«No me la juego, antes de que me den cualquier centro, prefiero pedir uno que me guste un poco menos que el que más me gusta. Al menos, así, me aseguro la plaza». Esta es una frase que mucha gente, seguramente, habrá oído a amigos y conocidos. Mejor dicho, a amigas y conocidas. Es muy probable, incluso, que la haya pronunciado. Es muy habitual cuando llegan los meses de febrero y marzo y los periodos de inscripción para el curso siguiente quedan abiertos. Comienza la competencia para conseguir plaza.
Tras esto se encuentra un algoritmo, un mecanismo que se conoco como de Boston. Su nombre es, seguramente, desconocido para la mayor parte de la población. El mecanismo de Boston es el que se utiliza de manera habitual para decidir dónde acaban escolarizados niños y niñas por todo el país. Se trata de un sistema que prima la «elección» de las familias en primera instancia. Cuando se producen situaciones en las que un centro tiene sobredemanda, son los puntos del baremos que establece cada comunidad autónoma los que deciden quién consigue la plaza. Quienes quedan fuera de su centro en esta primera criba, se enfrentan a no conseguir plaza en ningún otro centro de su elección ya que, después del primer cribado, los puntos de baremación no se tienen en cuenta.
El sistema ofrece la posibilidad, explica Xavier Bonal, sociólgo de la educación, de que las administraciones educativas puedan, año tras año, asegurar que están ofreciendo al 90% de las familias el centro que eligieron como primera opción. Pero tiene su truco.
Las familias no conocen Boston, pero lo tienen interiorizado
Como han demostrado diferentes investigaciones como las realizadas por Caterina Calsamiglia, este mecanismo acaba premiando comportamientos estratégicos entre las familias. «No conocen Boston, pero lo tienen interiorizado», asegura Lucas Gortázar, coordinador de educación de EsadeEcPol e investigador que colaboró en la redacción del informe de Save the Children sobre la segregación en la Comunidad de Madrid. Ante el riesgo de quedarse sin plaza en el centro que más les gustaría porque tiene sobredemanda de plazas, optan por el segundo que más les gusta. Se aseguran, al menos, poder contar con más posibilidades de conseguir un centro de su preferencia, aunque no sea el primero.
Esta situación, claro, hace que muchas familias, principalmente las que tienen más recursos, dediquen una parte de su tiempo a consultar a los centros para conseguir información sobre la demanda de plazas que suelen tener o cuál es la situación, en ese momento, de la preinscripción. Una situación que, cree Bonal, supone dificultades ya que queda al albur de los centros educativos facilitar o no esta información. O ser sinceros con ella.
David Martínez de Lafuente hizo hace pocos años una investigación en este sentido. Desarrolló un algoritmo para enviar miles de correos electrónicos a centros educativos de la Comunidad de Madrid. Los mensajes estaban escritos por tres perfiles diferentes de familias: una, claramente española; otra, de origen rumano y, una tercera, en la que aunque había origen rumano, el niño que iba a matricularse tenía nombre español. La información que conseguía cada una de ellas era diferente, siendo la claramente española la que obtenía más información fidedigna sobre la situación de prematrícula del centro educativo.
Bonal explica que en 2004 se intentó en Cataluña evitar estas situaciones, centralizanto en la Consejería de Educación la información sobre prematrícula. Ni siquiera los centros educativos conocían las cifras de peticiones de plaza. El Tribunal Superior de Justicia de la comunidad echó abajo la normativa al entender que las familias tenían derecho a hacer la preinscripción en los centros educativos directamente.
Alternativas
Aunque como asegura Xavier Bonal, el mecanismo de Boston no es una de las principales herramientas que pueden utilizar las administraciones educativas para corregir los datos de segregación escolar (España es uno de los países con peores datos en este sentido, siendo algunas de sus comunidades líderes en el mundo), es otra palanca que puede utilizarse.
Caterina Calsamiglia es firme defensora del sistema de asignación diferida. En este sistema las familias están obligadas a elegir, en primera instancia, el centro de mayor preferencia para ellas. La idea es que no tengan límites a la hora de construir una lista de centros en los que pudieran matricular a sus hijos. El sistema da puntos de baremación pero no asigna plazas en primera ronda.
En la primera ronda se preasignan las plazas a las familias. Las que quedan fuera, pasarían a la segunda ronda con los mismos puntos (cosa que no ocurre hoy por hoy) y «competirían» por el segundo centro de su preferencia. Donde ahora, su baremo no cuenta, con la asignación diferida sí lo haría. De esta manera, podrían competir en igualdad de condiciones con quienes ya tienen preasignada plaza (en primera vuelta) en este segundo centro. Este proceso se repite tantas veces como sea necesario hasta que todas las familias consiguen una plaza.
El sistema es ciego. Las madres y los padres no pueden poner en marcha ninguna estrategia concreta, más allá de enumerar los centros de su preferencia, y, por su parte, los centros educativos tampoco podrían hacer ningún tipo de selección en relación a la información que facilitan a unas familias y a otras no. No habría posibilidad de selección de alumnado.
