Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, debería asumir responsabilidades políticas por unas medidas que ponen en cuestión principios fundamentales de la convivencia democrática en la escuela. En plena huelga del profesorado, promover que la comunidad educativa vigile lo que se dice y se debate en las aulas supone introducir una lógica de sospecha y control difícilmente compatible con la libertad de expresión y la autonomía educativa.
Son prácticas que evocan formas de vigilancia ideológica propias de etapas autoritarias de nuestra historia y que preocupan especialmente en un contexto en el que determinados sectores de la extrema derecha reivindican o relativizan el franquismo. Una escuela democrática no puede convertirse en un espacio de vigilancia, sino que debe ser un lugar de pensamiento crítico, pluralidad y libertad.
Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, debe dimitir. Una presidenta que, en plena huelga del profesorado, pone a la comunidad escolar a vigilar lo que se dice en las aulas, está recuperando una práctica de la dictadura en sintonía con la extrema derecha que quiere recuperar el franquismo.
Esa nostalgia franquista se expresa en una decisión de gobierno que pretende devolver a la autoridad política el control sobre qué temas pueden discutirse en la escuela y en qué términos. Si una presidenta quiere gobernar la educación pública con métodos que recuerdan a los de la dictadura, corresponde exigirle que deje el cargo.
El 19 de noviembre, con el profesorado madrileño movilizado desde hacía más de un mes en demanda de mejores condiciones laborales y una mayor inversión en la educación pública, llegaron a los centros las instrucciones de la Viceconsejería de Política y Organización Educativa. En el anexo se adjunta un formulario para que los equipos directivos delaten a quienes hacen o se suman a la huelga, a quienes hacen recogida de firmas o quienes invitan a una persona ajena al centro que acuda a tratar el conflicto, entre muchas otras formas de delación. Las direcciones deben comunicarlas a la Dirección de Área Territorial.
En un delirio total de gran hermano y vigilancia digno de la novela 1984, pide a las familias, el alumnado y el personal que se sumen a la delación y que denuncien cualquier hecho o conducta del profesorado que, a su juicio, vulnere las instrucciones de control que ha impuesto. Es el pin parental de Vox elevado a la enésima potencia. Convertir los centros educativos en espacios de sospecha, delación, denuncia y persecución. Así responde el Gobierno de Ayuso a quienes reclaman mejores condiciones para enseñar. Les pone un formulario de vigilancia en el centro donde trabajan.
Son los métodos propios de la dictadura franquista que ahora recupera Díaz Ayuso. En noviembre de 1936, los golpistas organizaron por decreto la depuración del personal de la enseñanza. Como documentó el historiador Francisco Morente, las comisiones recababan informes del alcalde, la Guardia Civil, el párroco y un padre de familia considerado solvente. Quienes convivían con maestras y maestros podían suministrar a la autoridad la información con la que se les formularían cargos. Una opinión atribuida, una relación personal o una supuesta falta de fervor religioso podían convertirse en material de expediente. De lo que se escribiera allí podían depender la plaza, el destino y el sustento de una familia. La delación sirvió para echar a docentes y para enseñar a quienes seguían en las aulas que les convenía callar.
La estrategia es similar. La presidenta del Partido Popular (fundado por los herederos del franquismo) establece de antemano las categorías de lo sospechoso y le pide que vigile y delate a quienes enseñan. Pensemos en una profesora de Formación Profesional que propone analizar el derecho de huelga. Lleva a clase la Constitución, un comunicado sindical y esta respuesta de la Consejería. A continuación, podrá tener un expediente que supondrá consecuencias profesionales si alguien la delata. Por lo que un clima de sospecha permanente se instaurará en los centros públicos madrileños. Y la autocensura calará en los claustros. Por si acaso nadie se atreverá a abordar temas que no sean puramente instrumentales… no vaya a ser que le denuncien.
A eso se llamó censura. Una Administración puede conseguir que una profesora calle sin llegar a sancionarla. Le basta con elevar el coste de hablar y dejar que cada cual haga sus cuentas. Las instrucciones remiten cualquier sanción a infracciones ya previstas. Esa es la eficacia de un formulario de esta clase. Su efecto más difícil de medir es también el que más debería preocuparnos. Cuántas veces alguien decidirá que es mejor pasar de página.
La estrategia de Ayuso consiste en presentar estas medidas bajo la denominación de “deber de neutralidad”. Sin embargo, conviene recordar que las familias tienen derecho a preguntar y a denunciar posibles abusos, que el alumnado debe poder expresar sus discrepancias sin temor a que ello repercuta en sus calificaciones; y que quienes deciden trabajar durante una huelga han de poder hacerlo sin presiones. Todos estos derechos pueden y deben protegerse atendiendo a situaciones y hechos concretos, sin necesidad de establecer mecanismos generales de vigilancia. El Gobierno madrileño, sin embargo, parece haber optado por una vía más amplia: situar bajo sospecha conversaciones, lecturas y actividades que forman parte de la vida cotidiana de una escuela. Además, extiende estas instrucciones a todo el curso, con especial atención a los conflictos políticos, ideológicos o sindicales. De este modo, una medida que se presenta como respuesta a la huelga de hoy puede acabar convirtiéndose en un instrumento de intervención ante las controversias educativas y sociales de mañana.
Hay que retirar estas instrucciones y exigir responsabilidades a quien preside el Gobierno que las ha dictado. La memoria de las maestras y los maestros depurados sirve también para esto. Para reconocer el método cuando un poder vuelve a pedir que se vigile a quienes enseñan. Para negarnos a que una alumna aprenda que la manera de responder a una discusión es informar sobre su profesora a la autoridad. Y para defender que esa profesora pueda entrar mañana en clase, abrir la Constitución y hablar de la huelga que está viviendo su centro con la misma libertad con la que explica las huelgas de hace cien años. Si Ayuso considera que esa libertad estorba a su forma de gobernar, quien sobra en la presidencia de la Comunidad de Madrid es Ayuso.

