En unas elecciones se discuten muchas cosas, pero pocas tienen tanta trascendencia para el futuro de una sociedad como la educación. No se trata únicamente de decidir cómo se organizan las instituciones educativas o qué contenidos se enseñan. Se trata de decidir qué derechos queremos garantizar, qué oportunidades tendrán las nuevas generaciones y qué papel deben desempeñar los poderes públicos para impedir que el origen social determine el futuro de las personas.
Ante las elecciones generales del 29 de noviembre, es necesario recuperar una pregunta que con demasiada frecuencia queda relegada a un segundo plano: ¿qué nos jugamos en educación y qué consecuencias tendrán las decisiones políticas para la igualdad, la libertad y la democracia?
A fecha de hoy, los programas electorales de 2026 todavía no se han publicado oficialmente, por lo que habrá que contrastar los compromisos definitivos de cada candidatura cuando estén disponibles. Pero las posiciones que los partidos han defendido en los últimos años y están pregonando ahora en medios, sus propuestas anteriores y sus decisiones políticas permiten identificar cuestiones que no podemos dejar fuera del debate. Porque las decisiones educativas nunca son neutrales: expresan siempre una determinada concepción de la igualdad, de la ciudadanía y del papel que deben desempeñar los poderes públicos en una sociedad democrática y, en nuestro caso, del modelo de escuela y del concepto de calidad educativa que defienden.
Las propuestas electorales: diferentes políticas, diferentes modelos de educación
Si miramos los programas de las elecciones generales de 2023, el Partido Popular defendía la “libertad de elección” de centro, una prueba de acceso a la universidad común y que el castellano y las lenguas cooficiales fueran lenguas vehiculares. Vox proponía devolver al Estado las competencias educativas, garantizar la enseñanza en español y establecer un cheque escolar para favorecer la “elección de centro”. El PSOE, por su parte, planteaba medidas como ampliar las becas, avanzar en la gratuidad de la educación infantil y reforzar la inclusión y el bienestar del alumnado. Sumar defendía, entre otras propuestas, ampliar la gratuidad educativa y reforzar las políticas de igualdad. En cuanto al concepto dominante de calidad educativa, no parece que estas formaciones, con la excepción de Sumar, planteen un cuestionamiento de fondo del modelo de evaluación impulsado por la OCDE mediante PISA ni de la concepción de calidad educativa que se deriva. Una coincidencia preocupante.
Estas propuestas nos permiten identificar qué intereses favorece cada medida, quién recibe los recursos públicos y qué alumnado queda relegado y privado de ellos. Una cuestión fundamental sería determinar en qué grado contribuyen a garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad o, por el contrario, pueden aumentar las diferencias entre centros, familias y territorios.
La escuela pública: entre el derecho y el privilegio
Nos jugamos qué sociedad queremos construir en las próximas décadas. Sabemos, por ejemplo, que allí donde aumenta la segregación escolar, disminuyen las oportunidades de encuentro entre alumnado de distintos orígenes sociales y culturales, y se amplían las brechas de desigualdad. Por el contrario, una escuela pública inclusiva, bien financiada y presente en todos los territorios, constituye uno de los principales instrumentos de justicia social y construcción de ciudadanía democrática.
Desde el Foro de Sevilla defendemos que la prioridad presupuestaria debe ser fortalecer una red pública suficiente y de calidad. El dinero de todos no puede amparar mecanismos que separan al alumnado por su renta o sus necesidades educativas. La escuela pública constituye una garantía fundamental para que la educación no dependa de la capacidad económica ni de la posición social de las familias. Su función no se limita a impartir conocimientos: debe escolarizar a todos, atender la diversidad, favorecer la convivencia y contribuir a compensar las desigualdades.
La defensa de lo público no es una cuestión nostálgica ni corporativa. Es una defensa de la cohesión social y de la democracia. Cuando la educación se convierte progresivamente en una oportunidad condicionada por los recursos familiares, el derecho se transforma en un privilegio. Estas elecciones no deberían plantearse únicamente como una elección entre diferentes opciones de gestión educativa. Lo que está en juego es el compromiso efectivo con la educación como bien común y como derecho fundamental, orientada al mayor y más pleno desarrollo humano, o si la subordinamos a la cualificación de trabajadores adaptables y flexibles a las demandas del mercado.
Entre la selección y la inclusión: ¿qué entendemos por calidad educativa?
