La pobreza impacta, y mucho, en la educación

El impacto de la pobreza y la exclusión social se agiganta cuando ponemos la mirada en la infancia y su incidencia en el llamado rendimiento escolar. Por eso es necesario conocer la respuesta de la escuela y la educación en general ante este grave problema. Hay una relación directa entre pobreza infantil, fracaso escolar y exclusión social que no suele tenerse en cuenta. Es necesario denunciar la ocultación que el academicismo escolar tradicional hace de todas estas situaciones.

La pobreza y la exclusión social presenta una multidimensionalidad de rasgos que hemos de tener en cuenta: la posición en el mundo laboral y económico, la dificultad de acceso a los servicios y a las tecnologías digitales, el descarte en el ámbito de las relaciones sociales y las consecuencias psicosociales que conlleva. Ello implica que la exclusión y la pobreza tienen un eje económico en cuanto al empleo y el consumo; otro eje político-ciudadano en cuanto a derechos políticos (de educación, salud, vivienda…); además está el eje sociorelacional donde se viven el conflicto y el aislamiento social;  y otro eje, que incrementa la exclusión en todas las anteriores dimensiones, es el que dificulta el acceso a las nuevas tecnologías y a los conocimientos y actitudes necesarias para utilizarlas para aprender y ejercer la ciudadanía. Este último factor no ha sido tenido en cuenta en las medidas del Ministerio de Educación en el periodo de confinamiento, aumentando la brecha de la desigualdad en una sociedad que se digitaliza cada día más.

Una de las informaciones más frecuentes en nuestro cotidiano vivir es la creciente desigualdad en la sociedad. Periódicamente aparecen noticias relacionadas con la desigualdad social, la pobreza y la incidencia de esta en la infancia en nuestro país. Especialmente escandaloso es el reciente informe elaborado por el relator de la ONU para luchar contra la pobreza. Philip Alston confirma: “se concentran en escuelas segregadas el 44 % de los estudiantes y el 72 % de niños/as en situaciones vulnerables, principalmente romaníes y migrantes. Las consecuencias de tal concentración persisten más allá de estas etapas educativas y se manifiesta de forma evidente en la repetición de cursos, abandono escolar y disminución de expectativas universitarias”. Su visita para conocer nuestra realidad ha puesto sobre la mesa, una vez más, las situaciones de exclusión social de muchos colectivos, especialmente la infancia. Vuelve a aparecer, aún más, en la situación de excepcionalidad que vivimos ahora.

Mientras, son escandalosas las cifras del aumento de los millonarios de nuestra sociedad, que se ha quintuplicado en los años de la crisis. Detrás de ello está el modelo económico y social que se sigue defendiendo: el capitalismo neoliberal. La riqueza acumulada por unos pocos, el 2% de la población de millonarios, tiene como consecuencia directa el aumento de hasta cerca de un 33% de quienes se encuentran en el umbral de la pobreza. Pero esto no parece conmover, ni en sentimientos ni en acciones, a muchas personas ni a los dirigentes mundiales.

Es importante que tengamos en cuenta algunos datos para que nos situemos mejor a la hora de analizar lo que está sucediendo y poder tener un criterio sólido para defender la transformación necesaria que nos lleve a otro escenario de justicia social y equidad para toda la humanidad y el planeta.

No podemos seguir repitiendo los mismos errores. La ficticia salida de la crisis económica desde 2008 ha profundizado esta situación de desigualdad social. Los planes de ajuste y de austeridad, a costa de la población y de recortes en servicios públicos y protección social, ha provocado que la población en situación de precariedad y necesidad siguiera creciendo (mientras las grandes fortunas seguían evadiendo en paraísos fiscales, se aumentaba escandalosamente el gasto en armamento, se rescataba a los bancos y la especulación bursátil aumentaba). Ahora nos lamentamos, en esta nueva crisis, de esos recortes en sanidad pública o de su privatización, o de no tener residencias públicas de personas mayores con recursos suficientes.

Por eso, en España muchos de los indicadores de pobreza y desigualdad están muy por encima de los niveles anteriores a la crisis. No hay más que ver los últimos informes: VIII Informe Foessa, de Save The Children, Dossier 8 del Observatorio Social la Caixa, entre otros. Que nos dicen que “el 18,4% de la población española, 8’5 millones de personas, está en exclusión social. Son 1’2 millones más que antes de la crisis” de 2008.

