Entre los años 2013 y 2015 tuve la suerte de ser el coordinador pedagógico del programa educativo “Proyecto Lingüístico de Centro” (PLC) de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Algunos años antes ya había colaborado con la Consejería en diversos programas (Plurilingüismo, Profundiza, etc.) y desde muchos años antes he sido -y sigo siendo- un asiduo colaborador de la red andaluza de centros de formación del profesorado.
Como coordinador del PLC recuerdo especialmente una ocasión en la cual celebramos un encuentro formativo en Huelva y, justo al día siguiente, otro en Almería. Recorrer los más de quinientos 500 que separan Huelva de Almería me ayudaron a tomar conciencia de una realidad: la dificultad de hacer simplificaciones sobre la educación andaluza, que atiende a una población y a un territorio mucho mayor y diverso que la mayoría de nuestras comunidades autónomas.
Por mencionar algunos datos, el sistema educativo andaluz atiende a casi un millón ochocientos mil estudiantes, la gran mayoría en centros públicos (concretamente, 1.370.814, según los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional) y para ello cuenta con 126.049 docentes. Portugal apenas tiene 100.000 estudiantes más en todo su territorio.
Para entender la educación andaluza y la evolución que ha disfrutado en la segunda mitad del siglo XX suelo recomendar la lectura de Campos de Níjar, de Juan Goytisolo, que narra su viaje en los años 50 a Níjar y el Cabo de Gata. Como andaluz, la lectura de este libro es demoledora porque el escenario que describe es desolador desde el comienzo del libro: “Recuerdo muy bien la profunda impresión de violencia y pobreza que me produjo Almería…”. Además, con un solo diálogo resume bien la situación de la educación en la región en los años 50:
«- Aquí los chavales empiezan a trabajar a los siete años- comenta mi vecino.
– ¿No van a la escuela?
– Los padres no les dejan y, a su modo, tienen razón. El hambre les espabila más aprisa».
Pobreza, desigualdad, abandono institucional y analfabetismo son algunas palabras que podrían resumir la situación social y educativa andaluza durante la dictadura y hasta que en 1982 la Consejería de Educación asume la competencia, ganada a pulso con el Estatuto de Autonomía, y se empiezan a crear las bases del nuevo sistema educativo andaluz.
Desde entonces, la educación andaluza ha avanzado hasta ponerse a una altura comparable con el resto del país. Como afirman Manuel A. Río Ruiz y Rubén Martín Gimeno (2017: 136), “una vez señalado el peso de la historia sobre la estadística educativa andaluza, debe también subrayarse que Andalucía ha avanzado en pocos terrenos tanto como en los niveles formativos de su población”.
Así, en la mayoría de los parámetros utilizados para comparar comunidades autónomas, Andalucía ha conseguido superar su propia historia y se encuentra cerca de la media nacional. Pongamos dos ejemplos utilizados habitualmente: la finalización de la segunda etapa de educación secundaria o haber realizado estudios superiores. En ambos casos Andalucía está ya cerca de la media nacional, como se puede comprobar a continuación.
Gráfico: Evolución del porcentaje de población de 20-24 años que ha alcanzado al menos el nivel de 2ª etapa de Educación Secundaria.
Gráfico: Evolución del porcentaje de población de 25-34 años con nivel de Educación Superior por comunidad autónoma
Enlace: http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/laborales/epa/nivfor//l0/&file=nivfor_4_01.px&type=pcaxis&L=0%20
Es decir, en los últimos cuarenta años, entre 1982 y 2022 se ha avanzado lo suficiente para salvar con dignidad la distancia histórica que separaba educativamente Andalucía de otras regiones hasta el año 82.
Ahora la cuestión es si las andaluzas y los andaluces debemos resignarnos a estar por debajo de la media nacional y a cierta distancia de quienes ocupan los primeros puestos en cada tabla: ¿debemos seguir siendo una de las comunidades autónomas con mayor tasa de abandono escolar temprano, con menor tasa de finalización de secundaria y bachillerato, con mayor tasa de alumnado repetidor y con una peor tasa de idoneidad de todo el territorio nacional? Esa es la pregunta que deberían hacerse nuestros representantes políticos en estos días previos a las elecciones andaluzas del 19-J y lo que deberíamos exigir a cada partido como prioridad para todos sus programas electorales.
Para ello será necesario afrontar algunos retos de manera urgente, comenzando por la inversión: el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2021, publicado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, sitúa a Andalucía, junto a Madrid, como la comunidad autónoma con menor gasto público por alumno en centros públicos no universitarios.
Gráfico: Gasto público por alumno en centros públicos. Enseñanza no universitaria
En este sentido, a pesar de que el porcentaje global del presupuesto andaluz dedicado a educación es importante, el margen de mejora en gasto público por alumno es evidente y su asunción por parte de los futuros responsables del gobierno andaluz es más que necesario. De la inversión depende no sólo la contratación de profesorado sino también la creación y renovación de centros educativos así como otras cuestiones importantes aunque menos “visibles”: disminución de la ratio para ofrecer una educación más personalizada, mejoras en atención a la diversidad, digitalización del sistema educativo, adecuación y climatización de los centros educativos, creación de laboratorios y bibliotecas, espacios deportivos, actividades extracurriculares, formación del profesorado, desarrollo de la FP y la educación de personas adultas, etc.
