Señora Ministra Milagros Tolón:
La Asociación Por Otra Política Educativa, Foro de Sevilla, como espacio de reflexión, análisis y propuestas en educación, desea felicitarle por su reciente nombramiento como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, un cargo que asume en un momento de especial relevancia para la política educativa y social del país. Su trayectoria profesional en los ámbitos de la educación, la gestión pública y la administración territorial nos abren expectativas para afrontar con visión estratégica, los múltiples retos que atraviesa nuestro sistema educativo.
Este relevo en la responsabilidad educativa se produce en un contexto de intensos debates sobre la equidad y la inclusión, así como de profundas transformaciones normativas y prácticas en todos los niveles educativos. Las decisiones que adopte su Ministerio en los próximos meses tendrán un impacto directo en la trayectoria del sistema educativo español hacia una educación más equitativa y socialmente justa.
A continuación, presentamos un conjunto de propuestas que consideramos prioritarias, identificadas desde nuestra experiencia como profesionales de la educación y desde el diálogo con miembros de la comunidad educativa y académica, y que estimamos imprescindibles para avanzar en una agenda coherente orientada al fortalecimiento de la formación y de la educación pública.
1. Consolidar y desarrollar el Estatuto Docente como pacto profesional y social
La negociación del Estatuto Docente representa una oportunidad ineludible para dignificar la profesión, mejorar las condiciones de trabajo y reconocer la complejidad del ejercicio docente en todos los ámbitos educativos. Hace tiempo que esta negociación se mantiene abierta, sin que hasta ahora haya llegado a buen puerto, lo que ha generado expectativas frustradas y cierta incertidumbre en la comunidad educativa y, especialmente, en el profesorado. En los últimos años se constata que una parte significativa del profesorado manifiesta insatisfacción respecto a su formación y a su preparación para afrontar la diversidad y los retos contemporáneos de la profesión docente, pese a su elevada dedicación y compromiso profesional.
Un estatuto, pendiente hace años, que reconozca trayectorias profesionales, apertura a la investigación educativa, reducción de cargas administrativas y criterios claros de desarrollo profesional continuo no solo mejorará las condiciones laborales, sino que favorecerá la retención de muchos docentes y la mejora educativa.
2. Impulsar un modelo de Formación Profesional público y financiado
Últimamente, la FP ha experimentado un impulso relevante en España. No puede convertirse en un negocio, como se está haciendo por falta de financiación y recursos suficientes y sostenidos. Sería esencial consolidar una estrategia que, imitando el modelo de la FP Superior, impulse la FP de Grado Medio mediante la participación activa de los sindicatos y agentes sociales, garantizando que la FP sea una herramienta eficaz de inserción laboral sin precarización de estudiantes y profesionales.
La FP necesita supervisión e inspección, en coordinación con el Ministerio de Trabajo, para que no se convierta en mano de obra barata y de explotación de los estudiantes.
3. Fortalecer la educación pública
La educación pública no puede desvincularse del entorno físico, tecnológico y pedagógico en que se desarrolla. Proponer marcos normativos que reduzcan las ratios de alumnado por aula, mejoren la infraestructura escolar y faciliten recursos para atender la diversidad del alumnado es un paso indispensable hacia la equidad y la inclusión educativa.
La financiación de la educación pública debe blindarse por ley y nunca estar por debajo del 7% del PIB de nuestro país.
Creemos que la educación pública debe fortalecerse como espacio de cohesión social e inclusión, con políticas específicas para contextos de mayor vulnerabilidad y para la atención a estudiantes con necesidades educativas específicas. Se ha observado que el sistema de conciertos educativos puede contribuir a la segregación educativa y social, por lo que sería recomendable explorar alternativas legales para reducir su impacto de manera gradual.
Es importante que la educación pública sea laica para garantizar su independencia y pluralidad. En pleno siglo XXI, es fundamental que la escuela se centre en el aprendizaje y no en la formación religiosa. Para ello, sería necesario revisar los acuerdos históricos con el Vaticano y aplicar plenamente el principio de aconfesionalidad en el sistema educativo, tal y como establece nuestra Constitución.
4. Reformar los estudios y la formación inicial del profesorado con visión de futuro
En los últimos años se ha puesto de manifiesto la necesidad de repensar la formación inicial del profesorado, incorporando criterios más exigentes de acceso, como una prueba de entrada de carácter formativo y orientador, ampliando la duración de los programas y reforzando de manera sustantiva su componente práctico-profesional. Estas medidas, entendidas como parte de una política pública coherente y no como una reivindicación corporativa, pueden contribuir a garantizar una base sólida de formación disciplinar y didáctica previa al acceso y durante la formación docente.
Una reforma de este calado requerirá diálogo con las universidades, los colegios profesionales y la comunidad educativa, así como mecanismos de evaluación que integren referencias y experiencias internacionales y contrastadas prácticas formativas.
