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Si todo comenzó con la llegada de la vacuna a Murcia, en lo que a la enseñanza se refiere, todo ha terminado, por ahora, con la entrega a la ultraderecha de la Consejería de Educación y Cultura a cambio de un voto contra la moción de censura presentada por Ciudadanos y el Partido Socialista. Una moción dirigida a desalojar al Partido Popular del poder que detentaba en solitario desde 1995 y en coalición con Ciudadanos desde 2019. Los números, contando con los votos de los dos diputados de Unidas-Podemos, aseguraban el cambio de gobierno.
Desde el primer instante predije un posible “tamayazo”. Por desgracia, acerté. Nada extraño en una sociedad estructural y mentalmente corrupta en la que, como en tantas otras, el ejercicio del poder conlleva su patrimonialización, así como la formación de intrincadas redes de relaciones clientelares, familiares y personales. Sobre todo, cuando en la vida política todo vale con tal de acceder o mantenerse en el poder.
Ahorro el detalle de hechos bien conocidos. Entre el comienzo y el final de este esperpéntico y amoral culebrón político hemos asistido: a) a la vacunación de parte de la élite del Partido Popular con sus familiares y amistades, incluida la eclesiástica, sin que los así vacunados consideraran haber hecho algo incorrecto, y sin que sea posible conocer sus nombres; y b) al transfuguismo y venta de seis consejerías a tres diputados de Ciudadanos y otros tres de Vox ―expulsados en su día del partido por razones no ideológicas sino financieras―, a cambio de que no apoyaran dicha moción. Por medio quedan los compromisos firmados y no cumplidos de cuatro diputados de Ciudadanos. Y, como final, la entrega de la Consejería de Educación y Cultura a alguien sin más mérito que su voto contra la moción, cuyo programa político se reduce al veto parental y el cheque escolar.
Las protestas por parte de la izquierda sindical y el movimiento de la Marea verde, o de algunos grupos del profesorado, expresadas mediante concentraciones ante la sede del Gobierno regional o por escrito, se han intensificado tras la presentación por la nueva consejera de un documento con “las líneas principales” de su “acción política”.
Que el documento-programa destroce la lengua castellana, como han mostrado los medios de comunicación, es relevante. Más lo es su contenido, como se afirma en un reciente escrito gestado en la Facultad de Educación. No ya porque incluya afirmaciones falsas como que la Lomloe carece del “preceptivo” informe del Consejo de Estado ―no era preceptivo―, o que ha sido tramitada sin pasar por la Conferencia Sectorial de Educación ―lo fue en tres ocasiones―. Tampoco ―era lo esperado―, porque sea la “libertad de los padres para decidir la educación de los hijos” ―algo constitucionalmente inexistente― el eje de su concepción de la enseñanza, o por incurrir en la contradicción de decir que se va a defender la enseñanza pública por ser la “de todos” y “un pilar de nuestra Educación”, a la vez que se propugna el cheque escolar.
¿Cuál es la causa, entonces, de que el grado de indignación se incremente conforme se lee el programa? Es sabido que Murcia es una de las regiones con mayores tasas de abandono escolar y de retraso académico, con un menor nivel educativo de la población adulta y con una cifra cercana al 30% de población menor de 18 años en riesgo de exclusión social. Sin embargo, ninguno de estos aspectos merece una frase de la nueva consejera. Tampoco se alude, en ese programa de “acción política”, a los recortes en la financiación de la educación sufridos en los últimos años o al incremento de las desigualdades a consecuencia de dichos recortes, de la política educativa seguida en esta región o de la crisis pandémica. Por último, nadie encontrará en él unas palabras de aliento para el alumnado, el profesorado y las familias que soportan dicha política.
Lo que se vende y se compra es un espacio de poder político, social y económico desde el que establecer un entramado de relaciones clientelares
Esta es la pestilente historia de una serie de traiciones, compromisos no cumplidos, compraventas, rencillas personales, ajustes de cuentas y nombramientos para cargos públicos por razones oportunistas. Sin embargo, es necesario mirar más allá. Solo me detendré en tres de los muchos aspectos posibles.
Lo que es objeto de compraventa no es un cargo público. Es mucho más. Según un reciente estudio, los cargos públicos de nombramiento discrecional-arbitrario en la Administración española suponen el 35% en la estatal y el 65% en la autonómica ―de la provincial y local mejor no hablar―. Ocupar la Consejería de Educación y Cultura en Murcia, del mismo modo que en otras consejerías y regiones, implica poder nombrar directa o indirectamente, en cascada, unos 50 a 60 puestos de libre designación o en calidad de asesores plenamente disponibles para lo que se les mande, además de gozar de información privilegiada y de un presupuesto con el que favorecer o “castigar” a unos y otros en función de su proximidad o alejamiento ideológico-financiero. Lo que se vende y se compra es un espacio de poder político, social y económico desde el que establecer un entramado de relaciones clientelares.
En segundo lugar, en el campo de la educación no hay desacuerdos esenciales entre el Partido Popular y Vox. Para ambos partidos ―junto con Ciudadanos― la libertad de creación de centros y el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral acorde con sus convicciones constituyen los arcos de bóveda que sustentan el sistema educativo español. De ahí al veto parental solo hay un paso, que encontraría, caso de necesitarlo, un claro apoyo en buena parte de la judicatura y “expertos” en el tema.
En cuanto al cheque escolar, no está de más recordar que ya en 1982, bajo el gobierno de la UCD, pretendió implantarse a título experimental. O que es una de las propuestas habituales que pueden encontrarse en las publicaciones y seminarios de la FAES.
Por último, un apunte de moral cívico-ciudadana. En mi habitual paseo vespertino leí ayer en la valla exterior de un colegio público la siguiente frase: “No hay más que una educación y es el ejemplo”. Se educa, en efecto, con el ejemplo, y el mundo de la política y los políticos, todo lo que hacen y dicen, constituye, por su repercusión mediática, el modelo en el que la sociedad se mira. Más necesario que el conocimiento experto en el tema, gobernar requiere “sabiduría práctica y virtud cívica”, es decir, “carácter moral, además de conocimiento y perspicacia” (Michael J. Sandel). Solo así se educa.
En fin, cada vez resuenan más voces en Murcia pidiendo la convocatoria de elecciones regionales. Tengo serias dudas de que resuelvan algo. En las elecciones de mayo de 2019 los partidos más votados fueron, por este orden, el Socialista, el Popular y Ciudadanos. Solo seis meses más tarde, en noviembre, los resultados de las generales dieron un vuelco: Vox, populares y socialistas. De hecho, las encuestas favorecen a la ultraderecha y a la derecha “regional-católica”. Aviso para navegantes: cuando las barbas de tu vecino veas quemar, pon las tuyas a remojar.