A partir de aquí, la clave es insistir en aquellos aspectos que han contribuido a la mejora de la educación en estos cuarenta años: una apuesta decidida por la escuela pública como garante de educación de calidad para todo el alumnado y el territorio andaluz (incluida sus zonas rurales), confianza y apoyo al profesorado como principal agente de mejora, alianzas entre escuela y familia para apoyar juntos el proceso educativo y creación de oportunidades de aprendizaje rico y profundo para todo el alumnado, con una mirada atenta a las necesidades específicas que cada alumna y alumno pueda requerir.
En este sentido, es interesante destacar la clave oculta de la continuidad en la política educativa andaluza. A pesar del cambio de gobierno en la última legislatura, en realidad el nuevo gobierno de PP y Ciudadanos, con poca experiencia en gestión educativa, asumió a buena parte del equipo técnico de la Consejería del PSOE y, con el equipo, las principales políticas que se estaban desarrollando anteriormente. Es decir, a pesar de la mucha retórica desplegada en torno al “cambio” como nueva consigna, que se ha visto reducida a cuestiones menores y a algunos errores como la desaparición de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, la gestión educativa del nuevo gobierno ha sido básicamente continuista con la actividad del gobierno anterior, si obviamos ciertos pasos, incipientes y más o menos dubitativos aunque preocupantes, en beneficio de la privatización del sistema, más evidente en formación profesional o educación superior que en educación obligatoria.
Si a esta continuidad se suma una oposición de perfil poco combativo por parte del principal partido de la oposición, el buen talante personal del consejero, Javier Imbroda, -trístemente fallecido poco antes de acabar la legislatura- y la inyección económica ofrecida por el Gobierno de España a las comunidades autónomas, que ha permitido al gobierno andaluz apuntarse logros que se deben a la financiación europea y nacional, el resultado es una legislatura con pocos sobresaltos y sin grandes movilizaciones, aunque tampoco con avances sustanciales en los principales indicadores que hemos comentado anteriormente.
Entre los desarrollos pendientes, hay algunas demandas obvias: en el plano de la atención a la diversidad, la mejora de la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo pasa por la mejora de los equipos de orientación, pedagogía terapeútica y audición y lenguaje, fundamentalmente; además, en una comunidad autónoma marcada por la desigualdad, el desempleo y la pobreza, es urgente que se dote a los centros de manera suficiente con educadores sociales y personal técnico de integración social. Sin este tipo de medidas, junto con otras en el plano económico y social, será difícil incidir en la tasa de fracaso o abandono escolar o en la tasa de idoneidad del sistema educativo andaluz.
Por otro lado, la formación profesional andaluza requiere una reflexión en profundidad que no sólo afecta a la Consejería de Educación sino a todo el Gobierno, la sociedad y el tejido empresarial andaluz. Según el Observatorio de la Formación Profesional1, Andalucía se encuentra ligeramente por debajo de la media nacional en población titulada en FP y también en población de 25 a 64 años que participa en educación o formación, aunque se ha pasado en FP dual de 12 proyectos y 207 estudiantes en el curso 2013-2014 a 664 proyectos y más de 9.000 estudiantes en el curso 2021-2022.
En este sentido, es trascendental que la FP andaluza siga mejorando y creciendo hasta convertirse en un motor de empleo y de emprendimiento. Para ello es fundamental que el Gobierno andaluz defina su estrategia en relación con la FP, donde suenan demasiadas campanas de privatización sin que la oferta pública sea aún satisfactoria a pesar de su crecimiento. La formación profesional es una apuesta estratégica para la región y debe garantizarse, además, el acceso a ella de todo el alumnado que lo desee y cumpla los requisitos con los criterios de la educación pública: inclusión, equidad y calidad.
Por último, la educación de personas adultas, como ocurre en buena parte del país, sigue siendo invisible en el catálogo de actuaciones a realizar. La labor que se está realizando desde los centros de educación de personas adultas incide directamente en el bienestar de la población más desfavorecida: mejora la empleabilidad, promueve la inclusión social y garantiza la equidad; sin embargo, nada de esto hace que se le preste la atención debida, que se refuerce la red de centros y se dote de personal docente y de administración y servicios a unos centros educativos absolutamente necesarios en una región como Andalucía.
En definitiva, es indudable que Andalucía ha mejorado mucho en los últimos cuarenta años. Se han solucionado problemas históricos y se ha equiparado la educación andaluza con el resto de regiones y con los países del entorno. Ahora el reto es conseguir que la educación andaluza despegue y mejore los indicadores que aún nos atan, para lo cual será necesario compromiso social para luchar contra la desigualdad y la pobreza, inversión en la red pública de educación y formación profesional como garante de calidad y equidad y políticas sensatas que no creen mayor desigualdad y que nos permitan acelerar nuestra historia y despegar.
