Estamos en plena cruzada de la derecha, la iglesia, la clase media y el empresariado con intereses en el negocio educativo, de defensa de la enseñanza concertada con la bandera del derecho a la libertad de elección de centro y de la demanda social. Este tema es de vital importancia en las políticas educativas que se pueden estar diseñando para el futuro en nuestro país y por las consecuencias que tiene en la construcción de una sociedad democrática más justa y equitativa. Los dos polos que quiero analizar brevemente son “la libre elección de centro” y “la segregación” que produce.
Para poder realizar este análisis creo que es necesario tener en cuenta el contexto en que se desarrollan, para poder explicarnos y comprender mejor lo que está pasando. Considero que “la libertad de elección” es uno de los mecanismos básicos que sustentan este modelo dominante de segregación y exclusión en nuestras sociedades. Estos son algunos aspectos que podemos tener en cuenta para saber en qué mundo estamos: el dominio del modelo de sociedad y de educación neoliberal; el poder del mercado de producción y consumo; el ataque a los derechos humanos, íntimamente ligados al desprestigio de lo común, lo colectivo y lo público; el aumento de la desigualdad; la valoración de que la educación es un nicho de negocio nada despreciable; por eso el bien de la educación, que no el derecho, se vende en el mercado y lo compra quien lo puede pagar. Se trata de convertir los centros educativos en empresas que obtengan el máximo rendimiento en el mercado de la educación. Toda esta dinámica se desarrolla mediante determinados mecanismos: la demostración de que es necesario el desarrollo de un mercado de la educación eficaz, eficiente y competitivo, porque la educación pública no es nada de esto; la nueva gestión empresarial (NGE) concretada en el espacio público a través de la nueva gestión Pública (NGP); la alianza público-privado que haga posible la penetración de lo privado en lo público por diversos mecanismos: privatización de determinados aspecto de la vida escolar, la presencia programada por la propia administración de diferentes empresas de servicios, tecnológicas, de IA…; presencia y apoyo a la innovación educativa promocionada en el espacio público por la filantropía empresarial a través de sus fundaciones (BBVA, Telefónica, COTEC, Apple…). Todo lo anterior está en el trasfondo de los argumentos de quienes defienden la falacia de la libertad de enseñanza identificada con libertad de elección de centro.
Los defensores de la libertad de enseñanza, identificada con la libre elección de centro, alegan diferentes justificaciones de su posición: es un derecho constitucional; corresponde a las familias la educación de sus hijos; es necesario que estas pueden elegir el centro que quieran sin ninguna cortapisa, por eso defienden la zona única de escolarización; entienden que en la escuela pública se adoctrina a sus hijos y en la concertada no; exigen, en nombre de esa libertad de elección, que se financien y se sigan financiando sus escuelas con dinero público. Dicen que los resultados son mejores que en la escuela de titularidad pública.
Podemos partir de la idea y la realidad de que “la libertad de elección de centro” no es un derecho y no está contemplado en la constitución en el art 27 (Lo dice el Tribunal Constitucional en la sentencia 86/1985, de 10 de junio). Sí lo son la libertad de enseñanza y la libertad de creación de centros. Pero no hemos de olvidar que esto no implica que se deba financiar con fondos públicos dicha libertad, como desde hace mucho tiempo nos quieren hacer creer los que defienden los intereses de las empresas de la enseñanza privada.
La libertad de elección de centro la justifican y defienden quienes tienen intereses económicos, sobre todo, e ideológicos. Además es una libertad que solo la pueden practicar unos pocos: los que la pueden pagar, los que se pueden desplazar, los que quieren que sus hijos se mezclen con los de su clase y no con todos, los que quieren preservar un capital cultural que les sitúe en condiciones favorables para competir en el mercado de trabajo y de consumo, los que quieren que sus hijos se relacionen con quien les pueda garantizar éxito en el futuro, los que quieren situar a sus hijos en un estatus superior de dominio social.
Las familias creen que son ellas las que eligen los centros para sus hijos. En la realidad son los centros los que seleccionan a su alumnado de diversas maneras: ubicando sus centros en los barrios y zonas de clase media, media-alta y clase alta; seleccionando por capacidad intelectual que garantice al centro el éxito en la competitividad por los resultados; expulsando a los que ponen en riesgo el éxito del centro por su bajo rendimiento; aceptando a los que tienen recursos que les garanticen el negocio y la estabilidad económica; acogiéndose a proyectos que convierten en oportunidades para segregar y seleccionar a sus clientes (bilingüismo, innovaciones que cuestan dinero, servicios especiales…).
