Madrid privatizará el servicio de orientación educativa. Esta es la lectura que hacen, al menos, desde CCOO en la Comunidad. La propuestas, ya avisada hace algunos meses, es que los centros concertados no dependan de los servicios de la Administración para llevar a cabo la detección y diagnóstico del alumnado con necesaidades educativas que puedan tener matriculado. La medida afectará a las etapas de infantil y primaria.
Hasta la fecha, los equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica en primaria y los departamentos de orientación de los institutos han venido realizando este trabajo. Se trata de personal funcionario o laboral. CCOO denuncia que habrá un trasvase de recursos públicos hacia la privada concertada, además del riesgo de que se pierda independencia a la hora de demandar más recursos para el alumnado con necesidades educativas especiales..
Señalan lo ocurrido en Aragón. Allí, el anterior gobierno del PP tomó esta misma decisión. Hace unos pocos meses se hacía público una investigación de la Administración sobre el fulgurante aumento de niñas y niños con necesidades educativas especiales en los centros concertados de la Comunidad. Sobre todo en la capital, Zaragoza. No solo creció el número de niñas y niños con necesidades de apoyo por problemas relacionados con alguna discapacidad o trastorno, también lo haría el de los alumnos de altas capacidades.
Desde COPOE, la organización que aglutina a las diferentes organizaciones de orientadoras y orientadores, Ana Cobos, su presidenta, asegura que la medida es complicada. Por una parte entiende que es positivo el aumento del número de personal dedicado a la orientación y pide confianza en la profesionalidad de quienes se dedican a diagnosticar posibles necesidades, así como de solicitar recursos para hacerles frente. Eso sí, entiende que el método para aumentar el personal no es el mejor.
«El orientador, desde la función pública, garantiza la equidad» en el reparto de recursos en el sistema, opina Cobos. Es por esto que «los servicios externos no creo que sean pertinentes en un sistema de equidad», asegura, pero eso sí, «no por sobrediagnóstico sino porque pueden actuar en función de quien les paga y, claro, no van a morder la mano que les da de comer».
Este parece ser el caso de lo ocurrido en Aragón, en donde aumentaron los diagnósticos de alumnados con necesidades educativas especiales, así como los de altas capacidades en los centros concertados en muy pocas semanas. Algo que hizo saltar algunas alarmas.
Según la propia Galvín, a pesar de que la Consejería aragonesa lleva tiempo intentando revertir esta situación, no ha sido posible hasta el día de hoy hacer ningún cambio. A pesar de que no se ha revertido la decisión tomada por el anterior Ejecutivo, el Departamento ha enviado instrucciones a todos los centros sostenidos con fondos públicos. En ellas, entre otras cosas, «se exige que todos los casos pasen por los servicios provinciales». Es decir, «las decisiones de los servicios de orientación tienen que pasar por los servicios provinciales, tanto de la pública como de la concertada», en un intento por mitigar y controlar qué hace cada cual para evitar posibles fraudes.
Otro de los problemas añadidos es que los recursos para orientación, al menos en Madrid, no aumentarán a pesar de este posible aumento de personal diagnosticando. Es decir, que no se prevé un aumento para hacer frente a un posible crecimiento del número de niños y niñas con NEE.
Los serivicios de orientación, al menos en Madrid, llevan desde 2007 congelados, de manera que no ha habido aumento de plantillas (todo lo contrario), lo que ha dejado a la comunidad educativa en una situación realmente complicada a la hora de hacer frente a la diversidad en las aulas.
