“Estamos lejos de conseguir una educación con garantías para las personas que tienen dificultades. Tenemos un sistema educativo excluyente”

Víctor Rodríguez ha visto mundo. Mundo educativo, al menos. El actual director del Area Educativa de Fuhem y coordinador de los centros de Fuhem (Fundación Benéfico Hogar Social del Empleado), es pedagogo y logopeda y ha pasado por el Ministerio de Educación, ha sido orientador en institutos de secundaria, dirigido el Centro de Atención a la Discapacidad de la UNED y ha enseñado como profesor asociado en la Univerisdad Complutense, la UAM y Comillas. En esta charla, Rodríguez repasa la actualidad educativa, expresa que la victoria del PSOE en las generales va más en línea con las políticas educativas progresistas que Fuhem defiende, pone esperanzas en la nueva ley que previsiblemente aprobará el Gobierno y defiende que el sistema educativo está preparado para acoger a más alumnos de centros educativos especiales de los que matricula actualmente.

¿Cómo valora los resultados de todo este ciclo electoral en lo que respecta a la educación?

En general, en los resultados del gobierno del Estado, la valoración es muy positiva porque entendemos que las políticas educativas de un Ejecutivo progresista se ajustan más a la manera que tenemos de entender la educación en términos de objetivos, contenidos, exclusión, alumnado con dificultades. Esperamos una ley que corrija muchas deficiencias de la LOMCE. Conocemos los borradores, hemos participado en debates sobre la formación de maestros con el Ministerio y estamos en sintonía con algunas de las propuestas.

En Madrid el problema es que, para una fundación como la nuestra, depende de la perspectiva que se adopte. Como centro concertado que somos, la política educativa de Madrid no nos supondrá un problema, aunque estamos muy en desacuerdo con el planteamiento que se está haciendo de los conciertos, sobre todo, de nuevos cuando habría posibilidades de oferta pública. Nosotros defendemos la pública, aunque entendemos que un servicio público se puede hacer desde lo privado. Pero no de cualquier manera: creemos que con dinero público solo hay que pagar una educación que se base en las premisas de lo público. Pero dentro de eso —y esta sería la discrepancia con los que abogan solo por la pública— entendemos que se puede hacer una educación pública y de calidad en centros concertados, pero con unos requisitos, límites y una regulación más precisa. Estamos preocupados por los recortes en relación con el alumnado en riesgo de exclusión, que han afectado tanto a la pública como la concertada. Estamos preocupados con algunos socios de gobierno previsibles que plantean acciones ideológicas que llaman de “no adoctrinamiento”, pero que en realidad es adoctrinamiento de derechas o extrema derecha, y nosotros queremos una educación donde se planteen los grandes problemas del planeta. También nos preocupan las cuestiones de género y que desde el punto de vista curricular se haga una especie de marcaje político de ultraderecha a los centros educativos.

Has mencionado la ley que ha planteado el Gobierno socialista, aunque no pasó de proyecto. ¿Cómo la valoras?

Es un poco difuso. Nos gusta el espíritu que recoge de nuevo una idea mucho más inclusiva de la educación y no una educación basada en el mérito personal. Por ejemplo, la igualdad de oportunidades real con la supresión de algunos itinerarios al final de la secundaria, que previsiblemente supondrá que más alumnado se quede en el sistema educativo. Por otro lado, la ley incorporaba objetivos relacionados con la sostenibilidad, aunque nos parece una mirada un poco corta. La sostenibilidad entendida como el cuidado del planeta nos parece importante, pero no suficiente. Es importante que los chavales sean conscientes de que los grandes problemas tienen que ver con el cambio climático, con la contaminación. Pero eso tiene que ver con determinados modelos productivos, con maneras de plantear los cuidados, con la desigual distribución de la riqueza y muchas cosas que no son ajenas a estas cuestiones. Pero nos parece un avance.

Creo que no está claro cómo van a enfocar el problema de la red de centros y la concertada. Nos parece que están dispuestos a poner un cierto orden y hacer dialogar un poco más a la educación concertada y la pública que hasta ahora. La anterior ley era una especie de carta blanca para que cualquiera (sobre todo la Iglesia) pudiera abrir un centro sin ninguna cortapisa.

Por último, nos parece bien la apuesta por una mayor inclusión de las personas con discapacidad. Esa polémica pareció bastante espúrea: decían que se iban a eliminar los centros de educación especial, cuando ni lo propone el Ministerio ni creo que pueda ser real. Pero nos parece que hay alumnado que podría estar en contextos más inclusivos si se dotara a los centros de los recursos necesarios.

¿Cuáles son los principales problemas que afronta la educación?

