Parece parte de la eterna pelea de la Comunidad de Madrid con el Gobierno central. Los sindicatos aseguran que en las reuniones de negociación mantenidas con la Administración educativa, esta insiste en que no pueden modificar el baremo de este grupo de cientos de docentes.
Desde la Consejería de Educación no hacen prácticamente ningún comentario. Se limitan a decir que es lo que marca el Real Decreto 276 y que “la Comunidad de Madrid cumple con las leyes vigentes”.
A la pregunta de porqué en otras autonomías, como Castilla-La Mancha, se ha podido negociar para que este personal no pierda la mitad de su experiencia, Madrid da la callada por respuesta a este periodista. Desde CCOO, han recogido en algunos comunicados, que se les ha trasladado la idea de que estos cambios de criterio pueden suponer un delito de prevaricación por su parte y que por eso no se contempla.
Desde el Ministerio de Educación, FP y Deporte tampoco dan mucha información sobre las posibles maneras de interpretar un decreto que han cambiado y elaborado desde el Departamento que dirige Pilar Alegría. Además, aunque CCOO ha dicho que apelarían a esta administración en busca de soluciones, no han tenido noticias al respecto.
Drama personal
S.B. es docente de formación profesional desde hace casi década y media. Es una de las muchas personas que han pasado al grupo A1 en los últimos años. Prefiere mantener el anonimato, pero quiere hablar de su situación, común para muchas de las personas que integran el grupo de antiguos profesores técnicos de FP.
Está divorciada y su salario es el que paga la hipoteca, los recibos y el que mantiene a su hijo, que vive con ella. Tras el último proceso ella y sus compañeros se dieron cuenta de que en vez de contarles un máximo de 5 puntos, uno por año de experiencia laboral, solo les habían puntuado 2,5. “Pensamos que había sido un error”, asegura.
Según explica, comprende perfectamente que si se hubiera presentado a otra especialidad de docencia, le hubiera pasado, “pero yo me presenté a la misma oposición que los últimos años”.
María (nombre ficticio), compañera de otra familia de FP, tiene el mismo problema. También prefiere guardar cierto anonimato porque se encuentra en mitad del proceso. «No puede ser que tenga menos puntos que hace dos años», se queja al teléfono. Tiene diez años de experiencia, aunque solo le contarán 2.5 (medio punto por año, hasta un máximo de 5) y ha perdido otro 0,5 por la formación, que solo cuenta los estudios de máster.
Tormenta perfecta
Se trata, casi, de una tormenta perfecta. Por una parte, alguien decidió, S.B. no sabe quién, que solo se contaría en ciertos procesos selectivos, los últimos cinco años de experiencia. Esto penaliza gravemente a quienes más tiempo llevan y tienen más experiencia docente. Ella lleva 14 años, pero tiene compañeras y compañeros con hasta dos décadas a sus espaldas. Ahora están en igualdad de condiciones que otros docentes más inexpertos.
A esto se suma el hecho de que, a pesar de que pidieron a los sindicatos que lucharan para que las oposiciones no se celebrasen este año, para desligarlas de otros procesos, no ha sido así. De esta manera, docentes del cuerpo de secundaria, de ramas que no tienen nada que ver con las de S.B. y sus compañeros, también se presentaron. Esto hace que cuando antes se presentaron 200 aspirantes, el último año eran 600. “Gente de historia, de administración de empresas o que no tenga idea de informática estarán formando a los futuros trabajadores”.
Finalmente, competir con más compañeras y de otras ramas muy diferentes, se vuelve más complicado cuando estas personas tienen el doble de puntuación en el baremos, hasta cinco puntos, que tú. “Es bajar del puesto 20 de la lista, al 200. No podré trabajar en septiembre, después de la cantidad de gente que he formado. La experiencia es un grado, sin querer menospreciar a los nuevos”.
Para María, tiene lógica, por ejemplo, que se haya topado la baremación de la experiencia en cinco años. «Yo también fue interina joven sin experiencia», comenta, pero ahora, cuando ella ya tenía una década a sus espaldas, está como al principio, «llegamos tarde a todo». «Es un sin sentido que se nos cuente la experiencia a la mitad cuando vamos a seguir desarrollando las mismas funciones y ocupando el mismo puesto de trabajo que ya veníamos haciendo anteriormente y que otras compañeras solo por pertenecer al cuerpo de secundaria sin tener experiencia en el sector de servicios a la comunidad vean valorada su experiencia al doble de puntuación sin haber trabajado nunca en la especialidad». «La calidad de la educación se va a resentir», cierra.
