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Ahora que el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEyFP) parece tener la intención de desempolvar el Plan Estratégico de Convivencia Escolar, ignorado en algún cajón durante cuatro años, tiene sentido reflexionar sobre cuáles deberían ser las prioridades para limitar la violencia y promover la convivencia de forma más sistemática. No olvidemos que este plan, tan ambicioso como apenas aplicado durante un cuatrienio, se definió a raíz del dramático suicidio de Diego, que con 11 años saltó al vacío harto de no soportar el acoso escolar que padecía.
La memoria de Diego, Jokin, Carla, Aranzazu entre otros debería ser motivo suficiente para celebrar un DENYP cada día, lleno de contenido, como si se nos fuera la vida en ello, porque efectivamente, en algunos casos, se nos va. Aunque las cifras de acoso escolar bailen entre un 2% y un 25% de niños, niñas y jóvenes victimizados, cada caso sobra. Cada uno de los casos de acoso escolar es un fracaso de las políticas de convivencia escolar. Y cada uno de estos niños, niñas y jóvenes pagan de por vida –si no con su vida– su experiencia en un sistema que no ha sabido detectar y poner fin a su sufrimiento.
Por ello, es imprescindible interpelar al Ministerio para que haga lo posible para reactivar las medidas de convivencia escolar, para apoyar al alumnado, al profesorado y a las familias a tener medios para realizar acciones efectivas en los centros, no solo para evitar el acoso y la violencia, que sería un objetivo de mínimos, sino para conseguir que estos sean microcosmos de aprendizaje de la convivencia en positivo, en que el alumnado aprecie la diversidad, salga con las habilidades socio-emocionales reforzadas, considere el conflicto como un hecho natural y tenga capacidades para resolverlo y, en definitiva, aprenda a ser y a vivir juntos (según Delors).
El plan aprobado en 2016 incluía más de setenta medidas de promoción de la convivencia, y el Ministerio también mantiene ocho líneas de actuación con una batería de acciones, todas pertinentes, pero probablemente inabarcables teniendo en cuenta los recursos insuficiente que se destinan tradicionalmente a educación. Para abarcar menos pero apretar más, algunas de las medidas a priorizar podrían ser: mantener la formación del alumnado en detección e intervención en casos de acoso escolar, pero también en convivencia; extender la formación de profesorado en transformación de conflictos y convivencia, y revisar las formas de acompañamiento en los espacios informales.
El alumnado es el principal afectado por el acoso y el ciberacoso, y también quien tiene más información para detectarlos y denunciarlos. Por ello es acertado que muchos esfuerzos se centren en la capacitación y protección del alumnado, teléfono de acompañamiento y denuncia, etc. Todas las iniciativas en este sentido son bienvenidas. También es importante, sin embargo, que estas campañas no se conformen con eliminar la violencia o el acoso, sino que se propongan objectivos para mejorar las relaciones, promover habilidades como la escucha y la empatía o el pensamiento complejo, incentivar actitudes cooperativas, asegurar la inclusión de todas las personas del grupo, en su diversidad, etc. Si bien estos contenidos pueden tratarse puntualmente en un día como el DENYP, también pueden ponerse en práctica cada día, sin necesidad de añadir nuevos contenidos, mediante metodologías de aula participativas y socioafectivas.
Para que el alumnado pueda ser formado en estas competencias, la formación de profesorado es también una medida indispensable. Saber que el 76% del profesorado reconoce no sentirse suficientemente preparado para afrontar las situaciones de acoso escolar no es un dato tranquilizador. Pero, de nuevo, no se trata solo de que el profesorado sepa frenar la disrupción, violencia o el acoso, sino que sepa formar al alumnado en habilidades necesarias para la convivencia presente y futura. La manera de acercarse a la formación del profesorado es incorporarla a la inicial en los estudios de magisterio, educación, etc., como ocurre en Suecia, en donde todo futuro docente debe formarse, ya desde la universidad, en “gestión de conflictos y liderazgo” como un contenido obligatorio. Tal formación inicial en las universidades españolas es muy insuficiente, y aunque cuantan con valoraciones muy positivas del alumnado, suelen ser asignaturas optativas. Hasta que esto cambie, daberán ampliarse los recursos para la formación continuada, y encontrar formas para que el profesorado se forme, en activo, sin llegar a la extenuación.
Aunque la mayoría de los planes existentes actualmente en diferentes países se centran en la formación del alumnado y del profesorado, cabe tener en cuenta que la mayoría de conflictos y casos de acoso suceden, bien fuera del aula (patio, pasillo) donde el alumnado pone realmente en práctica sus competencias, bien fuera del colegio (de camino a casa y a través de los teléfonos móviles, sin que puedan sentirse protegidos en sus propias casas). Esta realidad parece reclamar una descarga de parte de la responsabilidad que pesa sobre el profesorado y a la vez demanda una responsabilización colectiva de la problemática, incluyendo la formación de personal de comedores y patio y de las familias, de forma que se revisen e incorporen actividades de juego cooperativas e inclusivas en el tiempo de juego y para ampliar las capacidades de detección.
Puestos a reivindicar la noviolencia y la paz en las escuelas, hagámoslo desde lo más doloroso, acabar con el sufrimiento del alumnado acosado, hasta lo más ambicioso, hacer de las escuelas espacios de empatía, estima e inclusión.
