Ahora parece que todos los gobiernos, central y autonómicos, despiertan de un largo letargo y se lanzan al ruedo de las proposiciones mediáticas, económicas y paliativas sobre la mejora educativa. Una de ellas es el anunciado “Plan de refuerzo para matemáticas y la comprensión lectora”. Una iniciativa que, más allá de apreciar lo que significa de aumento de la inversión en educación, no aborda los desajustes estructurales y de funcionamiento endémicos de nuestro sistema educativo. Es otro remiendo más, que se improvisa en función de otra nueva “alarma mediática” provocada, en este caso, por el último informe PISA.
Este estudio muestral de evaluación nunca ha servido para mejorar la enseñanza dentro de las aulas y el funcionamiento de las escuelas. Las iniciativas de política educativa no pueden concretarse de manera lineal y en simple convergencia con los resultados de una prueba como PISA. Como hemos explicado en otra entrada, deja de lado importantes áreas del desarrollo de los estudiantes y emplea una simplificadora metodología de evaluación del rendimiento educativo que omite aspectos más complejos y cualitativos del aprendizaje.
PISA, que periódicamente tiene un gran eco en los medios de comunicación, muestra una fotografía borrosa de logros en competencias ligadas a determinadas áreas, al tiempo que abre la puerta a la compulsiva aparición de explicaciones contradictorias, interesadas, llamativas… incluso, insólitas, a golpe de titular de prensa. Abundantes disquisiciones de ‘cara a la galería’ sin análisis precisos sobre los obstáculos y las posibilidades que tienen las comunidades educativas de abordar los problemas de fondo generados, en ocasiones, por las propias políticas educativas.
¿Qué sabemos y hemos ido denunciado a lo largo de estos decenios?
Hay múltiples causas de los calificados ‘malos resultados’ del último informe PISA anunciados ya en 2018, y débilmente analizados en su relación con la mejora de las tareas de los centros. PISA (una instantánea, útil como referente pero no como finalista) apunta, de manera descontextualizada social y culturalmente y con trazo gordo, a algo de lo que hace tiempo está diagnosticado: la presencia de una combinación de factores que explican el estado de nuestra educación.
Algunos de esos factores son muy importantes, como el deterioro de las condiciones culturales y de infraestructura de los contextos socioeducativos, las políticas de recortes, los currículos hipertrofiados y desconectados de la realidad y de las vidas del alumnado, las rígidas metodologías docentes, una errática gestión administrativa, la desmotivación de parte del profesorado, la debilidad de la oferta de formación permanente y una formación inicial insuficiente, así como el aumento de la desigualdad y la pobreza que impacta, y mucho, en la educación, en función de la clase social, etc. Estos serían los asuntos en los que centrar el debate, aumentando la inversión, en el porcentaje del PIB hasta un mínimo de 6% y llegar al 8% y la mejora de la dotación por estudiante garantizando el derecho a la educación a todos y todas sin discriminación, lo que debería ser un compromiso para todo gobierno.
No son estas cuestiones las que se toman en cuenta para diseñar las políticas educativas o las finalidades de la educación, sino otros componentes, escenarios y otras circunstancias quienes marcan las prioridades, más centradas en lo técnico, lo instrumental, lo tecnológico y el futuro mercado laboral.
Es necesario abrir el debate sobre el significado de la enseñanza obligatoria hasta los 18 años unido a un aumento de la oferta de plazas públicas…
En este enclave muchos responsables públicos de la gestión educativa “responsabilizan” de los supuestos “malos datos” al profesorado, denigrando su dedicación, al mismo tiempo que se los descalifica y se renuncia a la importante e imprescindible reforma del sistema de formación inicial y permanente del profesorado.
Es necesario abrir el debate sobre el significado de la enseñanza obligatoria hasta los 18 años unido a un aumento de la oferta de plazas públicas, la mejora de la dotación docente y de otros profesionales, las modificaciones estructurales de los espacios, la gestión organizativa y la formación del profesorado. No podemos ‘pasar por alto’ que una propuesta de mejora del sistema educativo sirva, una vez más, para enmascarar un crecimiento de la financiación en la escuela concertada en tramos como el bachillerato o la formación profesional, anticipando las consecuencias de la baja natalidad.
Evitar el más de lo mismo…
Se ha anunciado que la ministra de Educación y Formación Profesional y Deportes convoca una reunión en enero con las comunidades autónomas para regular el uso de los móviles en los centros educativos. Un encuentro para la toma de decisiones que no se presenta acompañado de rigurosos estudios sobre el adecuado o inadecuado enfoque de las políticas educativas desplegadas en la digitalización de la escuela. Parece que el negacionismo tecnológico se va extendiendo, como el negacionismo climático o el movimiento antivacunas.
La tecnología conlleva riesgos y su utilización debe trabajarse en los tiempos escolares. Para los colectivos más débiles, la escuela es uno de los pocos lugares donde aprender a hacer un uso adecuado de las tecnologías y alfabetizarse digitalmente. Quizá el problema de los móviles es el uso que se les da. ¿No será mejor educar? ¿Y si invertimos en mejorar la competencia digital y ayudamos a las familias?
Nos indigna cómo la enseñanza se ha convertido en los últimos años en un nicho de beneficio económico. Megaempresas que desembarcan en el negocio multimillonario educativo: desde la FP hasta el negocio de las universidades privadas que proliferan y donde los fondos buitre han encontrado un manantial de beneficios inagotable… Utilizan, además, para implantarse ayudas públicas y los fondos NextGenerationEU que tendremos que pagar todos. Es más, en algunas comunidades autónomas se aumenta el presupuesto para módulos en centros privados y para sus gastos de funcionamiento y se aplican planes de refuerzo en los centros subcontratados a empresas privadas. Una forma de privatizar un sistema educativo público que están desmantelando poco a poco.
Necesitamos avanzar en la creación de redes institucionales y de agencias y agentes educativos. Una nueva articulación de escuela y sociedad.
En algunas comunidades gobernadas por la derecha y la ultraderecha, se propone educar a la juventud con mentalidad militar y devoción patriótica en un concepto sesgado de patria, con acciones y mentalidades de extrema derecha, con circulares administrativas de intromisión y tergiversación del significado de la educación en la No-violencia y la Paz. Un derecho, la paz, con tradición educativa en escuelas de todo el mundo, orientado a instaurar una educación permanente en y para la concordia, la tolerancia, la solidaridad el respeto a los derechos humanos, la no-violencia y la paz y contra los discursos de odio.
El reto de mejorar la educación es más urgente que nunca. Necesitamos avanzar en la creación de redes institucionales y de agencias y agentes educativos (familia, comunidad, escuela, educación no formal…) que definan conjuntamente un proyecto educativo ilusionante, crítico y al servicio del bien común. Recuperar la comunidad educativa, construyendo una convergencia educativa ampliada, una nueva articulación de escuela y sociedad. La escuela sola no puede satisfacer todas las necesidades de formación de los ciudadanos y las ciudadanas. Este es el reto que tenemos por delante.
Tememos encontrarnos, una vez más, con iniciativas y ocurrencias próximas en su significado al de la afirmación lampedusiana: “Algo tiene que cambiar para que todo siga igual”.
