La Ley de FP ha sido aprobada por el Senado sin que se aceptase ninguna de las más de 300 enmiendas que estaban sobre la mesa. Ahora tendrá que volver al Congreso, mero trámite, para formalizar su aprobación y puesta en marcha. La norma, según han explicado muchas veces desde el Ministerio, viene a modernizar un sistema de formación profesional que debe adecuarse a los tiempos modernos.
Uno de los escollos en este tiempo, desde la aprobación de la Lomloe hasta ahora, ha sido la situación del profesorado técnico de FP. Por un lado está la mayor parte de sus profesionales, que desde hace décadas están obligados a tener títulos universitarios para poder ejercer. A pesar de tener los mismos requisitos que sus compañeros de secundaria, sus salarios son inferiores porque no pertecen al grupo A1. Se supone que desde la aprobación de la Ley de FP habrá una integración en dicho grupo, más o menos automática.
Los sindicatos exigen al Ministerio de Educación que ponga en marcha la Mesa de Negociación para resolver esta situación por la que llevan muchos meses protestando las y los trabajadores de este sector. Llevan años exigiendo su entrada en el grupo A1 y ahora está a la vuelta de la esquina.
De momento, desde Educación no tienen una fecha fijada para esa negociación con los sindicatos con la que poder llegar a acuerdos en relación a la equiparación salarial del profesorado que está en el cuerpo de técnicos, declarado «a extinguir» por la legislación. Fuentes del Ministerio explican que la ley entrará en vigor a los 20 días de publicarse.
También explican que el texto aprobado por el Senado introduce una modificación en la adicional 11ª de la Lomloe (que es la que más ha «molestado» al profesorado de FP), que «mejora sustancialmente el acceso de los profesores técnicos que cumplan las condiciones previstas» al cuerpo de secundaria. Asimismo, comentan estas mismas fuentes, que en el Ministerio ya cuentan con un documento muy avanzado en el que se desarrolla esta integración en el grupo A1. Un documento que pasará los trámites previstos de tramitación y «consultas con todos los sectores intreresados».
A este colectivo se viene a unir otro, mucho menor (unos pocos miles por todo el país) cuyas especialidades docentes no tienen reflejo en la universidad. Son personas que tienen titulaciones de formación profesional y que van a seguir trabajando en los centros con sus compañeros, pero ahora cobrando sustancialmente menos por el hecho de que se quedan fuera.
Se trata de un cuerpo que la Lomloe declara que se extinguirá, cuando el último de ellos se jubile. Este colectivo lleva también meses si no años, exigiendo que se les tenga en cuenta y que se equipare su titulación, superior también, a la de los grados universitarios.
Lo tienen complicado porque sus especialidades no tienen estudios equitativos en la universidad, de manera que no podrán variar, a corto plazo, su situación actual en cuanto a la pertenencia a cuerpos de funcionarios diferentes. Una de las críticas en este sentido, además de la diferencia en el salario, es el hecho de que se considere menos importante la titulación en los grados superiores de FP que en los grados universitarios, considerados ambos como educación terciaria.
Con la aprobación de la Ley, como denunciaba STEs en un comunicado de prensa hace unos días, se da carta de naturaleza a la convivencia en los centros de hasta tres cuerpos docentes diferentes. Por una parte, el personal de secundaria, al que se adscribirán los anteriores profesores técnicos que tienen titulación universitaria; los profesores técnicos de FP, cuerpo a extinguir, y, por último, los profesores especialistas en sectores singulares, un cuerpo nuevo creado por la Ley.
Para este sindicato, más allá de la entrada automática del primer grupo con efectos salariales desde enero de 2021 (algo que reivindican también CCOO y UGT), sería necesario que se organizase la negociación para posibilitar también la entrada del personal que hoy por hoy no tiene la titulación universitaria por que en su momento no se exigía.
