La Consejería de Educación de la Región de Murcia ha cambiado las instrucciones de inicio de curso, con respecto a las anteriores, a unos pocos días de que este comience. El cambio más destacado es el que da carta de naturaleza a una de las exigencias del programa electoral de VOX en todo el Estado, un PIN parental en virtud del cual las familias habrán de dar su consentimiento expreso a cada una de las actividades complementarias en las que participen sus hijos a los largo del curso.
Desde la FAPA Juan González de Murcia, su presidenta, Paqui García, comenta a este periódico que no comprenden el motivo de la decisión adoptada por Educación, máxime cuanto todavía no se conocen bien los detalles. Para García, si la Administración educativa de la Región quiere fomentar la participación de las familias, en vez de pedirles que autoricen (o no) cada una de las actividades complementarias en las que podrían participar niños y niñas, deberían reactivar los consejos escolares de los centros.
García tiene más preguntas que respuestas. ¿Habrá un porcentaje mínimo de aceptación de las actividades para que estas se realicen? ¿Habrá algumnos que hagan algunas de ellas mientras otros compañeros no las hacen? Sobre todo el asunto, la duda de si la Administración desconfía de sus docentes y de su criterio para programar según qué actividades.
Para García, en cualquier caso, la mayoría de las familias de la Región no tendrán problemas en autorizar las actividades que se planteeen en sus respectivos centros. Principalmente porque las familias conocen y confían en los docentes que trabajan con sus hijos e hijas desde hace ya años.
Ade Campillo es la presidenta de Asfagalem, una asociación de familias de personas LGTBI, además de docente en la comunidad murciana. Desde su punto de vista, las instrucciones de inicio de curso podrían suponer una vulneración de la normativa autonómica sobre el surrículo de primaria y el de secundaria porque las actividades a las que se refiere, las complementarias, son actividades curriculares, cuya asistencia es obligatoria, como lo es una hora de clase convencional.
Hasta ahora, estas actividades se incluyen en el Plan General Anual, del que tienen conocimiento tanto los consejos escolares de centro como la Inspección de educación. Se da por hecho que las familias están informadas pues tienen acceso a estos documentos. Además de que, explica Campillo, las y los docentes informan puntualmente de las actividades que van realizando.
Para ella, además de contradecir la normativa autonómica, también ataca a la autonomía pedagógica de los centros y sus docentes.
Al mismo tiempo, supone intentar poner freno al trabajo, por ejemplo, de organizaciones como No te prives, que lleva una dácada dando charlas sobre diversidad afectivo-sexual en los institutos murcianos. Para Campillo, con estas instrucciones se pone en riesgo este tipo de actividades que suponen un alivio para las y los jóvenes de la comunidad LGTBI al aprender que no es un problema ni una enfermedad ser como son. Charlas, además, que pueden suponer un freno a situaciones de acoso o violencia relacionada con la diversidad afectivo-sexual y de género en los centros educativos.
Otro de los problemas es, según comenta Campillo, el hecho de que «los profesores y los centros se autocensuran para evitar problemas». Cree que lo que podría ocurrir es que si en un centro se tenían previstas cuatro charlas o jornadas, se dejarán en las menos posibles para evitar el trámite de tener que pedir permiso.
Explica que desde organizaciones como Foro de la Familia (que ya comenzó su batalla contra este tipo de actividades hace un curso y medio) se ven estas charlas como algo «ideologizado» cuando, dice Campillo, «no es opinable», por ejemplo, ser racista u homófobo. «La diversidad afectivo-sexual no es una ideología», sentencia.
Fuentes de la Consejería de Educación aseguran a este periódico que lo que se pretende con esta medida es «proporcionar a las familias capacidad de decisión acerca de las actividades impartidas por personas y/o entidades que no forman parte del claustro». Una medida que «ofrece libertad» para que se elijan las actividades en las que participan niños y niñas.
Acciones legales
Por su parte, el sindicato STERM anunció que presentará un recurso ante la orden de instrucciones dado que considera que vulnera la normativa vigente en cuanto al currículo.
Según el sindicato, en concreto, se vulneran el Decreto 198/2014 en su artículo 25.3.f) como el Decreto 220/2015 en su artículo 33.2.e). Ambos puntos afirman que las actividades complementarias «serán evaluables a efectos académicos y obligatorias, tanto para los maestros, como para los alumnos». Sí serán voluntarias aquellas que se desarrollen fuera del centro educativo o supongan un coste económico extra.
En la misma línea se han expresado también desde la federación regional de CCOO en un comunicado de prensa. «CCOO Enseñanza considera que estas resoluciones pretenden forzar la realidad para justificar el pacto de Gobierno que permite al Partido Popular y Ciudadanos mantenerse al frente de la Comunidad Autónoma».
Desde Educación se asegura que la única intención de estas instrucciones es la de dar a las familias «capacidad de decisión acerca de las actividades impartidas». «Es una medida que ofrece transparencia del ámbito educativo y fomenta una mayor implicación de las familias en la educación que reciben sus hijos», aseguran fuentes de la Consejería.
Además, defienden que no hay ningúna incompatibilidad entre estas y la normativa de currículo de primaria y secundaria ya que, por encima de esta se encuentra la LODE, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. La Orden de instrucciones de inicio de curso «no contraviene normativa alguna, sino que viene a reforzar el principio de libertad de los padres en la educación de sus hijos».