Creo que uno de los principales es que seguimos teniendo unas tasas de abandono muy elevadas, y en una educación obligatoria no se puede permitir. No se ha conseguido que los estudios más relacionados con la Formación Profesional ocupen un lugar central y tengan el prestigio que merecen y tienen en otros países. Su consideración como una salida con plena garantías es un segundo problema que destacaría, junto a la escasa oferta pública de FP. Un tercer problema desde 2012 es una insuficiente financiación del sistema educativo. Estamos por debajo del 4%, dos o tres puntos por debajo de otros países desarrollados y, al menos, uno por debajo de los estándares que se pueden considerar medios en la UE. Se habla de unos 9.000 millones de euros. Esto significa mucho profesorado, instalaciones, recursos de apoyo y muchas otras cosas.

Creo que ahora, pero entiendo que es un poco coyuntural, no tenemos solventadas las estrategias más eficaces para incluir a toda la población que tiene el derecho a escolarizarse en la escuela ordinaria. Estamos lejos de conseguir una educación, no digo ya plena, sino con garantías para las personas que tienen dificultades para acceder a los aprendizajes. Seguimos teniendo un sistema educativo bastante excluyente. Para terminar, creo que existe un nivel tremendo de burocratización del sistema y una necesidad mayor de control de las administraciones educativas y como consecuencia una falta real de autonomía de los centros. Si hubiera algunas dotaciones de recursos que los centros pudieran distribuir de manera distinta… No hablo solo de dinero; si quieres hacer cualquier modificación sobre el currículum hay que presentar un proyecto que te aprueban, cambios en los horarios, cosas como dar dos horas seguidas de una asignatura… Los centros deberían tener mucha más flexibilidad para adaptarse a sus realidades, tremendamente cambiantes, respetando unos mínimos básicos del currículum, etc.

¿La concertada tiene sus propios retos?

Desde mi punto de vista hay dos problemas. Por un lado, existe una incertidumbre enorme del papel que debe cumplir y cuáles son los requisitos que deberían cumplir las escuelas para acceder al concierto. Para nosotros deberían ser unas escuelas que tengan vocación pública y de servicio público. Hay una hipocresía tremenda que nos hace estar enfrentados con la red pública, cuando compartimos más de lo que piensan algunos. Hace más de 30 años que la LODE reguló los conciertos y las cosas han cambiado mucho y necesitamos una regulación clara, más precisa y seguramente más consensuada.

La segunda cuestión es una clarísima infrafinanciación. Por una parte, el profesorado de la concertada es de segundo orden (los salarios son inferiores), por otra, los módulos no permiten ni siquiera afrontar los gastos corrientes, como arreglar un techo si se cae o cambiar el sistema eléctrico. Y mucho menos para la financiación de los propios centros. Las aportaciones de las familias en teoría no están permitidas, pero en la práctica salvan al sistema. Lo que obtiene la concertada, de manera hipócrita, es una doble financiación: por una parte de las administraciones públicas y de las familias. Los concertados sin aportaciones familiares no se podrían sostener. Podrían con un aumento de la financiación. En todo caso, las aportaciones que se hacen ahora se ajustan a la ley: se hacen a través de aportaciones voluntarias o por actividades extracurriculares o por los excedentes que se pueden obtener del comedor o las actividades extraescolares. No se obliga a las familias a pagar un canon. Es una situación dantesca y absurda porque nadie está contento.

Siempre se habla de lo insuficiente que es el módulo. ¿Existe algún informe que haya estudiado cuánto de insuficiente es, según los centros concertados?

No. IU hizo un informe que decía que el coste de la concertada era casi igual que la pública, pero no significaba nada porque se basaba en “si el profesorado…”, “si la concertada estuviera en el espacio rural…”. No la hay. Hay estimaciones. Una que compartimos muchos centros es que como mínimo un 40% de los costes diarios, excluyendo al profesorado, no están cubiertos por las aportaciones de la Administración.

Has mencionado la formación de profesores como una de las cuestiones pendientes, un tema recurrente. ¿Por dónde creéis que habría que mejorar?

Hace aproximadamente tres meses, el Ministerio organizó un debate en torno a la cuestión. Una de las ideas en las que había una gran coincidencia es que es preciso cambiar la formación inicial del profesorado. Sobre todo, para secundaria queda claro que una especialización en una carrera y los máster actuales no está suponiendo una formación suficiente. Tanto en primaria como en secundaria una idea que cobra fuerza es que haya un periodo de prácticas en los centros antes de tener una plaza. Y no hablamos de las prácticas de tres meses en 4º de carrera. Hay gustos para todos, desde el MIR de cuatro años a unas prácticas tutorizadas y evaluadas (ahora hay tutor, pero no se evalúa).

Respecto a la formación en servicio, parece que lo que reivindica el profesorado es una formación a cuenta de las horas de trabajo, que sea obligatoria y remunerada de alguna manera. Hay muchos profesores que se forman mucho, algunos que poco y algunos que una vez ya establecidos nada o casi nada. Reciclarse es imprescindible, pero no soy partidario de que todo se deje en manos de las universidades. Estas deben aportar, pero en diálogo con las administraciones educativas y ofertar formación en función de las necesidades del sistema, no lo que les conviene a ellas según sus intereses o el profesorado que tengan.

