La ministra de Educación y FP en funciones, Isabel Celaá, anunció en diversos medios que su departamento sacará adelante un Real Decreto después de que el Parlamento apruebe el proyecto de ley de reforma educativa presentado antes de esta elecciones, como desarrollo del artículo 24 de la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad, tras el informe de la ONU sobre su incumplimiento, y después de la polvareda interesada que levantó la noticia de que el Ministerio iba escolarizar a 37.000 mil alumnos provenientes de los centros de educación especial.
Además de los cambios en el curriculum, en la evaluación y en los recursos técnicos y materiales insistió en la necesidad de la formación inicial del profesorado. La ministra solicitó la colaboración de las familias y asociaciones. FEAE Madrid ha celebrado las Jornadas por la Inclusión en el Palacio de Cibeles en enero; Miradas al Aula, en mayo en el IES San Isidro, y la Reunión en Toledo de los Fórum de Centro y Sur, Castilla León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Madrid.
Estamos trabajando sobre los necesarios cambios que tienen que afrontar los equipos psicopedagógicos, responsables de los dictámenes de escolarización y de las orientaciones para su desarrollo educativo; no se trata tanto de intentar medir lo que el alumno parece que no puede hacer sino de un informe proactivo con datos de lo que puede hacer y de cómo puede aprender con los recursos y ajustes razonables que necesita. Pero sus funciones no han de limitarse a la elaboración los dictámenes, ha de llegar al cumplimiento del programa personalizado para cada alumno. Decía María Soriano, la primera directora de la Escuela Central de Anormales en 1923 y Premio Reina Sofía de Integración en 1991 que el diagnóstico no se termina nunca. En el centro escolar está el maestro, el profesor, que lo es absolutamente de todos los alumnos de su aula o agrupamiento. Es prioritario que en la formación inicialse prepare para trabajar con todo tipo de alumnos, de hecho, en algunas universidades españolas ya no hay la especialidad de educación especial.
En la manifestación por la escuela pública, en Madrid, en la mayor pancarta se leía: «Sin inclusión, no hay educación» y era uno de los eslóganes más repetidos. Los centros educativos tienen que ser inclusivos y ello ha de reflejarse en su proyecto educativo, en su misión, en su organización y en su evaluación interna. Pero para ello necesitan de la normativa, que la inclusión esté en las normas de funcionamiento y en los criterios de escolarización de cada inicio de curso que dicta la administración educativa.
La Convención obliga a los ajustes razonables; estos no son para los alumnos, las famosas, injustas y segregacionistas ratios. Los ajustes son para el proceso de inclusión, el maestro o profesor, los apoyos, los especialistas y todos los alumnos. Todos los recursos son para todo el proceso, en el aula o agrupamiento, allí donde están todo el alumnado. Necesidades educativas las tienen todos los estudiantes en alguno o varios momentos; los recursos personales, apoyos de otros docentes, profesores de pedagogía terapéutica o de lenguaje y audición trabajan con el grupo equipo en el que están chicas y chicos. Nunca los alumnos que son diagnosticados como de necesidades educativas pueden salir del grupo del aula para recibir cualquier atención especializada, eso es segregación y está en contra de la inclusión.
Todos los alumnos son diversos, desde su huella dactilar que les hace únicos e irrepetibles, hasta lo que hay debajo de su piel: sus sentimientos, sus emociones, sus expectativas, y con sus diversos estilos de aprendizaje, distintos ritmos de aprendizaje y con las distintas mochilas que traen de sus padres, familia y entorno social próximo.
Todos aprenden y de ahí la importancia del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para que quepan todos, y la instrucción personalizada para adaptarse al ritmo y necesidades de cada uno. En ambos estamos trabajando.
Aunque buena parte de los recursos de la educación especial se orientaran hacia la inclusión es posible que los no sean suficientes. Es, sin embargo, prioritario el compromiso y la convicción, la inclusión educativa es una cuestión social, es una necesidad.
La prensa se hizo eco de que un centro educativo había impedido la entrada a una persona de apoyo para un alumno del “espectro autista”, el mundo al revés. En una sociedad democrática, el voluntariado, tanto de organizaciones como individuos, es un componente complementario de las acciones de desarrollo social en determinados ámbitos, singularmente en educación, sanidad e investigación.
En esta llamada a la inclusión, las acciones voluntarias son necesarias pero, para que sean éticas y efectivas, se precisa que aporten determinadas características: libertad de iniciativa y desarrollo, ausencia de lucro y generación de acciones de valor especial, solidaridad no particularista, y conformidad con las leyes y normas de funcionamiento.
La inclusión educativa es un derecho, pero su respuesta tiene que ser social, es una cuestión de todos y en todos los ámbitos.
