Comienza estos días en nuestro país un nuevo curso escolar. La vuelta al cole es atípica y llena de incertidumbre para profesorado –y todo el personal laboral de los centros educativos–, familias y unos estudiantes que llevan desde el pasado mes de marzo fuera de las aulas.
Cuando se decretó el estado de alarma en nuestro país y se cerraron las puertas de las escuelas infantiles, colegios, institutos y universidades, se estaba dando respuesta a una emergencia sanitaria sin precedentes en nuestro país. Lo que no sabíamos entonces es que ese cierre inicial de 15 días se prolongaría durante casi seis meses en algunos ciclos educativos. Se abría así la puerta a la posibilidad de una emergencia educativa.
Seis meses sin ir al colegio, aprendiendo desde casa y poniendo a prueba a profesores, familias y, sobre todo, a los alumnos, han puesto de manifiesto las carencias de un sistema educativo que, desde mucho antes de que se decretara el cierre de los centros, se enfrentaba a retos a los que ha llegado el momento de poner solución.
Para empezar, si algo ha quedado claro en este tiempo es que en España hay una brecha digital que ha impedido a muchos niños y niñas acceder a la educación en línea durante el cierre de los colegios. Según un estudio del Comisionado de Infancia, 100.000 hogares con ingresos bajos no pueden conectarse a la red. Esto se traduce en niños sin la posibilidad de acceder al material de cada asignatura; sin la posibilidad de estar en contacto con el profesorado y con sus compañeros; sin la posibilidad de realizar tareas que les permitieran seguir avanzando en sus conocimientos. La brecha digital, en definitiva, amenaza con convertirse en una brecha educativa si durante este curso hay que volver a cerrar los centros.
En segundo lugar, en los últimos años el gasto público destinado a educación ha ido descendiendo. Si en 2010 constituía el 4,95% del PIB, en estos momentos se encuentra en el 4,23. Además, la inversión por estudiante -6.582 euros- se encuentra por debajo de la media de la Unión Europea (7.210 euros).
Tenemos además un sistema educativo que no logra retener a los estudiantes. La tasa de abandono escolar se sitúa en el 17,3% (aunque con diferencias significativas entre las comunidades autónomas), la más alta de la Unión Europea.
Y, finalmente, creemos que la desigualdad es otra de las señas de identidad de un sistema educativo con grandes disparidades territoriales y con poca capacidad de inclusión.
Con el cierre de los colegios hemos constatado todos estos problemas, y nos hemos enfrentado a nuevas dificultades, especialmente para los alumnos más vulnerables. Porque, como hemos visto a menudo en los medios de comunicación durante los momentos más duros de la pandemia, los colegios no son solo un lugar de aprendizaje. Para muchos niños y niñas vulnerables son el único lugar en el que acceden a una comida de calidad; o suponen un sitio seguro en el que van a recibir la atención que muchas veces no tienen en sus hogares. En definitiva, las escuelas contribuyen al bienestar físico y mental de los niños.
No podemos olvidarnos de otro de los grandes temas que se han puesto sobre la mesa y que, todavía en estos días en los que empieza el curso, ponen al límite a muchas familias: la conciliación, que ha dado –y aún sigue haciéndolo– más de un quebradero de cabeza a padres y madres que se han visto obligados a ejercer también de profesores durante muchos meses.
Y, por encima de todo, encontramos el derecho a la educación. Un derecho fundamental de la infancia que debe cumplirse en cualquier situación, incluida una de emergencia.
Ante este escenario incierto, ¿qué puede hacerse para fortalecer un sistema educativo que, tras el cierre de los colegios, está en el punto de mira? Desde UNICEF reclamamos un Pacto de Estado por la Educación que blinde este derecho fundamental y que, con el mayor consenso político y social, haga posible una educación inclusiva y de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país.
Un Pacto que, en nuestra opinión, debe generar un sistema educativo estable capaz de garantizar tres aspectos fundamentales. En primer lugar, que los centros educativos sean lugares seguros e inclusivos, donde se cuide la salud física y mental de cada niño, pero donde también se garantice la continuidad del proyecto educativo.
En segundo lugar, que asegure los procesos de aprendizaje bajo cualquier circunstancia. Si algo nos ha enseñado la COVID-19 es que el sistema educativo debe estar preparado para implementar un sistema pedagógico mixto y flexible, que permita dar respuesta y priorizar el derecho a la educación en cualquier contexto.
Y, por último, que reduzca la brecha digital. Si se produce un nuevo cierre de centros, se debe garantizar que, hasta el último niño, hasta la última niña, tenga acceso a los recursos online para poder seguir avanzando al mismo ritmo de aprendizaje que el resto de sus compañeros.
Además, es fundamental que recoja medidas como asegurar un enfoque de equidad, garantizar la estabilidad y suficiencia de los recursos económicos, avanzar hacia la gratuidad de la educación obligatoria, promover el acceso universal a la enseñanza de 0 a 3 años o fomentar la participación infantil, entre otras.
La situación que estamos viviendo pasará, la pandemia pasará y esta situación de emergencia sanitaria y educativa pasará. No sabemos cuándo, pero saldremos adelante. Y podemos aprovechar esta situación sin precedentes para salir más fortalecidos, para lograr el máximo consenso y conseguir un pacto que fortalezca un sistema educativo que ha quedado herido.
Queremos un pacto para todos los niños y niñas. Para lograr la igualdad de oportunidades y la equidad. Pero también para promover el desarrollo económico y social, porque invirtiendo en educación invertimos en toda la sociedad.
La infancia no puede seguir esperando. Hoy, más que nunca, necesitamos contar con un Pacto de Estado por la Educación que siente las bases de un sistema más sólido, más inclusivo y más equitativo, que permita a los niños seguir aprendiendo en cualquier situación, tanto en la propia escuela como desde su hogar. No podemos permitirnos poner en riesgo la educación de toda una generación.
Carmen Molina, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de UNICEF España
