Primero vinieron es un conocido poema atribuido a Bertolt Brech que en realidad es de un pastor protestante alemán, –Martin Niemöller. Tata de la persecución nazi de diferentes colectivos tras el ascenso de Hitler al poder en Alemania. Comunistas, judíos, sindicalistas… «Luego vinieron por mí, y no quedaba nadie para hablar por mí». Así termina.
Tal vez sea excesivo para el contexto español actual, comparado con la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero de alguna manera recuerda a lo que se vive desde hace años en España.
Con los gobiernos de Esperanza Aguirre, cuando Lucía Figar era consejera de Educación en la Comunidad de Madrid, durante las protestas de la Marea Verde provocadas por los recortes presupuestarios y de personal en la escuela pública de la región, se hizo campaña desde la propia Administración educativa para desacreditar al profesorado en su conjunto. Un ejemplo fue el uso de los resultados de algunos de los exámenes de las oposiciones. La idea parecía clara, dejar en mal lugar al colectivo por los errores de algunos.
Tiempo después llegó el 1 de octubre en Cataluña y el referéndum organizado en la Comunidad y que el Gobierno de Rajoy intentó eliminar del mapa a base de Policías Nacionales y Guardias Civiles enviados para neutralizarlo. Tras todo lo ocurrido en dicha jornada vinieron las denuncias contra docentes catalanes por adoctrinamiento en favor de la independencia y contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El pasado viernes 12 se conocía el archivo de la causa contra tres docentes del Institut La Pau, de Sant Andreu de la Barca, por presuntas humillaciones a los hijos de algunos guardias civiles matriculados en el centro. Otros seis profesores del centro ya habían visto la causa contra ellos archivada hace más de un año.
Hace tres semanas, el programa Skolae, de igualdad y educación afectivo-sexual puesto en marcha por el anterior Ejecutivo navarro, había de acudir a los tribunales ante las denuncias de dos asociaciones de familias católicas por lo que entendían que era un contenido ideológico y polémico.
La pasada semana llegó el nuevo foco. Vox, en la Comunidad de Madrid, quiere conocer los datos personales de quienes han impartido talleres y cursos en centros educativos (y en qué centros) sostenidos con fondos públicos desde 2015. Tal vez sea como dice el líder de Cudadanos en la Comunidad, que el partido de extrema derecha tiene derecho a pedir la información que le parezca pertinente. Aunque desde COGAM, la entidad señalada, se entiende que es una medida de presión y amedrentamiento hacia quienes defienden los derechos fundamentales del colectivo LGTBI+ en las aulas.
Todo ello, además, bajo el paraguas de la legislación que la propia Comunidad de Madrid aprobó cuando estaba gobernada por Cristina Cifuentes. Una legislación a la que el partido de extrema derecha quiere dar carpetazo en todo lo referido a la educación.
El adoctrinamiento se ha convertido en los últimos años en el enemigo de, al parecer, los partidos en la derecha parlamentaria. Adoctrinamiento de todo tipo que, por unas cosas u otras, tiende a hablar y tratar sobre los derechos humanos y las libertades de colectivos vulnerables, personas que se ven acosadas de muy diferentes maneras. No hay que olvidar que en los últimos meses y semanas ha habido un importante repunte de la violencia contra las personas gay, lesbianas y transexuales, principalmente.
Y también todo ello mientras el Estado mantiene, entre las asignaturas del currículo, la Religión. O mientras se fomenta todo tipo de proyectos de emprendimiento en el alumnado de secundaria; un emprendimiento que en no pocos casos defiende postulados de un capitalistmo y un individualismo que podrían considerarse también adoctrinamiento. O un sistema educativo al que no le parece extraño que el Banco de España y la CNMV redacten parte del currículo de Economía. O cuanto las Fuerzas Armadas aparecen y tienen cabida en los colegios o en ferias educativas.