En las últimas semanas está volviendo con cierta fuerza el debate sobre los centros de educación especial, ya lo hemos comentado antes. ¿Cuál es tu postura al respecto?

El Ministerio nunca planteó eliminar los centros de educación especial. A raíz de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un comité de expertos hizo un informe demoledor en España sobre la falta de inclusión, en casi todos los colectivos pero sobre todo de las personas con discapacidades intelectuales, y se instó a España a corregir la situación. Educación se lo tomó en serio por primera vez y planteó que hay alumnado en centros de educación especial que podría estar, haciendo un cierto esfuerzo el sistema educativo, integrados en centros ordinarios.

¿Podrían estarlo todos en un mundo ideal de recursos?

No creo que sea un tema solo económico. Hoy en día hay alumnos y alumnos en centros de educación especial que pueden incorporarse a los centros ordinarios con unas ciertas garantías. No hace falta un mundo ideal. Los centros han avanzado para acoger alumnado en riesgo de exclusión, hay recursos, hay alumnos con autismo, con diversidad funcional, con discapacidades físicas, hay alumnos con dificultades asociadas a problemas cognitivos en los centros ordinarios. Si se proveen más recursos y se hace de manera más racional, dejando a los centros una cierta autonomía para gestionar sus recursos, podría haber otro alumnado que puede necesitar un cuidador de manera específica. Por último, es posible que queden alumnos y alumnas para los que una solución próxima a la educación especial podría ser una respuesta adecuada. Aquí se plantean dos modalidades. Me inclinaría por una escolarización combinada. O bien un centro de educación especial que esté muy en relación con uno ordinario, o incorporar a los centros ordinarios aulas específicas para alumnos que no pueden estar en una inclusión plena, para que puedan compartir espacio con sus compañeros, aunque tenga un profesorado o un aula especializada. Pero en la educación especial hay muchas personas con unos conocimientos muy profundos de cómo se trabaja con personas con discapacidades más graves y esos conocimientos no se pueden perder.

En Catalunya se acaba de abrir la puerta a que los centros concertados puedan integrarse en el sistema público. ¿Qué te parece? ¿Consideraría Fuhem hacerlo si pudiera?

Esta propuesta no es nueva. Ya han existido, en Cataluña y en Euskadi, centros que han pasado a la red pública; el Colegio Costa i Llobera, por ejemplo, de Barcelona. También en Madrid: el Colegio Trabenco de Leganés, nació como cooperativa de trabajadores en los años 70. Creo que no debe descartarse ninguna propuesta que apueste por mejorar la educación pública y garantizar a la vez la viabilidad de centros que llevan años dando un servicio público, por lo que me parece adecuada si se mantiene, como parece ser, como una opción voluntaria para los centros. Por el momento, en Fuhem ni siquiera hemos debatido esta posibilidad, pero tiendo a pensar que uno de nuestros objetivos prioritarios es preservar nuestra identidad y seguir proporcionando una educación de calidad en función de nuestra perspectiva sobre el mundo en el que vivimos y cómo transformarlo, que son los fines esenciales de nuestra Fundación.

En Fuhem hacéis especial en la educación ecosocial. ¿Podemos aterrizar esto un poco? ¿De qué hablamos?

En ese término englobamos tres cosas: la sostenibilidad, con todo lo que implica como el cuidado del planeta; la justicia y la cohesión social, que tiene que ver con las desigualdades, la riqueza, las relaciones interpersonales, y la profundización de la democracia, la generación de estructuras participativas e intentar crear una cultura democrática en los chavales. Pero democrática de verdad, no solo ir a votar, si no que las cosas se resuelven participando y a través del diálogo.

Aterrizado: hemos intentado tocar muchos palos distintos. Hemos transformado nuestros comedores a comedores ecológicos o de proximidad. Hemos creado grupos de alumnado o familias que estén preocupados por estos temas. Grupos de consumo a las familias para que puedan comprar a agricultores ecológicos. Hemos echado el resto para celebrar algunas efemérides claves para nosotros y que van por la igualdad: el 25 de noviembre y el 8 de marzo, relacionados con la mujer; el 3 de diciembre, relacionado con la discapacidad, el día de la paz el 30 de enero.

Por último, hemos hecho una propuesta de revisión del currículo oficial desde el punto de vista de la educación ecosocial. Pedimos al profesorado que incorpore en las programaciones de área anuales cuestiones relacionadas con esto. Cuestiones que tienen encaje en el currículo. En el currículo se menciona “cambio climático”, o “desigualdades”, pero ocupan un espacio absolutamente residual. Para nosotros debe ocupar un lugar central. Hemos hecho una propuesta de currículum y nuestro profesorado trabaja estas cuestiones dentro del aula. Y para completar esto estamos creando y generando materiales didácticos. No exactamente libros de texto, sino materiales para el alumnado porque sabemos que el profesorado puede no tener formación en estas cuestiones, pero también sabemos que si les ofrecemos estos materiales les puede resultar más fácil trabajar estas cuestiones.