5. Promover una política educativa basada en la innovación y evaluación formativa
La mejora educativa sostenible solo puede construirse sobre un sistema sólido de investigación y evaluación formativa, estrechamente vinculado a la práctica educativa. Ello implica fortalecer la investigación educativa universitaria, promover la investigación-acción del profesorado en los centros, apoyar redes de innovación docente y establecer sistemas de evaluación que retroalimentan de manera continua las prácticas pedagógicas y las políticas públicas, integrando de forma sistemática los resultados de la investigación en la toma de decisiones.
Consideramos que la innovación educativa debe ser promovida no como un fin en sí misma, sino como un proceso sistemático y reflexivo que articule teoría, práctica y evaluación crítica de procesos y resultados.
6. Fomentar la inclusión digital y la ética educativa en la era de la inteligencia artificial
La sociedad contemporánea demanda que el currículo y la formación del profesorado integren de manera crítica las tecnologías digitales y la inteligencia artificial, no solo como herramientas operativas, sino como medios para desarrollar competencias cognitivas, éticas y creativas en el alumnado.
Necesitamos una política que apueste por una red digital pública, al servicio del bien común, con programas y plataformas que impidan la extracción y comercialización de datos e información del alumnado y contribuyan a que la educación pública siga siendo un espacio seguro y orientado por valores educativos y derechos humanos y no por el beneficio de empresas tecnológicas.
Impulsar políticas que promuevan la alfabetización digital, tanto del alumnado como del profesorado, acompañadas de formación permanente y recursos tecnológicos públicos adecuados, permitirá que la comunidad educativa no solo utilice la tecnología, sino que también la comprenda, la cuestione y la transforme en beneficio de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la convivencia democrática.
Preparar a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos sociales, éticos y laborales del siglo XXI exige integrar en la formación el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos, la colaboración en entornos digitales y la comprensión de los impactos sociales y éticos de la inteligencia artificial. Solo así la educación podrá cumplir plenamente su función de promover ciudadanas y ciudadanos capaces de actuar con responsabilidad, creatividad y compromiso en un mundo cada vez más digitalizado y globalizado.
7. Gobernanza educativa participativa y diálogo social como pilares de la sostenibilidad educativa
Una política educativa robusta, legítima y sostenible en el tiempo requiere de un diálogo social constante, consensos amplios y participación activa de todos los actores implicados en la educación: profesorado, alumnado, familias, personal laboral, administraciones autonómicas, sindicatos, instituciones universitarias y organismos de la sociedad civil. Este enfoque no solo garantiza la legitimidad de las decisiones adoptadas, sino que también fortalece la implementación efectiva de políticas educativas a nivel nacional y autonómico.
Promover la participación activa de todos los actores en la toma de decisiones contribuye a fortalecer la cultura de responsabilidad compartida, mejora la confianza en las instituciones y facilita la mejora educativa, al crear condiciones en las que los cambios no se imponen desde arriba, sino que se construyen colectivamente desde la práctica y la experiencia.
En suma, la gobernanza educativa participativa es un pilar indispensable para garantizar que las políticas educativas sean adecuadas, equitativas y sostenibles en el tiempo, capaces de afrontar los retos del siglo XXI con coherencia y capacidad de adaptación.
Más allá de las reformas urgentes
No quisiéramos dejar de señalar que siguen existiendo cuestiones de fondo, largamente aplazadas, que requieren decisiones valientes y coherentes con los principios constitucionales y democráticos, y somos conscientes de que ello supone una agenda de trabajo amplia y exigente para su Ministerio. Entre estas cuestiones, consideramos prioritario recuperar progresivamente la inversión en educación pública y avanzar hacia una financiación suficiente y estable; revisar el modelo de libre elección de centro, reforzando el papel de las comisiones territoriales de escolarización; garantizar que el suelo público se destine a centros de titularidad pública; avanzar hacia la gratuidad efectiva de la educación obligatoria; e incorporar la memoria histórica democrática en el currículo de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, así como en la formación del profesorado, en coherencia con lo establecido en la Ley de Memoria Democrática, contribuyendo así a una comprensión crítica del pasado y a la defensa de los valores democráticos y mantener la Educación Secundaria Obligatoria como etapa propia, evitando su traslado a los centros de educación primaria. Solo desde este horizonte la escuela pública deja de ser promesa y se transforma en espacio y derecho vivido, un lugar donde la equidad se practica y la inclusión no es consigna, sino condición real de igualdad.
Sra. Ministra Milagros Tolón, depositamos en usted no solo expectativas, sino también demandas concretas que buscan una educación pública equitativa, inclusiva y orientada al bien común y al desarrollo integral de las personas.
Las propuestas señaladas aquí no pretenden ser exhaustivas, pero sí representar lo que pensamos muchos colectivos educativos. Son grandes temas pendientes que, abordados con rigor y diálogo democrático, pueden conducir al sistema educativo español hacia una transformación significativa.
La Asociación Por Otra Política Educativa. Foro de Sevilla, se pone a su disposición, como siempre hemos hecho, para colaborar en el análisis, formulación y evaluación de políticas educativas que respondan a la complejidad del mundo actual y potencien el rol formativo de la educación en nuestra sociedad.
Atentamente.
Comisión Permanente de Por Otra Política Educativa. Foro de Sevilla.