Qué pesados os ponéis, que la ley deja bien claro que no hay que adoctrinar… pic.twitter.com/dTMVPVVa2G
— Toni Solano 🍏📚🍏 (@tonisolano) May 31, 2019
El personal docente, principalmente en la pública, se ha convertido en un objetivo más de las campañas políticas de persecución y estigmatización con una falta de responsabilidad importante que está causando problemas en los centros educativos.
Problemas que tienen que ver con enfrentamientos de algunas familias por lo que entienden que no debe hacerse. Hace unos días una docente madrileña contaba de algunos casos que conocía como, por ejemplo, el de un padre muy enfadado con el profesor de Filosofía de su hijo porque le había suspendido. Este progenitor aseguraba que el suspenso se debía a que el docente era de izquierdas. El alumno, al parecer, no había pasado en ningún examen durante el curso de sacar un 2 de nota.
Algo que hemos visto también con la Memoria Histórica. Otro de los caballos de batalla de ciertos grupos. Entre que los temarios son demasiado extensos y que existe miedo o precaución a tratar algunos asuntos en clase, lo ocurrido durante la guerra civiil y la dictadura de Franco queda fuera de lo que la juventud española aprende (lleva quedando fuera décadas): persecución, purga, decenas de miles de ejecuciones sumarias, represión…
En estos últimos días, Twitter se ha convertido en un contenedor de ejemplos, contrarios, que intentan poner negro sobre blando algunas contradicciones y riesgos que se corren si cualquiera puede decidir qué se trata y qué no en las escuelas.
https://twitter.com/Nando_J/status/1149977917511913472
“Se rumorea…”
Es otra forma más de ningunear nuestro trabajo y de menospreciar nuestra labor
¿De verdad creen que ser docente es ir al colegio y contar lo primero que se te ocurra? ¿Que no tenemos que cumplir con una normativa y un currículo establecido?
Se cree el ladrón… https://t.co/bU57lWGf6u— Maestra de pueblo (@maestradepueblo) July 12, 2019
«Los contenidos de diversidad afectivo-sexual que llevamos a los centros escolares son obligatorios y están establecidos como contenido transversal en la LOMCE», afirmaba el pasado viernes en un comunicado la asociación COGAM, cuyos talleres quiere escrutar VOX.
«Solo podemos entender la petición en el día de ayer, 11 de julio de 2019, de VOX como una persecución política de todo colectivo que no piense como ellos o no les siga el juego», continúa el comunicado, en el que COGAM declara que: «Instamos a la Fiscalía a actuar ya de oficio ante esta tropelía que se está cometiendo contra nuestro colectivo y no entendemos cómo Ciudadanos y PP pueden sentarse en la misma mesa siendo cómplices de esta actuación lamentable, el incremento de agresiones o delitos de odio hacia las personas de nuestros colectivos será su responsabilidad».
Unas agresiones, además, que tienen un importante lugar de expresión en las aulas y centros educativos, a pesar de la falta de datos oficiales sobre el acoso LGTBIfóbiso (y de acoso en general). Unas aulas «inseguras», como escribía Ana Ojea en este periódico a finales del mes de junio.
El señalamiento de colectivos que trabajan sobre los derechos humanos, así como sobre el personal docente acaba dejando una cierta sensación de que en los centros educativos ocurren cosas que no deberían pasar. Dejan un halo de sospecha que, durante este fin de semana, también en redes sociales, se intentaba combatir con los hastag #YoAdoctrino y #ApuntaMiNombreVox. El primero, rescatado de una campaña precisamente tras el 1 de octubre en Cataluña.
A los docentes nos han acusado de adoctrinar en nuestras aulas.
Hoy respondemos.#YoAdoctrino pic.twitter.com/LPTgJTK5O7— YoAdoctrino (@YoAdoctrino) October 22, 2017
Quien ha adoctrinado en la escuela han sido la Iglesia y los franquistas. Nunca lo he hecho. Si hablamos de enseñar a pensar, acompañar al alumnado en su desarrollo personal, académico y moral, que sean solidarios, críticos y comprometidos en la mejora de su sociedad #YoAdoctrino
— Agustín Moreno (@MorenoG_Agustin) July 13, 2019
