Cristina es madre de dos niñas en la ciudad de Madrid. Una está en infantil y la otra empieza la primaria este septiembre. Estrena colegio en el peor curso que se recuerda. Ha de llevar mascarilla todo el día y prácticamente no puede acercarse a ninguno de sus nuevos compañeros.
Este es uno de los muchos problemas que enfrentan las familias madrileñas (y de todo el Estado). Pero hay más. Desde que a finales de agosto la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunciase el plan de la Comunidad para la vuelta al colegio, no hay semana, casi no hay día, sin una nueva noticia que provoca más desconcierto, desconfianza e inquietud entre muchas familias de la educación pública madrileña.
Cristina habla de la dificultad que se han encontrado con la idea de que en infantil y primaria las direcciones escolares, en aras de bajar las ratios a 20 alumnos por aula, puedan subdividir los grupos (en infantil entre los 3 y 5 años y en primaria, según los antiguos ciclos desaparecidos con la Lomce), dejando un grupo principal de 20 y el exceso de niñas y niños, reunidos en nuevos grupos, que puedan ocupar un aula y tener maestro o maestra propios.
Niños que, en el caso de los curso de 5º y 6º de primaria, han pasado varios años con la misma maestra de referencia y que ahora tendrán, por un tiempo desconocido, otro adulto de referencia que habrá llegado al centro, con suerte, el mismo día que el alumnado. Si no hay suerte, como pasa en muchos colegios, todavía tendrán que esperar a que lleguen durante algún tiempo.
Un maestro o maestra, interino, seguramente con poca experiencia laboral y que tendrá que enseñar dos temarios al mismo tiempo a personas de edades diferentes. Un sistema como el que se usa en los centros rurales agrupados y que, con un poco más de panificación, podría funcionar a la perfección. Para Cristina, como para Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Giner de los Ríos, habría que haberlo hecho con planificación suficiente.
«Desde el comienzo de la pandemia y el confinamiento, hemos enviado propuestas a la Consejería de Educación», asegura Morillas. Ninguna de ellas ha sido escuchada. La participación de las familias en la Comunidad se limita a ser informadas por Educación cuando se han tomado las medidas que la Administración considera oportunas en cada momento, asegura la presidenta de la FAPA.
En infantil mezclar a criaturas de diferentes edades no es un grave problema, principalmente porque se trata de un tramo de escolarización no obligatorio sin un currículo que vaya a pesar en el expediente de cada criatura. En primaria las cosas cambian. Niñas y niños entre los 7 y los 12 años llevan seis meses sin escolarizar y, parece, una de las preocupaciones debería estar en saber qué ha quedado sin enseñarse y aprenderse del trimestre final del curso pasado.
La Comunidad de Madrid, que a finales de agosto anunció la contratación de 11.000 docentes para la pública y la concertada, para poder apoyar en esta labor, entiende que es posible retomar estos aprendizajes sacando a niñas y niños de sus grupos habituales (sobre todo para los cursos a partir de 3º) para formar nuevos grupos con quienes «sobran» de otras aulas.
En el colegio de la hija de Cristina la dirección ha decidido hacer esta separación por sorteo. Comparado con lo que pasa en otros lugares, no es mal sistema. Hablamos con Javier, es maestro de un centro público. Prefiere permanecer en el anonimato y que tampoco se conozca qué centro es. En él, la decisión sobre cómo se conforman los grupos mixtos se ha tomado en la dirección bajo la premisa de que serán quienes peores notas tengan quienes los llenen. A su cargo quedará el profesorado interino que, hoy día, todavía no se sabe si está en su totalidad incorporado. Y, por supuesto, darán las clases en los espacios que hayan podido rascar fuera de las aulas, como el propio comedor.
Madres y padres están preocupados y enfadados por el hecho de que Educación no esté invirtiendo lo necesario, ni planificando con el tiempo suficiente, algunas de estas medidas. De hecho, han proliferado las peticiones y recogidas de firmas en varias páginas web en contra de estos grupos.
Por que, junto a la separación de grupos y la formación de otros nuevos en los que las edades se mezclarán, llegan otros problemas. Como puede ser el hecho de que, también a primeros de curso, la Comunidad enviase una comunicación a los centros educativos en la que se fomentaba el paso a la jornada continua del alumnado. La medida, supuestamente, tiene la justificación de que las comunidades educativas reduzcan el tiempo de permanencia en los centros. Esto deriva en varias consecuencias. La primera, los problemas de conciliación para las familias que esto supone. Otra, la caída del número de usuarios del comedor escolar. En el colegio de Cristina, la empresa adjudicataria del comedor ha decidido prescindir de sus cocineros in situ por un servicio de cátering. El número de comensales no le sale rentable como para mantener la cocina en funcionamiento. «Con lo que eso supone de bajada de la calidad del menú», afirma Cristina.
Carmen Morillas va un punto más allá y le afea a la Comunidad de Madrid el hecho de que en julio se comprometieran a mantener los centros con horario partido tal y como estaban. Según esta representante de las familias, hasta en tres ocasiones le preguntaron a Enrique Ossorio, consejero de Educación madrileño, sobre este tema. Y otras tantas, el consejero aseguró que no se permitirían cambios en los horarios de los centros. Ahora, muchas familias se han encontrado con que sus hijas e hijos tienen que volver a casa para estar allí toda la tarde.
Profesores que no llegan
En el colegio de una de las hijas de Cristina, según cuenta esta madre, iban a llegar a inicio de curso cuatro docentes nuevos para apoyar los desdobles de grupos. Hasta la fecha solo ha llegado uno.
Como todos los inicios de cursos, al menos en la Comunidad de Madrid, la incorporación del profesorado interino se hace siempre a ultimísima hora. Cada año, los sindicatos critican esta conducta de la administración educativa. Pero este curso parece todavía más sangrante cuando de lo que se habla es de medidas de seguridad y sanidad mínimas con las que la escuela «tiene» que evitar la propagación de una pandemia global.
Ya costó mucha presión mediática, sindical y social para que la Administración madrileña admitiese que necesitaba tener un plan para contratar más personal docente y así rebajar unas ratios que se encuentran entre las más altas de todo el país.
Según los datos de Comisiones Obreras en la región, entre los profesores prometidos por la presidenta Díaz Ayuso y las contrataciones publicadas por el boletín oficial, hay un desfase de 654 docentes menos, lo que supondría que miles de niños y niñas tuvieran dificultades para empezar las clases con normalidad.
A esto se suma que la Comunidad no termina de aclarar cuál es la duración de los contratos de este profesorado. Mientras que, dice el sindicato, las contrataciones se harán para todo el curso escolar, algunas declaraciones del responsable de Educación dejan en el aire la posibilidad de que sean solo hasta el mes de diciembre de este año.