Y la población en riesgo de pobreza o exclusión social^[1] se ha llegado a situar ya en el 26,1%. Y la tasa de riesgo de pobreza infantil se sitúa en el 28,3%, 2,2 millones de niños y niñas, según los datos aportados por la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del año 2018. Una tasa 10 puntos mayor que hace dos décadas.

España es el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil. Al mismo tiempo que es uno de los países de la UE que menos dinero público invierte en programas específicos para la familia y la infancia. A esto se añade que nuestro país es el más desigual. Entre los años 2007 y 2017, la desigualdad ha aumentado 2,2 puntos frente al 0,1 de la media europea.

No podemos olvidar que, en el sufrimiento de las situaciones de pobreza y exclusión y su perpetuación, juega un papel importante el nivel de educación. El 33,8% de la población que ha alcanzado un nivel educativo inferior o equivalente a educación secundaria obligatoria, estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en la ECV de 2018 (con ingresos del año 2017). Por su parte, cuando el grado alcanzado es la educación superior, dicha tasa se reducía hasta el 12,6%. A ello podemos añadir que la inversión pública absoluta en educación ha disminuido en relación con el PIB, con especial incidencia en la escuela pública, donde está la población más desfavorecida, aumentando la segregación por su situación económica y étnica.

En el momento actual, hay una nueva crisis, la del coronavirus, que se añade a la que ya vivíamos por la crisis ecológica y económica y que nos llena de incertidumbre. Todo apunta a que las mayores víctimas de ésta sigan siendo los más débiles de nuestra sociedad: los mayores enfermos y la infancia empobrecida.

Se cierran los colegios durante semanas, lo que sufrirán más y generará más desigualdad en los que requieren más atención y tienen menos recursos. Este alumnado va a ser el menos atendido, pues se estima que, de las familias que ingresan menos de 900 euros al mes, un 42% no tiene ordenador en casa y un 22% no tiene acceso a la red. También carecen en mayor  grado del nivel formativo que les permita acompañar el proceso de aprendizaje de sus hijas e hijos. Esto sin tener en cuenta la educación no obligatoria. Para ellos en realidad se interrumpe el proceso educativo, se deteriora su alimentación y se tensa la convivencia por el estrés que suelen vivir por las carencias y la precariedad laboral de sus familias. La referencia de la mayor parte de las medidas tomadas es la infancia de las clases medias y urbanas. Tendríamos que reflexionar si en esta crisis se atiende mejor a los animales de compañía que a la infancia encerrada, olvidada y desaparecida. La pobreza y la situación económica condiciona el derecho a la educación en condiciones dignas. Se da una emergencia social por la pobreza en muchos centros educativos públicos, donde se concentra la población más necesitada y es necesario plantear propuestas inclusivas y equitativas, no solo para el tiempo de la crisis del coronavirus, sino también para después.

Esta situación hace que vivamos una permanente emergencia social silenciada desde la ausencia de políticas sociales que, hasta este momento, han hecho poco por dar respuesta a esta situación. Más bien se ha decidido ocultar y minimizar el drama de la pobreza, también la infantil, en vez de afrontar seria y claramente sus causas: el capitalismo. Ahora se visibiliza, poniendo todos los gritos en el cielo cuando se maltrata a la infancia empobrecida, con la comida basura que les obsequian algunas comunidades. Pero no se habla de las causas y de la solución sistémica que requiere. Así la pobreza se hace endémica; es invisibilizada y, cuando se ve, incluso se llega a criminalizar culpabilizando a las víctimas; se acaba naturalizando. Es una pobreza encerrada en guetos; es repudiada, estigmatizada y excluyente; es una pobreza que se hereda de generación en generación, que se nos presenta como inevitable y necesaria, constitutiva del sistema capitalista que todo lo ocupa, porque nos aseguran: “no hay alternativa”, como popularizó Margaret Thatcher, la otrora adalid de la ideología neoliberal.