Guerra de administraciones
Esta es una lucha que ya dura muchos años entre PP y PSOE y los sindicatos. Qué debe primar más, si la experiencia profesional o la formación, inicial o permanente, del aspirante. Desde hace años, la primera ha ido perdiendo peso en todo tipo de procesos selectivos a la función pública docente frente a la segunda.
S.B., en este sentido, también critica que en el proceso en el que ella participa, el baremos solo cuente como méritos los estudios de máster. Ella, por ejemplo, además de la experiencia en FP, también ha dado clases en alguna universidad pública madrileña y ha corregido temarios y materiales formativos. Además, tienen los cursos preparatorios del doctorado, aunque no llegó a terminarlo. Toda esta experiencia y conocimiento no le cuenta ni un solo puntos. “Solo vale tener dinero, pero yo no tengo 7.000 euros para el máster”.
Esta situación supuso que ella, así como otros compañeros, no pudieran estabilizar la plaza en el último procedimiento. Se quedaron a las puertas, a pocos puestos, pero sus méritos no contaban.
Explica esta docente que cuestión a parte es la de la corrección de las pruebas. “En la última convocatoria, solo se han adjudicado el 15 % de las 50 plazas ofertadas” y aunque ella, así como otras compañeras, han solicitado la revisión “pero no hay criterios claros de corrección, solo para las faltas de ortografía. No sé cuánto me penalizan los fallos”. Opina que la corrección es arbitraria y que podría solventarse con exámenes tipo test. Además, cuando han pedido las revisiones, en menos de 24 horas y con cerca de 600 exámenes sobre las mesa, les han dicho que estas se habían hecho y las notas eran exactamente las mismas para todo el mundo. “Y no podemos ver los exámenes”.
Si no estás de acuerdo con el proceso, comenta S.B. “puedes dirigirte al órganos jerárquicamente superior, que tendrá tres meses para dar respuesta, lo que implica que el curso ya habría empezado y, si quieres seguir después, puedes ir a un contencioso-administrativo”, para el que ya tendría que pagar a un abogado con un dinero que no tiene.
Además, explica, que muchas y muchos de sus compañeras, así como ella misma, tienen toda esta experiencia, no porque no hayan sido capaces de conseguir plazas o estabilizarlas, sino porque el anterior ejecutivo popular de Esperanza Aguirre, congeló los procesos durante una década. Esto hace que cada año, se cubran decenas de plazas con personas interinas que son despedidas el 31 de agosto y vueltas a contratar el 1 de septiembre.
¿Y los sindicatos?
S.B., así como buena parte de las y los compañeros que están en su situación, y que se organizan y hablan en grupos de WhatsApp, señala a la Consejería de Educación como máxima responsable de esta situación, de no buscar una solución o no hacer lo mismo que ha ocurrido en otras autonomías, como Castilla-La Mancha.
Pero también miran hacia los sindicatos. Aunque ella está afiliada a uno, cree que en este asunto “no han estado a la altura”, que firmaron unos acuerdos en donde se reducía la experiencia a cinco años mientras se reducía a la mitad su peso en el baremo. “El acuerdo lo han firmado todos los sindicatos. Rectificar es de sabios, pero no han hecho nada”, asegura esta docente.
Mientras tanto, las centrales sindicales aseguran que estarán del lado de las y los trabajadores. Que intentarán presionar a la Comunidad de Madrid para que negocie una salida a esta situación, al mismo tiempo que animan al colectivo a presentar quejas y alegaciones individuales que ellos apoyarán.
Para S.B. el problema de judicializar la situación estriba en que, aunque los tribunales acaben por darles la razón, durante el tiempo que ella esté sin trabajo, ella no podrá pagar las facturas o la hipoteca. De hecho, está buscando alternativas en el sector privado. María está de acuerdo, aunque dice que no quiere criticar a los sindicatos, sí le parece contradictorio que en mayo firmaran un acuerdo de interinidad en el que se contemplaba la situación que hoy mismo los sindicatos intentan revertir.
La Comunidad de Madrid, a preguntas de este periodista, se limita a decir que siguen la normativa básica del ministerio, sin explicar por que´son la única comunidad autónoma de todo el estado que está puntuando a los profesores técnicos ahora en secundaria a la mitad. Por su parte, fuentes del Ministerio de Educación, FP y Deportes aseguran que se negoció la situación con las consejería del ramo y se acordó que serían ellas quienes facilitaran que la baremación contara la experiencia con un punto, y no medio.
1 comentario
Gracias María y a otros más por la gran preocupación por nuestros hijos ; una pena que después de hacer tantos Esfuerzo y con varios años de experiencias quieran dejarlos fuera de la lucha que tienen por dar una buena Educación A los hijos de todos y después de tantos años de Vuestra Experiencia les dejen prácticamente en la calle .que pena !