Tampoco podemos aceptar que los problemas educativos se resuelvan exclusivamente mediante más exámenes, más controles o una mayor responsabilización individual del alumnado y del profesorado. Esta visión, presente en determinadas propuestas de la derecha y la ultraderecha, tiende a simplificar problemas complejos y a recuperar recetas del pasado, como más selección, más jerarquización, más uniformidad curricular y una concepción de la educación centrada en la disciplina y los resultados, como si las desigualdades sociales y las distintas condiciones de aprendizaje no existieran. Cuando se pone el acento en clasificar al alumnado, endurecer las exigencias sin garantizar los apoyos necesarios o cuestionar la diversidad como parte de la realidad escolar, se corre el riesgo de convertir las dificultades educativas en fracasos individuales y debilitar los avances conseguidos en equidad e inclusión.
No se trata de rechazar la evaluación, el esfuerzo, la exigencia académica o la autoridad docente, que son necesarios, sino de preguntarnos al servicio de qué modelo educativo se ponen. Evaluar debe servir para comprender las dificultades y mejorar el aprendizaje, no para etiquetar prematuramente; exigir debe ir acompañado de recursos y oportunidades reales; y ejercer la autoridad debe significar construir un marco de convivencia y respeto, no imponer obediencia sin pensamiento crítico.
La exigencia educativa es necesaria, pero debe ir acompañada de condiciones que permitan aprender. Las ratios, la estabilidad de las plantillas, la orientación educativa, la formación permanente, el tiempo para coordinarse y la disponibilidad de profesionales especializados son cuestiones centrales.
Los programas electorales deberían concretar qué compromisos asumen para reducir las desigualdades, reforzar la profesión docente y garantizar que los centros dispongan de los medios necesarios. También deberían explicar cómo evaluarán los resultados de sus políticas y qué harán si las medidas no alcanzan los objetivos previstos.
La educación y el futuro de la democracia
En un contexto de crispación, desinformación y discursos de odio promovidos por la extrema derecha, la escuela tiene una responsabilidad democrática insustituible de educar en la democracia, la convivencia y el antifascismo. Porque no se puede ser demócrata sin ser antifascista. Debe ofrecer conocimientos rigurosos, fomentar el diálogo y enseñar a analizar los conflictos sin convertir al adversario en enemigo.
Por eso, cualquier propuesta que afecte a la autonomía pedagógica, la pluralidad educativa o la libertad de pensamiento debe examinarse con especial atención. La escuela no puede estar al servicio de ningún partido ni convertirse en instrumento de adoctrinamiento, como pretenden la derecha y la ultraderecha. Su compromiso debe ser con el conocimiento, los derechos humanos, la convivencia y la democracia.
Los derechos educativos no son irreversibles. Necesitan recursos, instituciones que los garanticen y una ciudadanía dispuesta a defenderlos. Cuando se debilitan las políticas que hacen efectiva la igualdad, quienes tienen menos recursos suelen ser quienes más pierden.
Defender la educación pública, la inclusión, la equidad y el pensamiento crítico es defender las condiciones necesarias para construir un futuro más justo, más libre y democrático. El voto en democracia importa, pero su alcance dependerá también de nuestra capacidad para exigir el cumplimiento de los compromisos después de las urnas.
En tiempos de incertidumbre y de creciente polarización, conviene recordar que la educación constituye uno de los pocos espacios donde todavía es posible construir igualdad, diálogo y esperanza compartida. Defenderla no es una tarea exclusiva de docentes, familias o administraciones. Es una responsabilidad democrática que interpela al conjunto de la ciudadanía. Porque lo que está en juego no es solo el futuro de la escuela, sino el futuro de la propia democracia.
Por eso, ante las próximas elecciones, no podemos votar de espaldas a la educación. Hay que leer los programas, contrastar las promesas con las decisiones adoptadas y preguntarse qué consecuencias tendrá cada propuesta para la escuela pública, la igualdad de oportunidades, la inclusión y la formación de una ciudadanía crítica y democrática. Cuando depositamos nuestro voto, también estamos decidiendo qué derechos educativos queremos proteger, qué desigualdades estamos dispuestos a combatir y qué futuro queremos ofrecer a las próximas generaciones. No olvidemos que los derechos que hoy damos por conquistados pueden debilitarse mañana si no aprendemos a defenderlos. El derecho a la educación necesita una ciudadanía organizada que no permita convertirlo en negocio ni someterlo al proyecto de la reacción.
