En Cataluña, por ejemplo, ya hace más de una década que Google cedió al Departament d’Educació el uso de lo que entonces conocíamos como Google Apps (ahora Google for Education). ¿Qué implicaba dicha cesión? En principio, el acceso al entorno de correo electrónico de Google, personalizado para el Departament, con mayor capacidad de almacenaje y sin anuncios. Además del acceso a los diversos servicios de la compañía y, más recientemente, a la Suite que Google ha desarrollado para el ámbito educativo: Google for Education.
Tal y como sucedió en la Administración educativa en torno al año 2010, el servicio que ahora ofrece Google aligera la gestión del profesorado en los centros educativos. En aquel momento, el Departament d’Educació administraba las cuentas de correo electrónico de todo su personal docente y administrativo e impulsaba también la creación de cuentas de correo para el alumnado de secundaria en todo su sistema. Y lo hacía contando con pocos recursos humanos y técnicos. En ese contexto, el acuerdo entre Google y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) introdujo en la administración un servicio con el que la mayoría de los y las usuarias estaban ya familiarizadas (Gmail) sin costo económico asociado.
A pesar de las voces que ya alertaban, dentro y fuera de la propia Administración, de los potenciales riesgos de la entrada de una compañía privada a la gestión masiva de herramientas y datos de profesionales, la presencia de Google en la Administración educativa ha ido afianzándose y naturalizándose a lo largo de los años. Tal es así que, sin demasiado ruido, la misma situación parece estar replicándose en los centros educativos.
La gestión de las infraestructuras y servicios digitales en las escuelas e institutos ha recaído en docentes que, con mucho esfuerzo, voluntarismo y autoformación, han asumido tareas de mantenimiento y configuración de los equipos que llegaban a sus centros, y de formación y orientación del resto de docentes. Con mucha frecuencia, además, las han desempeñado sin el acompañamiento experto ni institucional necesario. Ante este complejo escenario, no sorprende la buena recepción que ha tenido un servicio como Google Classroom.
Esta plataforma digital educativa ofrece un conjunto de prestaciones que simplifican muchas de las tareas de las coordinaciones TIC. Por un lado, es independiente de la infraestructura digital del centro. Así, sean cuales sean los equipos disponibles, la plataforma podrá usarse a través del navegador web. Esta característica permite, entre otras cosas, aligerar la necesidad constante de actualización de equipos que requiere un sistema basado en, por ejemplo, Windows.
Por otro lado, los servicios de la Suite de Google contemplan diversas posibilidades en la configuración del dominio de la escuela y de sus cuentas de correo electrónico. Así, por ejemplo, un centro educativo puede decidir que el correo electrónico que se activa para su alumnado solo pueda recibir y enviar correos a otros usuarios del mismo dominio (y no a direcciones externas a la escuela). Esta opción es útil para controlar el entorno de comunicaciones del alumnado, así como para prevenir la suscripción a otros servicios con la dirección de correo escolar. Finalmente, otro de los rasgos que hacen del servicio una opción atractiva para los centros educativos es la posibilidad de mantener un control centralizado de las aplicaciones disponibles en el entorno digital, de forma que eventualmente sólo aquellas necesarias para el desarrollo de las propuestas docentes estén instaladas por defecto o puedan instalarse si es necesario.
Pero si un servicio como el que ofrece esta plataforma genera una valoración tan positiva en parte de la comunidad educativa ¿por qué, entonces, deberíamos preocuparnos? Esta ha sido una de las preguntas que ha guiado la ejecución del proyecto edDIT, coordinado por el Grupo de Investigación Esbrina de la Universidad de Barcelona y la AFFAC (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya). En plena ejecución de las tareas investigativas que una iniciativa como esta conlleva, en esta primera fase hemos podido esbozar dos grandes aspectos sobre los que valdría la pena plantear una discusión en profundidad.
Debiéramos preguntarnos en qué medida la alfabetización digital del alumnado en un entorno único -sea de la plataforma que sea- le puede proveer del conjunto de herramientas y saberes necesarios
En primer lugar, aunque las empresas que proveen este tipo de servicios se comprometan a cumplir la normativa vigente en relación con la protección de datos y la privacidad de los usuarios, lo cierto es que la imposibilidad de auditar su funcionamiento impide también comprobar hasta qué punto se mantiene dicho compromiso. Tampoco es posible saber hasta qué punto se capturan datos de uso del alumnado que, de forma agregada, podrían utilizarse para mejorar la propia plataforma, pero también para construir y definir perfiles de usuario.
En segundo lugar, es imprescindible recordar que, aquí, estamos hablando de educación. Y en un contexto educativo debiéramos preguntarnos en qué medida la alfabetización digital del alumnado en un entorno único -sea de la plataforma que sea- le puede proveer del conjunto de herramientas y saberes necesarios para desenvolverse digitalmente de forma autónoma y crítica. Dicho de otra forma, en qué medida familiarizarse con un conjunto restringido de herramientas digitales compromete su capacidad de comprensión y transformación de “lo digital”, y en qué medida la exposición intensiva a un único entorno digital lo posiciona como potencial consumidor -ya fuera del sistema educativo- de los servicios que la empresa proveedora de la plataforma educativa le ofrece. Porque, si bien el acuerdo entre Google y el Departament d’Educació no supone un coste económico para la administración pública, parece difícil pensar que no implica un beneficio para la empresa.
Probablemente de lo que se trata es de favorecer una mayor comprensión de parte de la comunidad educativa, sobre las posibilidades que ofrecen, pero también de los límites que conlleva incorporar las plataformas digitales corporativas en los centros educativos, especialmente en aquellos de gestión pública. Nuestro trabajo investigativo en las escuelas e institutos catalanes, nos está señalando una valoración asimétrica al respecto. Y nos preocupa, pues lo que queda en evidencia es que con un sistema educativo vacilante y pasivo con las Big Tech, y más allá de los enormes esfuerzos de docentes y estudiantes por construir un mundo educativo digital con sentido: (1) se pueden poner en riesgo derechos fundamentales de infantes y adolescentes, y (2) se está limitando el potencial crítico de la ciudadanía que se construye en la dirección unidimensional que tanto temía Marcuse.
Habrá que estar atentos/as…
