Las movilizaciones del profesorado que estamos viendo en Madrid y en otros lugares del Estado no deberían interpretarse únicamente como una protesta por las condiciones laborales, los salarios o las horas de trabajo. Aunque estas reivindicaciones son legítimas y necesarias, lo que está en juego es algo más profundo: qué educación queremos, qué condiciones necesita el profesorado para ejercer su trabajo con dignidad y qué responsabilidad asumen las administraciones para garantizar una educación pública de calidad para todos.
Cuando los docentes expresan su malestar, conviene escucharlos. No porque el profesorado tenga siempre todas las respuestas, sino porque conoce de primera mano las dificultades cotidianas de las escuelas y los institutos. Sabe lo que significa atender a grupos cada vez más diversos, responder a nuevas necesidades educativas, acompañar a las familias, afrontar tareas burocráticas crecientes y tratar de mantener una enseñanza que no se limite a transmitir contenidos, sino que contribuya a formar personas críticas, autónomas y capaces de convivir democráticamente.
El malestar docente no es un problema individual del profesorado: es una señal de problemas estructurales que requieren respuestas políticas. Y responder a ellos exige algo más que medidas puntuales o declaraciones de reconocimiento. Necesitamos revisar las prioridades, los recursos y las políticas que condicionan la vida de los centros educativos.
Otra política educativa es necesaria
Desde esta perspectiva, el ‘Manifiesto por una nueva política educativa‘, impulsado por la «Asociación Por Otra Política Educativa. Foro de Sevilla» constituye una invitación a debatir sobre el presente y el futuro de la educación. No se trata solamente de enumerar carencias, sino de plantear alternativas y recordar que la educación es un derecho, un bien común y una responsabilidad democrática.
Una primera cuestión es la defensa de la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo, superando ya la “anomalía española” de los conciertos educativos, que son uno de los mayores factores de segregación educativa y social. La igualdad de oportunidades no puede quedarse en una declaración de principios. Requiere financiación suficiente de la educación pública, reducción de las ratios cuando sea necesario, recursos humanos y materiales adecuados y profesionales especializados que permitan responder a la diversidad del alumnado. La inclusión no se consigue únicamente mediante normas o discursos: Necesita condiciones concretas para que ningún niño, niña o joven quede al margen.
Por eso, las reivindicaciones del profesorado deben relacionarse con las necesidades del alumnado. Disponer de más tiempo para preparar las clases, contar con equipos profesionales suficientes, poder coordinarse con otros docentes y atender adecuadamente a quienes necesitan apoyos específicos no son privilegios laborales. Son condiciones que hacen posible una educación mejor.
También debemos preguntarnos qué enseñamos y para qué lo hacemos. Una política educativa comprometida con la democracia, como la que defendemos desde la Asociación, debe promover un currículo conectado con la vida, el pensamiento crítico, los derechos humanos, la cultura y los problemas de nuestro tiempo. La escuela no puede reducirse a preparar pruebas ni a cumplir mecánicamente programas sobrecargados. Debe ofrecer oportunidades para comprender el mundo y participar en su transformación. Esto exige, asimismo, una educación laica, respetuosa con la libertad de conciencia, la pluralidad y comprometida con los valores democráticos.
Dignificar la profesión y confiar en los centros
Otro de los grandes desafíos es recuperar la confianza en el profesorado. Durante demasiado tiempo, las reformas educativas se han sucedido sin que los profesionales hayan podido participar de manera suficiente en su elaboración y desarrollo. A menudo se les exige aplicar nuevas propuestas, completar documentos y responder a procedimientos administrativos que consumen un tiempo que deberían dedicar a enseñar, acompañar, investigar y trabajar con sus compañeros.
La autonomía de los centros no puede consistir en trasladarles responsabilidades sin proporcionarles recursos. Debe ir acompañada de participación democrática, capacidad de decisión y condiciones para que los equipos educativos puedan analizar sus problemas, compartir experiencias y construir respuestas colectivas.
Necesitamos, además, una política educativa de desarrollo profesional que reconozca la complejidad de la docencia. Esto supone mejorar la formación inicial y permanente, acompañar a quienes comienzan, favorecer el aprendizaje entre iguales y crear tiempos y espacios para la reflexión sobre la práctica. La formación no debería entenderse como una sucesión de cursos aislados, sino como un proceso vinculado a los problemas reales de las escuelas y a la construcción colectiva del conocimiento pedagógico.
