, quien ha sostenido en las últimas horas que no era viable reaorganizar los centros para seguir esta regla de separación. «Si Madrid no sigue» la norma de distancia establecida por el decreto de «nueva normalidad», «incumplirá la ley», ha dicho Celaá. «No creo que Madrid esté en esta disposición», ha asegurado.
Preguntada la ministra por el hecho de que sea imposible con las ratios actuales mantener el metro y medio de seguridad entre personas, Isabel Celaá ha explicado que para esto están los centros hoy por hoy estudiando la manera de optimizar los espacios disponibles: gimnasios, comedores, bibliotecas, laboratorios y hasta patios.
En el caso en el que un centro educativo no tuviera espacio de ninguna de las maneras para hacer estos desdobles de alumnos, la ministra ha apuntado que «los centos serán atendidos por las comunidades autónomas para encontrar otros espacios» en colaboración con otras administraciones.
Más allá de esto, y durante varios minutos, tanto Isabel Celaá como Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación, han tenido que explicar en qué consiste la recomendación del documento presentado ayer elaborado entre su Ministerio y el de Sanidad en el que se describe que habrá «unidades convivenciales», idealmente, de 15 alumnos, máximo 20 si fuera necesario, desde educación infantil hasta 4º de primaria.
Ambos han insistido que esta cifra no es una ratio, que estas se rigen y así seguirán, por la legislación vigente. Es más bien una recomendación de Sanidad que, además, tendrán que volver a tratar después de esta reunión de la Sectorial. Pero, en ningún caso, es una imposición legal.
Alejandro Tiana ha explicado que la recomendación de Sanidad se ha estudiado de la que han puesto sobre la mesa países como Noruega, en donde se han permitido las agrupaciones de este tipo. Grupos más o menos pequeños de niños y niñas hastas 4º de primaria, con un adulto de referencia y que mantienen las distancias con el resto de los compañeros del centro. El secretario de Estado también ha informado de que algunas de las autonomías han preguntado si estas cifras de 15 o 20 pueden flexibilizarse.
En muchos grupos de primaria el número de alumnos es algo superior a 20 alumnos por clase. En el aire la duda de si podrán ser mayores estas agrupaciones o si tendrán que subdividirse en diferentes espacios para seguir las recomendaciones del Ministerio. En este sentido, Tiana ha explicado que ante las dudas de los territorios hablarán con el Sanidad para aclarar este particular.
Preguntada la ministra sobre el reparto de los 2.000 millones de euros comprometidos por el Gobierno para la educación pública, Celaá ha explicado que los criterios sobre qué territorios recibirán qué dinero, los tienen que definir todavía el Ministerio de Hacienda y el de Economía.
En relación al grupo de trabajo formado por todas las comunidades en la anterior sectorial y que tiene previsto elaborar un documento con diferentes escenarios posibles de cara a la vuelta al colegio en septiembre, fuentes del Ministerio aseguran que no se ha hablado de este tema en la reunión.
La ministra Celaá ha enumerado rápidamente los 14 puntos del acuerdo que han suscrito, ha dicho, todas las comunides autónomas, a excepción de País Vasco y Comunidad de Madrid. No ha querido valorar la posición de ambos territorios en este sentido.
Los 14 puntos de acuerdo
- El curso 20-21 empezará en las fechas habituales de septiembre y seguirá unas paitas similares a las de otros cursos académicos. Las administraciones educativas habrán de cuidar que se cumplan las 175 jornadas lectivas adaptándose a la situación de los distintos centros educativos y sus circunstancias.
- La actividad lectiva presencial será el principio general durante el próximo curso. Las administraciones entienden la importancia de la presencialidad en la educación.
- Los centros educativos adaptarán en todas las etapas, enseñanzas, sus programaciones didácticas de las materias, asignaturas o módulos, para el curso próximo en el marco de lo que establezcan las administraciones educativas, con la idea de recuperar los aprendizajes no alcanzados en estos últimos meses y para «permitir al alumnado el logro de los objetivos previstos».
- Las administraciones establecerán las directrices necesarias para que los centros elaboren planes de seguimiento y apoyo para el alumnado que haya tenido mayores dificultades.
- Las administraciones educativas fomentarán el trabajo colaborativo entre los docentes de los centros educativos para permitirles dar una respuesta coordinada en las nuevas circunstancias.
- En el inicio y desarrollo del próximo curso, las administraciones seguirán las indicaciones establecidas por las administraciones sanitarias, estatales o autonómicas, respetando lo dicho en el Real Decreto ley 21/2020 de 9 de junio.
- Las administraciones educativas trabajarán con los servicios propios de Prevención de Riesgos Laborales en el marco de las indicaciones de las autoridades sanitarias para tomar las medidas más aconsejables en el desarrollode las actividades educativas.
- Las adminstraciones educativas proporcionarán al progfesorado y a los centros docentes toda la información y los medios de formación necesarios acerca de los requisitos higiénico-sanitarios establecidos y la utilización de las instalaciones escolares en condiciones de seguridad.
- El marco que establezcan las administraciones educativas, los centros escolares dispondrán de un plan de inicio de curso que establezca la organización del centro que mejor se adapte a las condiciones del alumno.
- Las administraciones educativas prepararán planes de contingencia, «los que sean necesarios», para que los docentes puedan hacer frente a la eventualidades que se produzcan durante el curso.
- Las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que los centros puedan ofrecer sus servicios complementarios habituales, especialmente de transporte y comedor escolar en condiciones de seguridad.
- las administraciones educativas adoptarán medidas orientadas a la reducción de la brecha tecnológica y la eliminación de sus consecuencias.
- El ministerio de Educación y las consejerías colaborarán para el desarrollo y la oferta de recursos en el refuerzo de la competencia digital.
- El Ministerio de Educación y las consejerías pondrán en marcha programas de cooperación territorial orientados a dar respuesta a la nueva situación.
