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Mónica Viqueira es una de las expertas en lucha contra la violencia en la escuela, dentro de la ONG Educo. Hablamos con ellas sobre algunos de los retos que se plantean en estas fechas de día internacional contra la violencia escolar y el bullying.
Nos comenta que a pesar de los 4 años largos desde que se aprobara la Lopivi, la ley orgánica que pretendía y pretende una protección de la infancia y la adolescencia contra cualquier tipo de violencia en los diferentes ámbitos en los que esta se desarrolla (educación, deporte, en la familia…), hay todavía bastante margen de mejora.
En lo que se refiere a educación, el artículo 35 de la ley impuso la creación e implementación de la figura de coordinación de bienestar y convivencia en los centros educativos. Una figura que debía y debe ser capaz de prevenir y detectar posibles casos de violencia no solo en el centro educativo, sino fuera, intrafamiliar, así como de diferentes tipos, incluida la sexual.
Ya comenzó el curso de implantación de la figura con importantes deficiencias, según las comunidades autónomas, puesto que no había habido formación suficiente entre el profesorado y la elección de la persona que se encargaba del puesto ha sido siempre un tanto aleatoria.
Viqueira recuerda que la Lopivi nació sin una memoria económica y que, de alguna manera, dejaba bastante abierto a la autonomía de los territorios el desarrollo de la figura de coordinadora. Las comunidades, de hecho, lo han ido desarrollando con muy diferente peso normativo (desde decretos hasta instrucciones de inicio de curso). Algunas se han molestado en llevar su desarrollo más allá de lo explicitado en la Ley, mientras que otras han hecho un más o menos discreto copia pega del texto.
Para Viqueira es importante hacer una apuesta por estas figuras para desarrollarlas completamente. Lo primero, con una formación eminentemente práctica sobre las labores que han de desarrollar.
Formación práctica y cambio de mirada
Habitualmente, comenta la experta, la formación que se ofrece en muchos territorios no es práctica y, como explica, le han llegado a comentar algunas personas que preferían dejar el cargo al percibir la enorme responsabilidad que suponía y la falta de conocimiento práctico a la hora de llevar a cabo su trabajo.
Un trabajo que, sobre todo, requiere de un cambio de mirada por parte de las personas adultas, no solo las que ostentan esta labor, sino de todas las que trabajan en los centros educativos (deportivos, de ocio y tiempo libre, etc.).
Viqueira comenta que, junto a otras organizaciones que trabajan con infancia como Unicef, el British Council o la Cátedra de Derechos del Niño de la Universidad de Comillas, han elaborado un documento de mínimos que debe atesorar la o el coordinador de bienestar y convivencia.
El texto, de 44 páginas que entre otras muchas cosas, establece la necesidad de tres formaciones diferenciadas. Una básica para toda persona adulta que trabaje en los centros educativos con la que, al menos, tenga nociones sobre los tipos de violencia que vive la infancia y algunos detalles para intentar una cierta detección en su caso.
Las otras dos estarían pensadas para las personas que ostentasen el cargo de coordinadora de bienestar. Una, común, digamos, a la generalidad de quienes tuvieran esta responsabilidad y otra, todavía más profunda, para quienes ejercieran la labor en centros de especial dificultad por motivos económicos, sociales o culturales, en previsión de que se encontrase con casuísticas muy concretas. «La persona debe estar más preparada porque la situación lo va a requerir», asegura Viqueira.
El reciente suicidio de una menor en por el acoso que sufría en un centro educativo en Sevilla en el que, según parece, no se tomaron las medidas necesarias para atajar la situación, devuelve una pregunta contínua. ¿Qué falla, a estas alturas, para que los centros no detecten o no pongan en marcha los protocolos existentes para luchar contra estas situaciones.
Viqueira cree que en algunos casos, los menos, existen centros con «cierta falta de sensibilidad». Insiste en la idea de que «no son cosas de niños», que la violencia contra la infancia hay que atajarla lo antes posible.
Señala que hay desconocimiento de los protocolos, a los que se acercan los profesionales no antes, sino después de que se hayan producido determinados hechos. A eso se suma que puede haber inseguridad entre quienes han de ponerlos en marcha. En opinión de la experta, da respeto dar el primer paso, avisar a las autoridades cuando no hay una certeza clara de lo que está pasando, porque no se sienten preparados o porque no ven la situación de la misma manera.
«Hay que educar la mirada», afirma Viquira, quien insiste en que «se puede trabajar mejor la sensibilización para romper con la tolerancia a ciertos tipos de violencia».
Además, apunta a que no solo hay que mirar al centro educativo, sino a las administraciones educativas que rodean al centro, que son las responsables en último término de que su profesorado esté correctamente formado para la detección temprana, la prevención o la puesta en marcha de las medidas necesarias una vez que se conocen casos de violencia.
