Desde la aprobación de la Ley Orgánica de Universidades, hace 25 años, se han creado en España 25 universidades privadas, una al año, mientras que la última universidad pública, la Politécnica de Cartagena, abrió sus puertas en 1998. En España hay 89 universidades (50 públicas, 39 privadas, 3 nuevas en último curso); en 1997 había 16 universidades privadas. El caso más extremo es Madrid con 6 públicas y 12 privadas (curso 22/23). El boom de los campus privados, alentados especialmente por gobierno autonómicos gobernados por el Partido Popular, no parece que esté cerca de terminar porque el Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades (MCIU) tiene numerosas peticiones más, pendientes de resolver, y hay otros proyectos barajándose en diversas comunidades autónomas (cuatro en Madrid, la comunidad con diferencia con más campus privados, en Extremadura, en Galicia, Aragón, Canarias, Baleares y Andalucía).
Este crecimiento de universidades privadas resulta preocupante. En primer lugar, porque la evolución demográfica no justifica semejante incremento, pues la población de entre 18 y 25 años de edad no se ha visto aumentada y la población de edad infantil y juvenil es progresivamente más reducida cada año, ya que baja desde una población de 526.664 personas de 13 años de edad hasta tan solo 340.664 de 1 año de edad, según los datos de población publicados por el INE. Esto significa que la población potencial en edad de acceder a la universidad lleva años estabilizada y en poco tiempo va a empezar a decrecer. En este contexto, la proliferación de universidades privadas conduce inevitablemente a un sistema universitario sobredimensionado.
En la última década, el número de estudiantes matriculados en universidades públicas se ha mantenido esencialmente estable, mientras que ha aumentado sustancialmente el de las universidades privadas. En 8 años las públicas han perdido 68.000 alumnos y las privadas han ganado 100.000 (MCIU), todo ello coincidiendo con las políticas de incremento de precios, de restricciones financieras aplicadas a las universidades públicas por el Partido Popular desde la crisis financiera, y de quedar fuera de la EBAU, actuando como meras espectadoras de la guerra de las notas de corte. Lo cual está provocando una transferencia de parte del estudiantado universitario del sistema universitario público al privado (en el curso 2023/2024 las universidades privadas habrán sobrepasado a las públicas en número de estudiantes de máster por primera vez), lo que pone en serio peligro la equidad en el acceso al derecho a la educación superior. El coste medio de seguir un curso en una universidad privada multiplica por 5 o 6 el de una universidad pública.
También resulta preocupante la baja calidad de numerosas universidades privadas, tal como han puesto de manifiesto no sólo la valoración de numerosos rectores de universidades públicas, que dudan de que cumplan los requisitos mínimos de calidad, sino también las agencias que garantizan la calidad universitaria, que han emitido en la mayor parte de casos informes desfavorables, a pesar de los cuales las comunidades autónomas han autorizado esas nuevas universidades.
El Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades aprobó en 2021 un nuevo decreto para evitar las «universidades chiringuitos» y endurecer los requisitos para autorizar los campus creados como iniciativa con ánimo de lucro. El Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de Creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios fijó los criterios mínimos exigibles de calidad docente y de investigación, como también de profesorado, equipamientos y organización que todos los centros universitarios del país deben cumplir. Las universidades, así, deberán demostrar su cumplimiento antes de 2026. Es responsabilidad de las CCAA supervisar que las universidades cumplan ese decreto.
A pesar de ello, se siguen creando “universidades chiringuitos” privadas que no cumplen los requisitos previstos y que, insistimos, cuentan con informes desfavorables por parte de las agencias de calidad o de la Conferencia General de Política Universitaria, y que acaban siendo academias de expedición de títulos por pago. A esto hay que unir el negocio de los másteres privados, altamente rentables, que se han multiplicado por cuatro en los últimos diez años.
La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, que representa a universidades públicas y privadas, cree que detrás del crecimiento de la oferta privada están «las limitaciones presupuestarias y administrativas» que han sufrido las universidades públicas en los últimos años. El gasto en instituciones de educación superior españolas es un 20,7% inferior al promedio de la OCDE.
