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La Universidad de Barcelona (UB) ha dado un paso en la gestión de lo sucedidov en torno a la acusación el pasado mes de julio, por parte de 14 mujeres sobre el catedrático de Sociología, Ramón Flecha. Entonces le acusaron de acoso sexual y laboral.
Ha decidido el trasladado formal del caso a la Fiscalía Provincial de Barcelona las denuncias por supuestas conductas delictivas vinculadas al grupo de investigación CREA (Community of Research on Excellence for All). La decisión, que se produce antes de que concluya la investigación interna, responde a la gravedad de los hechos relatados por las denunciantes y a los indicios de posibles delitos penales, según el comunicado oficial de la institución.
El anuncio se produjo después de que la comisión de expertos contratada por la Universidad presentara un informe preliminar. Este informe, que recopila testimonios de varias personas que han declarado ante los especialistas, apunta a que los hechos podrían encajar en conductas de coerción sexual, coerción psicológica, maltrato, explotación profesional y personal, además de otros comportamientos vejatorios e intimidatorios. Universitat de Barcelona
Un informe que obliga a actuar
La comisión, integrada por tres especialistas con formación en violencia de género y acoso institucional, ha trabajado durante más de cuatro meses, entrevistando a 11 de las 16 personas denunciantes hasta la fecha. Su conclusión —que los hechos relatados son hechos intolerables y repulsivos, que vulneran la dignidad y el respeto que cualquier persona merece”, reza el comunicado de la Universidad— merecían el envío a la Fiscalía, además de tomar medidas cautelares.
Según el comunicado de la Universidad, el informe preliminar fue acompañado de dos documentos complementarios: una evaluación pericial psicológica sobre la fiabilidad de los relatos y otro informe con valoración penal de los hechos expuestos. Estos elementos, sumados a la gravedad de las acusaciones, fundamentan la decisión de llevar el caso ante la justicia ordinaria.
Principales medidas adoptadas por la UB
Además de enviar el caso a la Fiscalía, la Universidad de Barcelona ha anunciado un conjunto de acciones destinadas a proteger a la comunidad universitaria y salvaguardar la integridad de los procesos académicos:
Denuncia ante la Fiscalía
La UB ha formalizado ante el Ministerio Fiscal las acusaciones recogidas, solicitando que sean investigadas por la justicia penal. En caso de que la Fiscalía decida presentar denuncia o querella, la universidad ha expresado su intención de personarse como acusación popular en el procedimiento.
Expedientes disciplinarios y medidas cautelares
Se han incoado dos expedientes disciplinarios con medidas cautelares para dos personas implicadas, consistentes en la suspensión de empleo y funciones. Además, se ha suspendido la condición de catedrático honorario de otra figura académica implicada. Estas medidas se suman a la suspensión cautelar anterior del catedrático emérito Ramón Flecha, principal implicado en las denuncias.
Continuación de la investigación interna
La comisión de expertos seguirá con su labor para profundizar en los hechos, tomar declaración al resto de personas implicadas y analizar posibles cuestiones éticas y académicas relacionadas con el caso. Todo ello se hará respetando la investigación penal en curso.
Acompañamiento psicológico
La UB ha activado medidas de apoyo y acompañamiento psicológico para todas las personas de la comunidad universitaria que pudieran haberse visto afectadas por este caso, tanto en el presente como en el pasado.
Salvaguarda de procesos docentes y de selección
Se han adoptado medidas cautelares para que los méritos académicos vinculados al caso no sean considerados en los procesos de selección de profesorado, con el objetivo de garantizar la imparcialidad, objetividad y concurrencia en estos procedimientos.
Reacción institucional y contexto
La Universidad describe los hechos relatados como “intolerables y repulsivos” y expresa su “consternación absoluta” ante las conductas denunciadas, que, según la UB, vulneran la dignidad y el respeto que cualquier persona merece. También subraya la importancia de reforzar los mecanismos internos de prevención y respuesta frente a situaciones de acoso, violencia o abuso dentro de la comunidad académica.
