A finales de 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Aragón se lo dejó muy claro a la Consejería de Educación. Debía cumplir una sentencia previa y equilibrar la matrícula de alumnado con necesidades especiales de atención educativa entre la red pública y la concertada. Si no, habría multas.
Por eso el nuevo Ejecutivo aragonés planteó unos mínimos y unos máximos de niñas y niños con necesidades educativas especiales a centros concertados. La idea es que cada centro ha de guardar una serie de plazas para este tipo de alumnado. Si no se llenan en septiembre, han de quedar las plazas libres por si hay incorporaciones a mitad de curso. Confirma a este medio Alfonso Alegre, de CGT en Zaragoza que si el curso pasado en la ciudad de Zaragoza hubo 250 incorporaciones tardías, 160 lo fueron de alumnado extranjero.
La respuesta ha sido que durante cuatro meses fueron creciendo en algunos centros concertados de Zaragoza el número de niñas y niños de altas capacidades en la concertada. Hasta casos de crecimientos de un 1.175%.
Este alumnado está dentro del grupo de Acnee, es decir, como explica Juan Antonio Planas, orientador del IES Tiempos Modernos en Zaragoza, y expresidente de Copoe, de alumnado con necesidades educativas especiales, aquellas personas cuya condición no cambiará y necesitarán apoyo constantemente, al mismo nivel que niñas y niños con discapacidad intelectual, o sordas o con autismo.
Tras el cambio que pretendía introducir la Consejería con vistas a que algunos centros no tuvieran un 30 o 40% de alumnado con necesidades, hay centros concertados en la ciudad de Zaragoza, asegura Planas, que han aumentado un 60% el número de alumnos con necesidades educativas especiales.
Según este orientador, bajo la excusa de que muchos de estos casos no estaban diagnosticados hasta el momento. Se pregunta cómo algunos de ellos, ya con 12 años, no habían sido diagnosticados, o al menos puestos sus casos en conocimiento de los servicios de orientación.
Una pregunta que se hace Alegre también. Comprobó, con datos salidos de la Inspección educativa, así como de la comisión de escolarización, que había algunos centros que disgnosticaron alumnado Acneae en 5ª de primaria, y se preguntó cómo había pasado tanto tiempo matriculado alguno de estos niños sin diagnóstico previo. Así es como se puso a mirar colegio por colegio. CGT publicó un informe en el que denunciaba estos casos poco claros. Además, enviaron la documentación a Podemos para que presionara también desde las Cortes de Aragón.
Allí, en sede parlamentaria, la consejera, Mayte Pérez, admitió hace algunos días que la Inspección (enviada por fin a revisar los datos de acneae), había detectado unos 100 casos de irregularidades administrativas, problemas de forma en los diagnósticos, como el hecho de que en algunos casos no se hubiera realizado una entrevista con la familia de los niños en cuestión.
Según fuentes de Educación, las irregularidades detectadas, así como las que puedan seguir apareciendo, no influirían en el proceso de matrícula para el próximo curso puesto que la Consejería iba a tener en cuenta tan solo los datos recabados hasta el mes de noviembre de 2017. El aumento en el alumnado de altas capacidades en la concertada, de un 86% según estas mismas fuentas, se detectó entre noviembre de 2017 y marzo de 2018.
Para Alegre el motivo es claro, la concertada, al menos una parte, intenta «evitar que se rellenen los huecos reservados a mitad de curso» con alumnos con necesidades. Y explica cómo algo parecido a lo ocurrido ahora en Zaragoza, ocurrió en la ciudad de Huesca, en la que se localiza el mayor porcentaje de alumnado acneae, pero hicieron estos diagnósticos a lo largo de más tiempo. También quiere dejar claro que en la ciudad de Zaragoza existen centros concertados comprometidos con la diversidad, que asumen a todo tipo de alumnado y no participan en este tipo de prácticas.
Alfonso Alegre sospecha que los centros concertados que hayan cometido irregularidades en los diagnósticos de su alumnado e inflado, presuntamente de forma consciente, estas cifras de manera fraudulenta no recibirán castigo o sanción alguna. Desde Educación aseguran que, en el caso de estos 100 primeros casos, si no hay una rectificación por parte de los centros concertados, se pasaría al siguiente paso, que sería la formación de una comisión de conciliación. Pero prefieren no hablar de la posibilidad de revocación de ninguno de los conciertos, al menos no antes de que termine la investgiación de la Inspección.