En este contexto, resulta imprescindible debatir sobre la carrera profesional, el reconocimiento de la experiencia y las condiciones necesarias para ejercer la docencia con bienestar y responsabilidad. Un estatuto docente debería contribuir a definir derechos, responsabilidades y oportunidades de desarrollo, siempre desde una perspectiva que fortalezca la educación pública y no convierta la carrera profesional en una competición individual.
La innovación educativa tampoco puede depender exclusivamente de la voluntad o del esfuerzo personal de algunos docentes. Para que sea sostenible, necesita políticas que la acompañen, recursos, estabilidad, participación y evaluación colectiva. No podemos pedir al profesorado que transforme la educación mientras mantenemos intactas las condiciones que dificultan esa transformación.
Financiar la educación es decidir qué sociedad queremos
Todas estas propuestas requieren una decisión política fundamental: situar la educación entre las prioridades reales de las administraciones. El manifiesto de nuestra Asociación plantea alcanzar una financiación educativa de, al menos, el 7,5 % del PIB, junto con un marco de financiación estable que permita planificar y sostener las políticas educativas a largo plazo.
La financiación no es una cuestión secundaria ni exclusivamente contable. Expresa qué importancia concedemos a la infancia, a la juventud, a la igualdad y al futuro de nuestra sociedad. Sin recursos suficientes, la inclusión corre el riesgo de convertirse en una obligación imposible para los centros; la autonomía, en una responsabilidad sin medios; y la innovación, en una carga añadida para quienes ya trabajan en condiciones difíciles.
Esta reflexión debe extenderse también a la universidad pública, cuyo papel en la formación, la investigación y la producción de conocimiento resulta esencial. Defender una educación pública sólida implica sostener el conjunto del sistema educativo y garantizar que el acceso al conocimiento no dependa de la capacidad económica de cada persona.
Las movilizaciones docentes deberían ser, por tanto, una oportunidad para abrir un debate social más amplio. No basta con preguntarnos cuánto trabaja el profesorado o qué medidas pueden aliviar temporalmente su malestar. Tenemos que preguntarnos qué condiciones hacen posible enseñar y aprender mejor, cómo combatimos las desigualdades y qué responsabilidades deben asumir las administraciones para garantizar el derecho a la educación.
Construir colectivamente otra educación
El Manifiesto ‘Por Una Nueva Política Educativa’ nos recuerda que no estamos condenados a aceptar como inevitables las dificultades actuales. Hay alternativas, propuestas y experiencias que pueden ayudarnos a avanzar hacia un sistema educativo más democrático, inclusivo, laico y comprometido con la justicia social.
Pero estas alternativas no se harán realidad únicamente mediante documentos o declaraciones. Necesitan debate público, organización colectiva y la participación de docentes, estudiantes, familias, universidades, movimientos sociales y administraciones. Necesitan también escuchar al profesorado, no solo cuando protesta, sino de manera permanente, como parte fundamental de las decisiones educativas.
Las movilizaciones pueden ser un punto de partida para recuperar una pregunta que debería estar en el centro de cualquier política educativa: ¿qué educación necesita nuestra sociedad y qué estamos dispuestos a hacer para garantizarla?
Esta es la invitación que queremos compartir con motivo del encuentro, promovido por nuestra Asociación para la presentación del Manifiesto el próximo día 23 de noviembre en el Club de Amigos de la Unesco de Madrid (CAUM) a las 18,30 h. (C/ Constancia 38). Un encuentro abierto para debatir, contrastar ideas y dar visibilidad a propuestas que sitúen el derecho a la educación y el fortalecimiento de la escuela pública en el centro de las decisiones.
Porque defender al profesorado no es defender un interés separado del alumnado. Es reconocer que las condiciones en las que enseñan los docentes influyen directamente en las oportunidades de aprendizaje de niños, niñas y jóvenes. Y porque mejorar la educación exige políticas públicas coherentes, recursos suficientes y confianza en quienes la hacen posible cada día.
Otra educación es necesaria, posible y urgente. Y solo podremos hacerla realidad si la construimos colectivamente. Os esperamos en la presentación del Manifiesto el día 23 de noviembre a las 18:30 h.