Los informes alertan de una sobreoferta al tiempo que advierten de la proliferación de un ecosistema de “universidades chiringuitos” de baja calidad, con informes desfavorables de las agencias, incumplimiento del marco normativo, falta de investigación, proliferación de formación online no supervisada, especialización únicamente en campos altamente rentables para las empresas y con una oferta limitada que incumple el principio de universalidad de la educación superior y los saberes.
Además, esta sobreoferta de títulos y certificados por estas “universidades chiringuitos” está provocando no solo la degradación de la preparación profesional de los egresados, sino que también incide negativamente en los sistemas de selección y acceso a determinadas profesiones, como los cuerpos docentes. Un ejemplo palmario: El 25% del nuevo profesorado de la Educación Secundaria Obligatoria sale de cuatro másteres ‘online’ privados. Como expresa un observador académico: “nos estamos acercando a tratar la universidad como una escuela de oficios”. Por otro lado, este incremento de universidades, está afectando al prácticum del alumnado de la pública que tiene que competir por las plazas disponibles en los centros educativos públicos, que debe constituir la base de la formación docente.
Lo cierto es que las políticas educativas de la mayor parte de las comunidades autónomas alientan que las “universidades chiringuitos” privados multipliquen su facturación y el número de su alumnado, sobre todo en los másteres y en los grados online, mientras las universidades públicas siguen teniendo hoy en día graves problemas de financiación, falta de recursos y precariedad en las plantillas docentes e investigadoras. España es una anomalía (MCIU), en el contexto europeo la participación de las universidades públicas en máster es 20 puntos porcentuales superior a la española. España es uno de los 5 países de la UE con una menor participación de universidades públicas en alumnado de máster.
Las “universidades chiringuitos” privadas no se han creado por altruismo ni con un sentido de garantizar el derecho a la educación superior de la población, sino en función de criterios de rentabilidad económica, como se constata por el desembarco de los llamados fondos buitre en este sector que consideran uno de los más rentables y en auge. De hecho prácticamente ninguna de esas nuevas universidades aprobadas cumplía los requerimientos establecidos, como así lo han acreditado los informes (no vinculantes) de las agencias de calidad o de la Conferencia General de Política Universitaria: (a) demanda por razón de mayor población escolar que no tenga posibilidad de acceso a las universidades públicas; (b) desarrollo de nuevas ramas por avances científicos que no contemplen las públicas, y (c) cobertura de nuevas necesidades profesionales a las que no den respuesta las universidades públicas; así como que garanticen una formación completa de grados, equilibrada en todos los campos del conocimiento y con unas infraestructuras dignas.
Por eso son necesarias cinco medidas urgentes en política educativa universitaria:
- Financiar adecuadamente a las universidades públicas, destinando al menos el 1% del PIB de forma inmediata (dado que actualmente la inversión pública no llega al 0,76% del PIB) y que progresivamente se incremente hasta alcanzar el 2% (Education at a Glance 2023).
- Establecer de forma inmediata una moratoria en la creación de nuevas universidades privadas.
- Velar por el cumplimiento estricto de los requisitos exigidos legalmente para la continuidad de las universidades privadas, mediante una inspección rigurosa y permanente que compruebe el cumplimiento de los requisitos legales para su mantenimiento. Y establecer medidas sancionadoras, en el caso de incumplimiento de los requerimientos para las universidades, que pueden ir desde el no reconocimiento de títulos expedidos hasta la supresión de la autorización para ejercer como Universidad.
- Crear una unidad fiscalizadora de la Conferencia General de Política Universitaria para la inspección o creación de cualquier universidad privada cuyos informes sean vinculantes, y se requiera, además, otro informe vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
- Planificar por parte de las Administraciones competentes la oferta de plazas universitarias públicas acorde con las necesidades sociales y no sólo en función de la demanda voluble y temporal del mercado, para configurar un mapa universitario que garantice, en la medida de lo posible, el acceso libre a la opción de estudios elegida a través de una universidad pública. Todo ello sin que suponga eliminar titulaciones necesarias, aunque haya menor número de alumnado.