El diccionario de la RAE nos dice que segregar es: “Separar y marginar a una persona o a un grupo de personas por motivos sociales, políticos o culturales”. Así pues “segregación” es separación y afecta a todos como segregadores-marginadores (incluye a todos los que son-somos conniventes con la realidad de la segregación) o segregados-marginados. Así se crean centros de enseñanza para ricos (privados, concertados, y algún centro de titularidad pública que se mimetiza con la escuela privada) y uno de sus efectos más perniciosos es que éstos no sabrán convivir con los demás y no aprenderán los valores humanos más elementales (solidaridad, respeto, compasión, empatía…), porque nunca se relacionarán con los otros; los hijos de los estratos sociales bajos serán segregados en centros para ellos en sus propios barrios-gueto (el llamado “efecto barrio” en las actuales ciudades globales) y serán ignorados en las políticas socioeducativas, con frecuencia será en centros gueto de titularidad pública; son las escuelas para pobres. No olvidemos que la segregación se puede dar por diferentes motivos, pero el factor más importante es el económico, que se suele ocultar, siendo clave como mecanismo de segregación encubierta, como nos muestra el informe de Save the Children sobre este tema “Mézclate conmigo” de abril de 2019.
La segregación escolar es una realidad constatable en los datos y en la cotidianeidad de la vida de los centros educativos (ver Javier Murillo y Cynthia Martínez-Garrido). Estos procesos de exclusión responden a un modelo educativo que estructuralmente se concreta en un sistema educativo que es segregador por la propia naturaleza del sistema socioeconómico en que se desarrolla.
Está demostrado que hay una relación directa entre libertad de elección de centro y segregación escolar. La libertad de elección de centro es una realidad para los que la pueden pagar y eligen la red privada no concertada, cueste lo que cueste. La red privada concertada es la que, financiada con dinero de todos, suele jugar sucio seleccionando a su alumnado, ataca de todas las formas posibles cualquier política educativa que quiera poner límites a su próspero negocio. Ahí tenemos dos hechos que últimamente han mostrado con mayor evidencia esta realidad: la declaración de la ministra de Educación en el último congreso de las escuelas católicas de noviembre de 2019. Éstas pusieron el grito en el cielo cuando la ministra diferenció “libertad de enseñanza” de “libertad de elección de centro”, porque entendían que esta diferenciación implicaba un cuestionamiento de los conciertos educativos. Otro hecho fue la propuesta del Ministerio de Educación de escolarizar en centros ordinarios al alumnado de centros de educación especial susceptibles de ser atendidos adecuadamente en los centros ordinarios. Entonces los centros privados concertados de educación especial denunciaron y se organizaron para defender la segregación de ese alumnado y mantenerlos en sus centros para seguir manteniendo su negocio sin tener en cuenta la realidad de ese alumnado. Todos ellos anuncian movilizaciones, contra las posibles decisiones en política educativa del nuevo Gobierno, para defender tanto la libertad de elección como la concertación de los centros de educación especial tal y como están hoy. No voy a entrar en cómo se está dando ahora un paso más, con la disculpa de la libertad de elección y la propiedad de los hijos en la destrucción y el control de la escuela pública, la eliminación del pluralismo y la aniquilación de los derechos de la infancia. Este análisis lo hace Jaume Carbonell en otro artículo en este mismo número del Diario de la Educación.
Se apela a la demanda social de educación privada concertada. Es verdad que hay una demanda social creciente a medida que las propias políticas públicas de las administraciones, ocupadas para poner lo público al servicio de los intereses privados, se están encargando de deteriorar la calidad de la escuela de titularidad pública. Así la desprestigian haciendo creer que la escuela privada es de superior calidad. Algo que no es real. El propio Informe PISA de 2018 (publicado el 3 de diciembre de 2019) nos dice que la escuela pública obtiene resultados similares (un poco mejores) que los centros privados cuando se dan condiciones semejantes. Con los conciertos educativos las clases populares financian la educación de las clases medias y altas y se reproduce con dinero público la segregación escolar y la desigualdad social.
Es necesario tratar temas que se suelen eludir al defender el derecho absoluto de las familias a la libre de elección de centro. Son cuestiones centrales que están siempre en el trasfondo de este tema. Entre otros están: la relación derecho a la educación mercado de la educación, sociedad de clases y escuela segregadora, la relación de la escuela pública con la privada, la subsidiaridad entre ellas, relación inclusión-exclusión, relación equidad escolar y desigualdad económica y social, libertad de educación y adoctrinamiento, modelo de escuela pública-modelo de escuela selectiva y segregadora, educación crítica para la emancipación y educación adoctrinadora para la sumisión…
Algunos optamos claramente por defender una escuela pública que haga innecesaria la falacia de la libertad de elección de centros porque entendemos que cada escuela pública, en cada barrio, ha de ser la de mejor calidad para dar respuesta al derecho de todos a la educación sin ningún tipo de exclusión. Sencillamente porque creemos que ese modelo de escuela pública es el de una sociedad justa basada en la libertad, la igualdad y la fraternidad humanas. Es una escuela que respeta y practica la libertad de enseñanza para todos, la justicia social y escolar, la equidad y el respeto a lo que cada uno quiere ser, la pluralidad, la diversidad, el cuidado mutuo y el derecho a la fraternidad. Esto solo es posible en la escuela de titularidad pública si logramos que responda al referente utópico de la escuela pública que desde el movimiento de transformación de la educación defendemos desde hace mucho tiempo.
