La aprobación de la Lomloe ha supuesto un importante vuelco a la situación del profesorado de formación profesional. En buena medida, se ha logrado uno de los objetivos históricos de sus integrantes, puesto que desde la publicación de la nueva normativa sus docentes pasarán a formar parte del profesorado de educación secundaria (PES), es decir, entrarán en el grupo A1 de la función docente. Esto supone cambios en su situación laboral como mejoras salariales y, también, la posibilidad de acceder a determinados puestos de trabajo. Hasta ahora, y desde la aprobación de la Logse, debían tener en su poder un título universitario para ejercer, salvo en 10 de las 29 familias. A pesar de eso, no tenían el mismo rango profesional que sus compañeros de secundaria.
En principio, supone una buena noticia. El aumento de los requisitos puede hacer que, y esa es la lógica, aumente la calidad de la docencia al exigir mayores niveles educativos. Pero en el camino algunos miles de docentes se han visto perjudicados. Es el caso de quienes no tienen una titulación universitaria. Trabajan en especialidades que no tienen correlato en la universidad, como peluquería o pastelería, por ejemplo.
Este grupo de docentes, cuantificado por el Ministerio en el 15%, unos 4.000 (no se sabe a ciencia cierta cuántos son porque las comunidades autónomas no han facilitado ese datos a los sindicatos), tendrá los días contados: quienes sean funcionarios de carrera podrán esperar hasta la jubilación sin demasiado problema. Es verdad que realizarán las mismas tareas que sus compañeras y compañeros pero no mejorarán sus condiciones laborales, no entrarán en el grupo A1 y, por lo tanto, quedan en el aire cuestiones como su participación en el concurso de traslados o el acceso a cargos como el de dirección o jefatura de departamento. A esto, se añaden la situación de las y los interinos de estas especialidades.
Fuentes del Ministerio aseguran que se está trabajando en estos temas en dos foros diferentes, por un lado con las comunidades autónomas y, por el otro, con los sindicatos. De hecho, la semana pasada se celebró una mesa con CCOO, CSIF, UGT y CIG-Ensino para tratar la modificación, del Real Decreto 276/2007 y, entre otras cuestiones, se habló de la situación del PTFP. No hubo avances ya que, según fuentes sindicales, se trataba simplemente de una reunión para recoger sus opiniones. Opiniones que no han sido favorables.
Sin fecha clara
La Lomloe, en su disposición adicional décimoprimera impone la extinción del cuerpo de profesores técnicos de FP y la obligatoriedad de tener estudios de grado o equivalentes para poder impartir materias en la formación profesional. Al mismo tiempo, asegura que todo el profesorado técnico que esté en posesión de estos estudios pasará al grupo A1, junto con los compañeros de educación secundaria. Pero todavía no hay una fecha para este «ascenso».
Este es uno de los principales escollos y críticas que está recibiendo el Ministerio, al menos, por parte de un grupo de docentes técnicos que se han agrupado en la Plataforma de Profesorado Técnico de FP con Título Universitario. Un colectivo que asegura reunir a 4.500 de estos profesionales.
Según fuentes del Ministerio no es posible hacer ese salto de manera automática tras la aprobación de la ley. Para ello es necesario publicar un real decreto que regule su paso al grupo A1; una publicación que ha de pasar, entre otros trámites, por la consulta con las comunidades autónomas y los sindicatos docentes. Desde sindicatos como STEs además, están presionando, primero, para que se llegue al próximo curso lectivo con este profesorado integrado en el grupo de profesores de secundaria y, al mismo tiempo, sin que quienes no tengan titulación universitaria vean un agravio comparativo en su situación.
Esta modificación de la normativa ha abierto otros frentes. El primer, el que tiene que ver con quienes no tienen estudios universitarios. En algunos casos se trata de profesionales que trabajan en especialidades que no tienen correlato en la universidad, lo que impide, sí o sí, que accedan a esta mejora de las condiciones laborales.
El otro problema es que han quedado atados de pies y manos para participar en concursos de traslados, por ejemplo, o para intentar acceder a cargos de responsabilidad. El Ministerio, informan fuentes conocedoras de la situación, está estudiando las posibles soluciones a estos temas y los sindicatos aseguran que entre las propuestas que se han hecho está la de la creación de alguna figura de contratados como especialistas, algo similar a los profesores asociados de la universidad. Extremo este que no ha sido confirmado por el Departamento de Isabel Celaá.
Eso sí, según parece, este grupo de docentes de FP sin titulación universitaria podrán presentarse a las convocatorias de oposiciones de este año dado que se publicaron antes de la aprobación de la Lomloe.
En este sentido, algunos sindicatos, como UGT, defienden que no se supriman el anexo VI y se modifique el V del RD 276/2007 hasta que no se hayan realizado todos los procesos selectivos previos a la aprobación de la Lomloe, así como no se concrete el desarrollo de la disposición adicional décimoprimera, el disparador de toda esta situación.
Los sindicatos han exigido al Ministerio seguridad jurídica para estos dos colectivos, así como también que se mantenga la posibilidad de que participen en los concursos de traslados como hasta ahora. O que se equiparen las condiciones de trabajo para los PTFP en cuyas especialidades no exista titulación universitaria y la equiparación salarial para quienes están en el cuerpo que se extinguirá.
Imagen personal, artes gráficas, hostelería o soldadura serían algunas de las especialidades de formación profesional que no tienen estudios universitarios homologables y cuyos docentes técnicos quedarían al margen de la mejora que supondrá para sus compañeros la entrada automática en el grupo A1.
