En el debate actual educativo español se habla con frecuencia de calidad, innovación, resultados o digitalización. Sin embargo, hay una cuestión que sigue atravesando silenciosamente el sistema educativo y condicionando cualquier intento de mejora: la creciente segregación escolar. Hablar hoy del derecho a la educación exige necesariamente abordar este problema estructural. Porque el derecho a la educación no se reduce al acceso a la escolarización; implica también que todos los niños, niñas y adolescentes puedan aprender en condiciones de equidad y compartir una experiencia educativa común que no reproduzca las desigualdades sociales existentes.
España ha avanzado notablemente en la extensión de la escolarización y en la universalización de la enseñanza obligatoria. Nadie lo duda. Sin embargo, diversos estudios y diagnósticos coinciden en señalar que el sistema educativo continúa mostrando niveles significativos de segregación socioeconómica entre centros escolares. En muchas ciudades y territorios se han ido configurando redes escolares diferenciadas en función del origen social del alumnado, donde determinados centros concentran mayoritariamente alumnado vulnerable, mientras otros agrupan a estudiantes procedentes de contextos más favorecidos.
Esta situación no es una mera anomalía del sistema ni el resultado inevitable de dinámicas sociales externas. La segregación escolar es, en buena medida, el resultado de decisiones políticas, administrativas y organizativas que se han ido consolidando a lo largo del tiempo: los mecanismos de admisión, la planificación de la oferta educativa, la distribución territorial de centros, las políticas de concertación o determinadas interpretaciones del principio de libre elección de centro. Cuando estas políticas no se diseñan y, además, no se desarrollan desde criterios claros de equidad, democracia, inclusión y cohesión social, el sistema tiende a reproducir y amplificar las desigualdades sociales existentes.
Los datos disponibles confirman esta realidad. Según el último informe del Observatorio de la Segregación Escolar de la Federación Enseñanza de CCOO, de 2024: La segregación promedio estatal para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria se sitúa en un índice de Gorard, o índice de disimilitud, de 0,36 en una escala de entre 0 y 1. Esta cifra expresa la proporción de alumnado que tendría que cambiar de escuela para lograr una distribución equilibrada e igualitaria en todo el Estado.
Las diferencias son muy significativas cuando examinamos la composición social del alumnado con mayor detalle. El índice de disimilitud es de 0.35 para los estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos (el 25% con menos recursos). El índice para los estudiantes más favorecidos (el 25% con más recursos) es de 0.38. Además, el 19.2% de la segregación escolar total en el país puede explicarse por la existencia de centros concertados.
Las consecuencias son profundas y afectan de lleno el funcionamiento del sistema educativo. En primer lugar, afecta a las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. Numerosas investigaciones (OECD, Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools, 2012; Benito y González-Balletbó, “¿Puede el efecto composición reducir las desigualdades educativas?”, 2013; Murillo, Torrecilla y Martínez-Garrido, “Profundizado en la segregación social de los centros de secundaria en la Comunidad de Madrid”, 2021, entre otras) han mostrado que la concentración de alumnado socialmente desfavorecido en determinados centros genera condiciones más difíciles para el desarrollo de proyectos educativos sólidos y estables a largo plazo, como es todo proceso educativo. Estos centros suelen afrontar mayores desafíos pedagógicos, sociales y organizativos, mientras que otros concentran mayores recursos sociales, culturales y expectativas de éxito escolar.
La justificación que hay detrás de la segregación es un andamiaje ideológico que legitima la desigualdad. La opinión pública opera, en muchas ocasiones, a partir de determinados sesgos cognitivos, alimentados socialmente. Consideran el éxito escolar como un ‘hecho natural’, basado en las habilidades individuales, e ignoran el peso de las condiciones ambientales y de una adecuada arquitectura pedagógica.
Cuando el sistema educativo se fragmenta en circuitos escolares separados, se debilita la función fundamental de mezcla social y construcción de ciudadanía.
Pero la segregación no solo perjudica a quienes quedan en posiciones más vulnerables. También empobrece el sentido mismo de la educación en sociedades democráticas. La escuela ha sido históricamente uno de los pocos espacios donde niños y niñas de diferentes orígenes sociales podían convivir, aprender juntos y construir experiencias compartidas. Cuando el sistema educativo se fragmenta en circuitos escolares separados, se debilita esta función fundamental de diversidad y cohesión social que es el fundamento de la construcción de una ciudadanía compartida, intercultural y cohesionada.
La institución educativa no puede convertirse en un reflejo ampliado de la desigualdad social. Si esto ocurre, pierde una de sus funciones más importantes: contribuir a reducir las desigualdades y ofrecer horizontes de movilidad y justicia social. Por ello, garantizar el derecho a la educación exige ir más allá de las políticas centradas exclusivamente en los resultados o en la innovación metodológica. Requiere también políticas activas de equidad y de diversidad e inclusión social que eviten la concentración de desigualdad en determinados centros.
Esto implica asumir que la planificación educativa es una responsabilidad pública orientada al interés general. Los sistemas educativos más equitativos del mundo han demostrado que la diversidad social dentro de los centros no solo es compatible con buenos resultados educativos, sino que constituye un factor que puede enriquecer los procesos de aprendizaje y fortalecer la convivencia escolar. La diversidad no es un problema a gestionar, sino una condición que puede ampliar las experiencias educativas de todo el alumnado.
El derecho de las familias a participar en las decisiones educativas no puede interpretarse de manera que debilite el derecho colectivo a un sistema educativo equilibrado y socialmente integrado.
En este sentido, es necesario revisar con serenidad y responsabilidad algunas políticas que, aunque se presentan bajo el discurso de la libertad de elección, contribuyen, de hecho, a reforzar procesos de segregación. El derecho de las familias a participar en las decisiones educativas no puede interpretarse de manera que debilite el derecho colectivo a un sistema educativo equilibrado y socialmente integrado.
La construcción de sistemas educativos más justos requiere decisiones responsables y valientes. Supone fortalecer la escuela pública como eje vertebrador del sistema, mejorar la planificación de la oferta educativa, garantizar procesos de admisión transparentes y equilibrados, así como promover políticas que favorezcan la diversidad social dentro de los centros escolares. Pero también exige recuperar una idea fundamental: la educación es un bien público que cumple una función social y democrática.
En tiempos marcados por la fragmentación social y por el aumento de las desigualdades, la escuela sigue siendo uno de los pocos espacios donde es posible construir experiencias comunes y fortalecer la convivencia democrática. Defender la diversidad socioeconómica en la educación no es solo una cuestión pedagógica o administrativa; es, ante todo, una apuesta por el tipo de sociedad que queremos construir.
Porque, en última instancia, sin equidad no hay calidad educativa, y sin diversidad social el derecho a la educación queda incompleto. Garantizar ese derecho significa asegurar que todos los niños y niñas, independientemente de su origen social, puedan aprender juntos en una escuela que no reproduzca las desigualdades, sino que contribuya a superarlas. Solo así la educación podrá seguir siendo un instrumento real de justicia social y de construcción democrática.
El cambio es posible si la administración asume la responsabilidad de una distribución equitativa y si el personal docente abraza su responsabilidad ética como agentes de transformación democrática. La calidad educativa en las escuelas públicas no es una opción; es la respuesta técnica y humana para desmantelar un sistema que, si no se interviene, seguirá reproduciendo la desigualdad. Garantizar implica reconocer la educación como un derecho colectivo y asumir la responsabilidad de construir instituciones educativas capaces de redistribuir oportunidades. No es solo un desafío pedagógico; es un imperativo moral para la supervivencia de la democracia.
