Opiniones

Enric Prats

El debate educativo en el Reino Unido en medio del Brexit Enric Prats

Hoy, 8 de junio, se celebran elecciones en el Reino Unido. En el ámbito educativo no ha habido grandes debates, quizá porque se prevé que continúe en el gobierno el partido conservador, y con él recortes de lo público y liberalización del mercado.

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Theresa May, actual presidenta del Reino Unido y candidata a la reelección / cc by-sa Jim Mattis (Flickr)

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Tony Blair se presentó a las generales de 1997 con un programa electoral que quedaba resumido en tres prioridades: «Educación, educación y educación». En 2001 renovaría su mandato con el mismo lema y se mantendría en el cargo hasta 2007. En 2000, el gasto público en educación era del 4,3% del PIB; diez años más tarde, al final del mandato de su sucesor laborista, Gordon Brown, el porcentaje había subido al 5,9%, una cifra que se ha mantenido ligeramente a la baja con los gobiernos conservadores.

El dato sirve para situar la confrontación electoral británica del 8 de junio, entre la actual presidenta Theresa May y el laborista Jeremy Corbyn, una contienda que esta vez está mucho más centrada en el terrorismo y en las repercusiones económicas y sociales del Brexit. En realidad, en el ámbito educativo, no se han producido grandes debates quizá porque inicialmente no se preveía un cambio de gobierno y, por tanto, se seguirían aplicando las políticas de los conservadores: recortes de lo público y liberalización del mercado educativo. Pero las posiciones son claramente divergentes.

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No se puede dudar del peso notable que la educación británica ha tenido en el panorama internacional, que siempre ha mostrado dos caras bien distintas: defensa de un modelo humanístico y exclusivista, todo perpetuando la idea privativa de la educación como un bien particular, que coexiste con un sistema público igualitarista y de proximidad, de raíz comunitaria, basado en un concepto de la educación como bien común y compartido. Los debates políticos se han centrado en las últimas décadas en estos ejes y las próximas elecciones no se mueven mucho de este guión.

Así como el mundo educativo ha mirado a menudo el sistema británico y ha copiado algunas fórmulas (descentralización, currículum, etc.), la realidad educativa internacional no suele tener ninguna repercusión en las Islas. The Guardian, por ejemplo, sólo dedicaba un breve editorial en el informe PISA de 2015, al día siguiente de conocerse los resultados, donde enfatizaba que los estudiantes ingleses habían mantenido las mismas posiciones que tres años antes, a diferencia de los estudiantes galeses y escoceses, que habían entrado en declive, una distancia que el rotativo atribuía a la aplicación de la reforma educativa de Tony Blair, implantada en Inglaterra y rechazada en Gales y Escocia. Pocas referencias a la comparación internacional, con una precisión en la distancia con Estonia, Singapur y Japón, y la posición muy por delante de Italia, Israel e Islandia. Pero la preocupación central era cómo la reforma educativa anterior había tenido incidencia en los resultados. Una lectura en clave interna.

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Aquellos resultados duales que presentaba el sistema británico en las pruebas PISA de 2015 tienen su fundamento en la doble consideración selectiva e igualitaria del sistema británico: mientras que en 2006, el 16,7% de los estudiantes se situaban por debajo del nivel 2 y el 13,7% por encima del nivel 5, en 2015 el 17,4% no pasaba del nivel 2 y sólo el 10,9% tenía el nivel 5. En otras palabras, la curva de resultados se había desplazado a los niveles bajos y intermedios. El sistema igualitario impactaba en las capas medias, reducía el número de estudiantes que destacaban por la banda alta y hacía más ignorantes los de la banda baja. Este era el efecto de los recortes presupuestarios de los conservadores, según los laboristas, que en su programa electoral reclaman ahora una reducción de ratios y una mejora de las condiciones laborales y de la formación de los docentes.

