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Por más que les pese a algunos políticos, el cambio climático y el calentamiento global están, desde hace ya años, haciendo mella en las vidas cotidianas de miles de personas. Y uno de esos colectivos, en nuestro país, es el de la comunidad educativa de los centros públicos.
Este jueves se lleva al pleno de la Asamblea Regional una ILP que han elaborado organizaciones de la sociedad civil (FAPA Giner de los Ríos, CCOO, UGT y la FRAVM), con la que pretenden que, primero el Parlamento y después el Ejecutivo, tomen cartas en un asunto que afecta a cientos de miles de niñas, niños y adolescentes, además de docentes y personal no docente.
Desde las organizaciones que llevan dos años trabajando en este tema, esperan que el PP, cuyos votos son decisivos, no suponga un estorbo para que pueda tratarse este tema en el Parlamento. Sería la primera ILP relacionada con la educación que pasaría este trámite. Al menos, según informan en un comunicado, han conseguido 72.000 de las 50.000 firmas necesarias para que se produzca esta situación.
«La lógica nos dice que se votará positivamente la toma en consideración de la ILP», asegura Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Giner de los Ríos. Y ello, a pesar de que, como recuerda María Pastor, portavoz de Educación de Más Madrid, ya se presentaron
Los veranos son cada vez más largos y más calurosos. Ya no es que en los últimos días de junio haya que hacer de tripas corazón y aguantar hasta el día 20. Ya desde mayo se empieza a notar el calor, por más que algunos digan que en verano siempre ha hecho calor.
Pastor comenta que en las dos ocasiones que han presentado una ley en sentido parecido, cada una en las dos ultimas legislaturas, se las ha tumbado el PP. Y recuerda que, de hecho, el texto que se presentó era una modificación de la legislación que aprobaron los populares, pero en el Parlamento de Andalucía.
Inspección de trabajo
Y más allá de las y los negacionistas del cambio climático, está la Inspección de Trabajo, que hace unos días, según publicaba El País, había reconvenido a la Comunidad de Madrid para que, en el plazo de dos meses, tomase las medidas necesarias para evitar que en varios centros educativos volviese a suceder lo que pasó este año, cuando en las aulas se sobrepasaron los 27 grados centígrados que la ley marca como el máximo razonable.
La AEMET hace resúmenes, casi mes a mes, de las temperaturas medias en las diferentes estaciones en las que tiene sensores. En Madrid capital, la principal está situada en el Parque del Retiro. A pesar de que dentro del parte, como es sabido, la temperatura es menor que en las calles asfaltadas y sin sombra, la agencia aseguraba que la media había sido en junio de 27.1 ºC, el junio «más cálido de la serie histórica que comienza en 1920«.
La resolución de la inspección de Trabajo llega tras la denuncia de las diferentes situaciones por parte del sindicato CCOO que, en un comunicado de prensa emitido el pasado 15 de septiembre aseguraba que “se trata de un paso importante, pero no definitivo. La Consejería lleva años ignorando estas advertencias y tiene la obligación de garantizar la salud laboral y el derecho a la educación en condiciones dignas”.
De esta manera, la inspección le da estos dos meses a Madrid para que planifique medidas inmediatas de climatización y aislamiento en los centros; realice evaluaciones de riesgos específicas sobre condiciones térmicas, con mediciones en los meses de mayor calor, e incorpore estas actuaciones a la planificación preventiva con responsables, plazos y recursos definidos.
Qué dice la ILP
El texto, de cuatro páginas, pretende que le Gobierno autonómico tome cartas en el asunto de las dificultades que se viven en los colegios con las temperaturas extremas, ya sea por calor o por frío.
En este sentido, prevé que se regulen las condiciones mínimas de habitabilidad en los centros educativos. Pone el hincapié en el aislamiento térmico de las fachadas, cambios en las unidades de climatización, mejora del aislamiento de la carpintería, la instalación de nuevos sistemas de climatización y calefacción , de toldos, la generación de zonas verdes y de sombra y la instalación de paneles solares térmicos o fotovoltaicos.
También habla de fomentar la eficiencia energética, de la rehabilitación de los edificios públicos y de su entorno y de la elaboración de auditorias energéticas que permitan detectar deficiencias.
Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Giner de los Ríos, una de las principales promotoras de este texto, explica que no han elaborado una memoria económica, siquiera aproximativa, para acompañar el texto, puesto que entiende que serán, si así se aprueba, el personal técnico de educación quien tiene la experiencia y el conocimiento necesarios para poder realizar un calculo mas acertado de los posibles costes.