La asignación diferida impide a las familias ser estratégicas y a los centros ningún tipo de selección posible
Lucas Gortázar defendió en la investigación para Save the Children la posibilidad de utilizar la asignación diferida para evitar algunos problemas, como el desarrollo de estas estrategias. A pesar de ello, opina que podrían articularse otros mecanismos, como el cambio de puntos en la baremación (como el de antiguos alumnos o el que en Madrid tienen los centros y pueden conceder a discreción). En cualquier caso, «hay que hacer un piloto, probar cambios», asegura.
Álvaro Ferrer, técnico de incidencia política y equidad educativa de Save the Children, tiene claro que la cuestión del algoritmo no es definitiva y hay muchas cosas mejorables para conseguir que la segregación deje de ser un problema. Para él, además de ser interesante el paso del sistema de Boston al de asignación diferida, un cambio que sería preciso hacer sería la baremación, porque estos puntos también pueden ser palanca para empeorar los datos actuales.
Como explicación, señala lo ocurrido con la LOE cuando afirmaba que las administraciones educativas tendrían que tener en cuenta la renta de las familias a la hora de conceder puntos para la matrícula. Según el experto, la Comunidad de Madrid, utilizando este argumento, cambió el criterio, de manera que ya no eran las familias que se encontraban dentro del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) las que conseguían esta pequeña ventaja, sino las que recibiesen la RMI (Renta Mínima de Inserción), una renta «más difícil de conseguir y más fácil de perder» y que cobran menos familias.
Bonal comenta que el decreto recién aprobado por la Generalitat (en funciones) sobre admisión de alumnos y que responde a un pacto contra la segregación de buena parte de los partidos en Cataluña, supone mejoras frente al comportamiento estratégico de las familias, no suponiendo un cambio de algoritmo. En este sentido, asegura que se pondrán en marcha mejores sistemas de detección del alumnado vulnerable, así como de la matrícula viva para evitar la generación de centros gueto.
También señala que el problema de la segregación es principalmente «contextual, depende mucho del territorio: puede haber aislamiento geográfico de algún centro en un barrio, o sobreoferta de concertados…». Para él, un elemento importante frenar la situación actual en la que se encuentran algunos territorios, para por «mejorar la detección de necesidades educativas».
Libertad de elección
Sobre toda esta cuestión sobrevuela la famosa libertad de elección de centro y el argumento, utilizado por todas las administraciones educativas, de que sus sistemas de reparto de plazas respetan los deseos de las familias, frecuentemente por encima del 90% de los casos.
Los expertos consultados aseguran que se trata, en cierta medida, de un argumento falaz. En primer lugar porque las familias de mayor capital cultural son capaces de retorcer la norma de manera que pueden elaborar estrategias para conseguir plaza. Más allá de que sean las que más dinero tienen las que están más dispuestas a arriesgarse colocando en primera opción un centro que saben que será difícil conseguir, hay otras consideraciones.
Las familias estratégicas son las otras grandes beneficiadas del sistema actual. Aunque no hagan la apuesta de colocar en primera opción el centro que les gustaría, tienen claro que para asegurarse una plaza, al menos, en uno de los centros que más les gusta, tendrán que elegir aquel en el que crean o sepan que tienen más posibilidades para entrar. Seguramente habrán hablado ya con varios colegios para saber cómo está la matrícula en ese momento o cuál es el volumen de preinscripciones que tengan. Es posible, incluso, que algún centro les haya animado a intentarlo o todo lo contrario, les hayan recomendado pedir otro por la dificultad que entraña ese.
Ferrer señala que hay otras familias que tienen entre sus prioridades preocupaciones que poco o nada tienen que ver con la calidad de la educación de los centros educativos que tienen cerca. Cuando una familia no tienen ingresos suficientes, tiene problemas para llegar a final de mes o está buscando trabajo, tal vez, el centro donde escolarizar a sus hijas e hijos pase a un segundo plano, de manera que, mientras este esté cerca de casa o tenga servicio de comedor, es suficiente.
Xavier Bonal tiene claro que el sistema actual resulta atractivo para las administraciones, al poder dar cifras de matrícula en primera opción que «cumplen con los deseos» de las familias. «Pero no se trata de deseos reales de las familias, sino fruto del comportamiento estratégico», al menos, de buena parte de ellas.
Para Gortázar es difícil hablar de libertad de elección cuando lo que están haciendo muchas familias es poner en marcha sus estrategias para poder conseguir plaza en un centro concreto.
Por supuesto, en la situación de la segregación escolar, el algoritmo de escolarización es solo uno de los eslabones. Tal vez, como dice Xavier Bonal no es el más importante. Junto a él también se encuentra la segregación urbanística, la interpretación que hacen las administraciones sobre los puntos de baremación que quieren primar o no, la abundancia de centros concertados en zonas concretas de los municipios, o motivos más ocultos, como los que señala Álvaro Ferrer: familias con preocupaciones más acuciantes que el proyecto educativo del centro que atienden más a la cercanía del cole con su casa o a la existencia de comedor escolar. En cualquier caso, se trata de un problema que va más allá del puro ámbito de la educación.
