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Van a cumplirse 3 años desde que en la revista REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación nos posicionamos directamente frente al problema de la segregación escolar en el sistema educativo español. Lo dijimos entonces y repetimos ahora, la segregación escolar no es un efecto colateral indeseado producto de inocentes políticas educativas que solo buscan mejorar la calidad de la educación. La segregación escolar es un acto consciente y deliberado de opresión.
Establecer esa relación entre opresores y oprimidos es la única forma en que podemos realmente darle la importancia que tiene al investigar sobre segregación escolar y lo relevante que supone que la lucha para acabar con ella sea asumida y compartida por la clase política y la sociedad civil.
La Lomloe ha sido la ley educativa española que primero ha incluido entre sus líneas la lucha contra la segregación escolar eliminando la escolarización diferenciada por sexos en centros sostenidos con fondos públicos. Desde su entrada en vigor en enero de 2021 se pusieron en marcha esta y otras medidas en relación a la autonomía de los centros que hacían presagiar que la lucha contra la segregación escolar se iniciaba con paso firme. Y así ha sido, en el año 2020, momento en que se publicó la ley, 87 centros educativos separaban a los niños y a las niñas, sólo dos años después de su entrada en vigor esa cifra se ha reducido casi un 50%.
El reciente pacto publicado España avanza para el desarrollo de la coalición de gobierno entre PSOE y Sumar ha puesto de nuevo el problema de la segregación escolar encima de la mesa. Bajo el epígrafe “Educación pública y de calidad para garantizar la igualdad de oportunidades” se recogen interesantes medidas como que la inversión en educación llegue al 5% del PIB, se universalice la educación de 0 a 3 años, se propone una amplia variedad de ayudas, también se habla de combatir la segregación, de la tolerancia cero ante el acoso, la bajada de ratios en centros públicos o la reducción de la temporalidad del profesorado universitario.
El aforismo de no es oro todo lo que reluce es clave para entender el revuelo que se ha formado alrededor del mencionado acuerdo de coalición. Y es que los detalles del acuerdo PSOE-Sumar han puesto en una situación de alerta a muchas de las personas que trabajan en las organizaciones de educación de los partidos. Muchas de ellas, de una forma y otra, tienen aspiraciones muy claras en relación a lo que significa una apuesta por el desarrollo de una política progresista en términos de educación.
Por ejemplo, es indiscutible que el aumento del actual 4,93% del PIB al 5% de inversión en educación supone una mejora, pero esta propuesta está muy por detrás del 7% del PIB que era lo que cabezas de lista en SUMAR habían llegado a prometer sólo hace un par de meses. La universalización de la enseñanza 0-3 años es una necesidad real de nuestro actual sistema educativo, lo que sucede es que no apunta a que se vaya a garantizar dentro de la red pública de centros. Actualmente las escuelas privadas infantiles están siendo utilizadas como filtro para garantizar el acceso a la escuela concertada en la segunda etapa de educación infantil. Así que, una postura como la planteada en el acuerdo de coalición sólo hace que surjan aún más dudas ¿a qué precio la escuela privada garantizará dicha universalización?
Las ayudas a comedor, a la disponibilidad de actividades extraescolares o la ampliación del horario de apertura de los centros educativos son seguro también imprescindibles. Sin embargo, hace meses que se habla sobre el desarrollo de un pacto con el profesorado del cual no se hace mención.
Como no podía ser de otra forma la lucha contra la segregación escolar ha sido abordada específicamente como epígrafe dentro de este acuerdo de coalición. Sin embargo, se plantea en términos de la financiación de la escuela concertada para asegurar la igualdad de oportunidades de acceso por razón de sexo a los estudiantes. Este elemento es especialmente preocupante por varios motivos, de un lado, porque la sola implantación de la Lomloe ya ha logrado que en toda España sólo queden 51 centros –y no en todas las etapas educativas– en donde se siga con esta práctica segregadora (Cataluña, Madrid y Andalucía a la cabeza).
Por otro lado, porque propone potenciar la escuela concertada en un momento récord de bajada de la natalidad que pone sobre la mesa que el propósito por el que se crearon los conciertos educativos a mitad de los años 80 ya deja de tener sentido, y además, porque de acuerdo con la evidencia científica, la escuela concertada es una causa más de la segregación escolar. Hay datos más que suficientes que confirman que la segregación escolar está en estos momentos en unos niveles inaceptables en España y que la escuela concertada solo hace que agravarla.
El reciente estudio de CEAPA y CICAE confirma que el 87 % de los 330 colegios concertados investigados cobran una cuota base mensual en enseñanzas obligatorias, en contra de la Ley Orgánica de Derecho a la Educación, de lo establecido por la LOMLOE y de sus diferentes desarrollos autonómicos. Además, con una enorme disparidad de precios, Cataluña (214,5 €), Madrid (129,1 €)y País Vasco (99,6 €) encabezan la lista por ser las comunidades donde mayor es la cuota exigida a las familias, Aragón (41,3 €) y Galicia (47,6 €) están en la cola.
El desarrollo de posturas políticas que apuesten o refuercen la escuela privada-concertada es un acto deliberado de opresión
El imaginario social parece no revolverse frente al hecho de que la escuela financiada con fondos públicos cobre cuotas, hasta se oyen argumentos acerca de que son cuotas “necesarias” para la subsistencia del personal. Y, al contrario, nadie parece revolverse cuando las asignaturas de Robotics, Natación o Equitación están incluidas dentro del horario escolar (y no del currículum oficial). Y, por si eso fuera poco, parece que se está olvidando que en nuestra Constitución se establece el derecho a una educación “obligatoria y gratuita” y que las cuotas impuestas por la escuela concertada rompen radicalmente con este derecho. El desarrollo de posturas políticas que apuesten o refuercen la escuela privada-concertada es, como decíamos al inicio, un acto deliberado de opresión.
O dicho de otra manera, la oferta de escuela concertada está lejos de ser una propuesta que garantice la libre elección de la escuela para tus hijos e hijas. Se trata de que como familia seas o no capaz de afrontar sus cuotas, que son, según CEAPA y CICAE de carácter obligatorio en el 76% de las escuelas estudiadas. Y todo ello, sin que la Inspección Educativa haga nada, ni investigue, ni sancione… La segregación escolar afecta no sólo al bolsillo de las familias, también al rendimiento académico de los estudiantes. Desgraciadamente, los datos no dejan lugar a dudas. La segregación escolar considerada de forma aislada perjudica el rendimiento académico de los niños y niñas de las familias que más necesidades tienen.
Aún con todo, estamos frente a una senda de progreso en lo que concierne al desarrollo de políticas educativas. Los tomadores de decisiones incorporan en sus acuerdos de partido la lucha contra la segregación escolar que, a pesar de las discrepancias con las decisiones políticas, significa que muchos de quienes conforman las organizaciones que construyen los partidos pueden seguir reescribiendo la historia y apoyando el desarrollo de posturas a favor de la educación pública.