Los programas electorales

Para las elecciones del 8 de junio, las posiciones entre tories y laboristas están claramente enfrentadas en educación y no en temas menores. De siempre, un punto de fricción en la educación británica ha sido sobre el gobierno del sistema público. Tradicionalmente, el sistema se ha caracterizado por la fuerza de las autoridades municipales o locales en educación, que retienen un buen espesor de atribuciones financieras, organizativas, curriculares y de personal. La reforma Baker, en tiempos de Thatcher, había intentado sustraer estas funciones a las autoridades locales -en manos de los laboristas sobre todo en las grandes ciudades- a favor del gobierno central, una medida que intentarían repetir los gobiernos posteriores de colores diferentes con un éxito relativo , dadas las resistencias locales.

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Otro de los temas clásicos de debate en la educación británica ha sido su orientación claramente selectiva. El modelo de educación secundaria comprensiva, fuertemente implantado en tierras escandinavas, había ocasionado una importante batalla política, aunque ahora abierta. En un sistema fuertemente selectivo, con pruebas de nivel habituales, la opción comprensiva pretendía garantizar unas mínimas oportunidades de igualación social a las clases más bajas, empujando a los jóvenes hasta el final de la educación secundaria obligatoria. Este era el fundamento de las reformas laboristas planteadas desde la posguerra y extendidas de manera general a partir de la década de 1960. Los conservadores, ya con Margaret Thatcher y después con David Cameron, pretendían cambiar la situación y extender el modelo de las grammar escuelas en todo el sistema, un modelo de base selectiva. La paradoja era, como reconocía el titular del Guardian, que los sistemas académicamente selectivos convertían también socialmente selectivos, una característica que acabaría incrementado la desigualdad o bien extendiendo la mediocridad en las escuelas selectivas que, por tanto, dejarían de serlo.

La opción selectiva alimenta ahora de argumentos renovados. En el manifiesto (programa electoral) de los conservadores, los tres primeros golpes que aparece la palabra educación va acompañada del complemento técnica, bajo el paraguas de la meritocracia, como argumento central del progreso social que necesita el país y remedio contra las injusticias. La receta conservadora ha sido vincular el éxito educativo con el mundo laboral, un terreno donde los laboristas no han sabido presentar alternativas consistentes. Ante los embates de la crisis y de la precariedad laboral, el sistema educativo debía centrarse en formar buenos trabajadores a partir de su talento personal. La mejor fórmula era la creación de opciones alternativas al itinerario general para dar cabida a estos talentos. Y cuanto antes fuera la separación, mejor para los individuos y para el sistema. Con esta contundencia, no puede extrañar que el programa conservador se centre en la formación técnica y profesional, complementada en el reforzamiento de la liberalización del sector educativo.

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Esta liberalización se traduce, bajo los conservadores, en la expansión de las free schools, un modelo calcado de las charter schools norteamericanas, en que los particulares pueden optar a financiación pública para abrir escuelas. Bajo el gobierno de Blair ya se habían creado las academias, que querían incidir en contextos deprimidos con el apoyo de capital privado, tanto de particulares como de organizaciones no gubernamentales o fundaciones. También en política universitaria se ha hecho notar el recorte de gasto de los conservadores, con un incremento de tasas y la práctica eliminación de becas, sustituidas por los préstamos universitarios. Los laboristas proponen un cambio radical con la mirada puesta en las universidades nórdicas: eliminación de tasas y recuperación de becas al estudio.

En la práctica, el sistema de liberalización adoptado acabaría pervirtiendo cuando grandes corporaciones privadas, propietarias de importantes cadenas de escuelas, tomaron el control del sistema: reducción de gastos, incremento de ratios y despido de profesorado que no rinde según los resultados académicos de los estudiantes obtenidos en tests estandarizados. Los laboristas británicos han denunciado esta modalidad y optan por restringirla. Su argumento es que el sistema público debe garantizar el acceso de todos, bajo criterios de calidad y control democrático del gasto para evitar casos como el conocido como Trojan Horse de Birmingham, cuando una cadena de escuelas fue acusada de promover fundamentalismos islámicos entre los alumnos y que las autoridades académicos acabarían cerrando alegando corruptelas financieras.

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La política británica se encuentra ahora bien lejos del eslogan de Tony Blair. El Brexit y el terrorismo, dos caras de la política internacional del Reino Unido, quedan protagonismo a debates sobre temas sociales y educativos. Con todo, siempre es interesante tener una mirada crítica sobre uno de los sistemas que han hecho avanzar la educación en el mundo.

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