El jueves 21 de enero los sindicatos se reunieron con representantes de la Conselleria valenciana para abordar el borrador de decreto que regulará, a partir del curso que viene, un nuevo sistema de orientación educativa y profesional en la Comunitat valenciana. Los sindicatos no quedaron nada contentos por las prisas en realizar esa negociación y reclamaron más tiempo. Educación les dio una semana.
En este tiempo y hasta hoy, muchas y muchos profesionales de la orientación, también del trabajo social y de Audición y Lenguaje han alzado sus voces para criticar un texto que cambiará totalmente el panorama sobre el que venían trabajando desde hace 30 años.
A día de hoy, en la Comunitat valenciana existe una treintena de Servicios Psicopedagógicos Escolares (SPE). Se trata de centros en los que trabajan, como mínimo, personal de orientación educativa, de Audición y Lenguaje y de Trabajo Social. En algunos también hay fisioterapeutas y en muy pocas ocasiones, algunos profesionales de la medicina. Todos ellos dan serivicio a los centros de infantil y primaria, puesto que los instituto tienen su propio departamento.
El texto que ha redactado Educación prevé disolver estos servicios y adscribir a sus profesionales a centros de educación infantil y primaria. Lo que deja claro es que serían los orientadores y orientadores y seguramente los AL también. En el aire quedan los profesionales de Trabajo Social. Para equilibrar esta maniobra se ha anunciado la contratación de más orientadoras y orientadores, que pasarían de 622 hasta 801, con los que aumentar las plantillas. En este camino, además, desaparecería el complemento que cobran estos profesionales. Como aclara Mª josé G. Corell, profesional de uno de ellos, en realidad son pocas personas quienes lo podrían mantener, aquella que tuvieran la plaza fija. En las últimas décadas, comenta (y confirman desde los sindicatos) no se han consolidado la mayor parte de estas plazas, de manera que serán pocas personas quienes seguirán cobrándolo una vez publicado el texto.
«Bienvenido sea ese aumento de plantilla», dice Marc Candela, responsable del STEPV, el sindicato mayoritario en la Comunitat. Para aclarar, después, que con esa plantilla lo que se conseguirá es que, al menos, la mitad tengan su puesto itinerante para poder cubrir las necesidades de los algo más de 1.000 colegios existentes. Para CCOO también resulta insuficiente y esperan que crezca más en el futuro.
Desde el Colegio de Trabajadores Sociales lanzaron un comunicado muy crítico con la reorganización del sector y buena parte de las direcciones de los SPE están en la misma línea. Para todos los colectivos afectados, prácticamente, ha habido una clara falta de interés negociador por parte de Educación. Algo que subraya Candela desde la parte sindical. A pesar de haber reclamado la constitución de mesas técnicas para intentar afinar el Decreto, Educación ha convocado una Mesa Sectorial, en las que normalmente se cierran los temas y no se negocian. «Parece que han metido la directa».
Para Vicent Manyes, director de un CEIP en la Valencia, además de ser el presidente de la Asociación de directores de colegios de infantil y primaria a nivel estatal, las medidas adoptadas por el Decreto, incluído el aumento de plantilla son una buena noticia. De hecho responde a una reivindicación histórica del colectivo.
Desde la Federación de Enseñanza de CCOO decidieron hace unos días realizar una encuesta entre su afiliación. Según los datos que han enviado en un comunicado de prensa, la mayor parte de quienes han respondido (65 frente a 35%) están de acuerdo con un cambio de modelo hacia la integración del personal de los servicios en los centros de infantil y primaria. Esto es así, a pesar de que hasta un 20% de las respuestas vienen de este mismo personal, aunque en su caso la proporción es inversa, un 70% cree que deberían seguir los SPE aunque con mayor dotación de personal.
Explica que, por un lado, los SPE tienen horario de mañana cuando los centros, en su mayor parte, lo tienen de tarde, de manera que el servicio de orientación queda bastante limitado. Por otra parte, como así argumentan también fuentes de la Conselleria, las y los orientadores podrían conocer más profundamente la realidad tanto del centro (claustro) como del alumnado, con lo que, en principio, podría mejorar sus actuaciones.
Aunque admite que, como se reivindica desde los servicios, el cambio de la estructura puede reducir la capacidad de coordinación y la mirada de conjunto sobre un territorio más amplio, Manyes subraya que de esta manera se pueden evitar discrepancias entre las necesidades de los colegios y los criterios de la dirección de los SPE que es la que, hasta ahora, finalmente tomaba las decisiones.
Manyes también se muestra optimista con la ampliación de la plantilla aunque espera, primero, que se materialice tal y como se anunció y, segundo, que pueda ser flexible y atienda a las circunstancia de cada centro en cada momento (aumento o disminución del alumnado que requiera atención específica) y no tanto por el número de aulas que tengan en activo en cada momento.
El caso es que estos han sido los temas centrales del desacuerdo entre Consellería y partes interesadas. Además, claro, de la denuncia de falta de negociación tanto con las direcciones de los SPE, con las que se reunió hace días Educación para anunciarles su desaparición, y por parte de los sindicatos que, esperan, podrían negociar algunas ventajas más en esta Mesa Sectorial.
Más allá de las condiciones de trabajo
Para Corell el proyecto de nuevo Decreto supone pasos hacia atrás en la política de inclusión valenciana. Además de la supresión de los SPE también se contempla la creación de unidades provinciales en las que se contratará a perfiles diferentes de profesionales que puedan asesorar de forma específica a los centros en relación a diferentes tipos de discapacidad que tenga su alumnado. Para esta orientadora, esta especialización supone una visión reduccionista de la inclusión y del papel de la orientación educativa.
Según ella, el nuevo decreto será regresivo en relación al de 2018 entre otras cosas, por la reducción de las labores que tendrán que desarrollar las y los profesionales en los centros, enfocadas en su práctica totalidad a la atención de alumnado con necesidades especiales y dejando a un lado a todo el resto del alumnado, independientemente de sus circunstancias.
Además de esta concreción de la misión de la orientación, Corell también destaca que del texto ha desaparecido el carácter dinamizador de las y los orientadores en los centros, con la vista puesta en mejorar las prácticas y la cultura de la comunidad escolar hacia lo que supone e implica la inclusión en cuanto a salir de una visión más médica y acercarla a una más social y de derechos.
Según fuentes de Consellería, por delante queda la posibilidad de realizar trabajos para afinar el texto y mejorarlo de cara a su puesta en marcha el curso que viene. Los sindicatos se muestran más cautos en ese sentido. Lo que parece claro es que se ha tomado la decisión de terminar con un modelo que lleva décadas vigente y cuya continuidad ya se puso en entredicho en tiempos del PP en la Generalitat.
