Tener 12 cocinas industriales trabajando 12 horas diarias en un barrio residencial, con varias chimeneas expulsando humos y olores, además de los mortores necesarios para expulsar dichos humos, junto a un colegio público de infantil y primaria con 900 menores matriculados parece un imposible. Pero es una realidad en el distrito madrileño de Arganzuela.
Allí, hace nueve meses comenzaron a operar unas cocinas fantasmas que han supuesto, según representantes de las familias del CEIP Miguel de Unamuno, diferentes problemas con el tráfico, los humos, el ruido y el aparcamiento, así como por el tránsito de motodo por las aceras. Cansados de que el Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida no hiciera nada (el alcalde aseguró que hasta que no sucediera algo ellos no podrían hacer nada para impedir el funcionamiento de estas cocinas), interpusieron un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento por diferentes cuestiones: el uso de una licencia de industria que no correspondía, ausencia de informe de impacto ambiental como ordena la normativa local, problemas con la gestión de residuos, etc.
El juzgado dio la razón a las familias hace unos días y ordenó la paralización de la licencia por entender que estaba incumpliendo normativa urbanística y señalaba que el Ayuntamiento debería haber cuidado con más rigor este asunto, del que se habían desentendido. Tenian hasta hoy para recurrir la decisiún judicial y así lo han hecho, in extremis.
El Ejecutivo de Almeida ha decidido recurrir para que esas 12 cocinas puedan seguir operando durante 12 horas junto a un colegio. En cierto ejercicio de contradicción, eso sí, han informado que, a pesar del recurso, revisarán la licencia para comprobar si efectivamente hubo un cambio de licencia en el local en el que se encuentra esta industria. Al parecer, quienes pidieron el uso de la licencia se acogieron a una de 1950, de uso industrial. Las familias que han recurrido a la justicia aseguran que en 1966 hubo un cambio hacia una licencia comercial, ya que comenzó a operar una oficina en el local.
Según un comunicado de las familias: “La decisión de Almeida es realmente indignante, llevan días diciendo que con la nueva legislación que han planteado estas cocinas no estarían donde están, les hemos dado una oportunidad avalada por un juez para que enmendaran el error que han cometido como gobernantes al permitir esa actividad al lado de un colegio y han decidido desperdiciarla”, comenta Noelia Cabezas, Presidenta del AFA del Colegio Miguel de Unamuno.
La AFA ha puesto en marcha una recogida de dinero para poder hacer frente a los costes judiciales que se deriven del recurso del Ayundamiento.