Desde Escuelas Católicas de Aragón confirman que algunos de los centros señalados pertenecen a la entidad pero entienden que el proceder de cada centro en cuestiones como estas es individual y no relacionado con la patronal mayoritaria de la concertada.
Su portavoz, Felisa Ferraz, asegura que abogan por la mayor transparencia posible y esperan que la Inspección dictamine si lo que ha ocurrido son simples errores administrativos o ha podido haber algún caso en el que se haya cometido alguna irregularidad.
Insiste en que desde Escuelas Católicas siempre se defiende ante los centros el cumplimiento de la normativa y que, además, para eso tienen los servicios jurídicos, para poder ayudar a los colegios que tengan dudas sobre los procedimientos. Además, defienden, frente a quienes creen que hay un intento por salvaguardar la situación de los centros frente a los cambios previstos por Educación para equilibrar la escolarización de acneae entre las redes pública y concertada, que desde Escuelas Católicas se acatará la normativa que dictamine la Consejería.
Privatización
Hasta hace dos años, eran los servicios públicos de orientación los encargados de diagnosticar al alumnado con necesidades educativas especiales de todo el sistema educativo, de las diferentes redes. Para Planas es un sistema que garantiza la objetividad de dicho diagnóstico. Sobre todo cuando de él depende la dotación de los centros educativos en función de las necesidades de su alumnado, o el pago delegado de los equipos de orientación.
Con la llegada del PP al Gobierno aragonés, esta realidad cambió y se permitió que los servicios de orientación de los centros privados concertados pudieran diagnosticar a su propio alumnado. Los efectos posibles serían dos: por una parte, conseguir mayor cantidad de recursos económicos de la administración para hacer frente a las necesidades de su alumnado y, por otra parte, evitar la matriculación en sus centros de otro alumnado con necesidades educativas, como pudieran ser niñas y niños migrantes sin conocimiento del idioma o con alguna discapacidad, por ejemplo.
Sobre el tema flota la sensación de que algunos de estos centros han intentado inflar las cifras de alumnado con necesidades por la vía de diagnosticar chicas y chicos de altas capacidades para evitar así la entrada de otro alumnado en sus centros a mitad de curso, como era la pretensión de la Consejería. Así lo entienden fuentes cercanas a la inspección educativa.
Como informaba Público hace unos días, Educación revocó en tres semanas un centenar de diagnósticos realizados en centros concertados relacionados cno altas capacidades. En 14 centros de Zaragoza (ciudad a la que parece circunscribirse todo el asunto) se han concentrado casi 400 de los 533 nuevos diagnósticos de alumnado con necesidades de este primer trimestre de 2018.
No solo en Aragón
En la Comunidad de Madrid hace unos meses comenzó una campaña de recogida de firmas para intentar frenar la privatización de los servicios de orientación, en una lógica muy similar a la de Aragón.
En el caso de Madrid, el PP presentó una enmienda para el cambio del artículo 157.1 de la Ley Orgánica 2/2006, para que se vaya dotando de forma progresiva de financiación a los servicios de orientación de los centros con unidades concertadas en primaria. El asunto, además, estriba en que no habría financiación complementaria, de manera que los recursos necesarios, en el caso de alumnado diagnosticado en estos colegios, saldrían del presupuesto que ya existe, el menor presupuesto educativo de todo el país.
Como en el caso aragonés, se teme, al menos así lo expresaba CCOO en un comunicado de prensa el pasado mes de diciembre, que el diagnóstico quedará en manos de personas susceptibles de ser influenciadas por intereses empresariales.
Según Isabel Galvín, secretaria de la Federación Regional de CCOO en Madrid, el asunto en la Comunidad parece bastante parado, más teniendo en cuenta en qué situación se encuentra el gobierno regional estos días tras la dimisión de Cristina Cifuentes como presidenta. En cualquier caso, la posible privatización de los equipos de orientación está dentro de los presupuestos de la Comunidad, así que es una posibilidad.