Es necesaria una toma de conciencia colectiva del significado de esta problemática. Ello implica una decidida postura ética y política de lucha contra la desigualdad social, la desigualdad escolar y por la equidad y la justicia social y escolar. Para hacerla efectiva se hacen necesarios planes de acción en esa dirección. Esto exige que el sistema educativo haga una revisión a fondo de su trato a la infancia empobrecida para dar un giro contundente a favor de ella. Para ello se hace imprescindible una respuesta sistémica y articulada a través de decisiones de políticas públicas sociales sobre todo en educación, salud, servicios sociales y transferencias de apoyo económico redistributivo. Es la única manera de romper el círculo vicioso de la pobreza heredada por generaciones. Aquí se apuntan de forma muy resumida algunas de las posibles líneas de actuación:

• Aumento de las inversiones en políticas educativas, sociales y laborales favoreciendo una mayor igualdad en la distribución de la riqueza. Es la única manera de romper la cronificación y con el círculo de la pobreza.
• Apoyo decidido a las familias con pocos ingresos ampliando las prestaciones y apoyos económicos y de atención social según sus necesidades.
• Garantizar el derecho a la educación en todos los niveles educativos. Ofertar plazas públicas y gratuitas de calidad para toda la población en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3).
• En la etapa obligatoria garantizar que la calidad de la enseñanza esté asegurada en todos y en cada uno de los centros educativos públicos con recursos y profesorado estables y suficientes. Y establecer medidas y recursos suficientes para prevenir las dificultades, de tal forma que nadie se quede atrás y se pueda garantizar el éxito escolar y social de todas y todos.
• Eliminar las vías de desigualdad y segregación universitaria. Derecho a la educación permanente accesible a toda la población en la educación pública.
• Avanzar hacia una escuela inclusiva potenciando las políticas de educación de igualdad. La escuela pública ha de garantizar la gratuidad y calidad de los refuerzos y apoyos de todo tipo llevando a efecto acciones de diferenciación positiva con el alumnado más desfavorecido social y económicamente, y con el alumnado con necesidades educativas específicas para la formación de una sociedad mejor.
• Compromiso de las instituciones educativas que garanticen una mayor dotación de profesionales y optimización de los recursos materiales, la mejora de las condiciones de trabajo y una mejor formación del profesorado.
• Crear una red pública de educación integral y a tiempo completo poniendo en relación la escuela y otros servicios educativos del barrio y la comunidad. Cuidar las actividades complementarias y extraescolares que suelen quedar fuera del alcance de la infancia socialmente desfavorecida. El objetivo es integrar en un mismo proyecto educativo personalizado los diversos espacios y tiempos potencialmente educativos de la infancia que ofrece cada comunidad.

Todas estas acciones deben sustentarse en una resignificación radical de los vínculos entre democracia, derechos humanos y lucha contra la pobreza en el sistema educativo y en la sociedad.

Para finalizar, pedimos a todas las escuelas y espacios educativos algo que ya se hace en diferentes comunidades educativas:

• Conocer la situación social y familiar del alumnado y tener en cuenta cómo le afecta.
• Acoger a todos desde la singularidad de cada uno y respetar la particularidad de los procesos y ritmos personales estimulando todo lo positivo y todas sus potencialidades.
• Compensar las carencias de todo tipo en la medida de lo posible con los recursos y apoyos necesarios.
• Hacer realidad que las escuelas puedan ocuparse más y mejor de la infancia empobrecida, donde sea posible vivir prácticas y experiencias de vida infantil que le proporcionen seguridad y afectividad sintiéndose personas queridas, donde puedan participar y tomar decisiones sobre su propia vida.
• Involucrar a las familias y el entorno en el proceso educativo, convirtiendo a la comunidad social en una comunidad educadora.

La lucha contra la pobreza es un largo camino que requiere de éstas y otras muchas medidas y propuestas políticas para erradicarla. Y en tiempos de emergencia social como el presente cabe multiplicar las inversiones e intervenciones. Hoy, más que nunca, nos sentimos impulsados a luchar contra la pobreza infantil, que no es otra cosa que comprometernos en promover una sociedad más justa, equitativa y fraterna. En esta tarea la educación pública tiene mucho que decir y todos y cada uno de nosotros y nosotras.

^{[1] Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del año 2018, publicada en 2019, el ingreso medio por persona alcanzó los 11.412 euros. Siguiendo los criterios de Eurostat, el umbral de riesgo de pobreza se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas. En 2018, el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona (calculado con los datos de ingresos de 2017) se situó en 8.871 euros. En hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años, dicho umbral fue de 18.629 euros.}