Quién lo iba a decir. Que el Consejo Escolar del Estado (CEE), el órgano de participación de todos los sectores del mundo educativo, cuyos dictámenes (preceptivos aunque no vinculantes) no han sido demasiado tenidos en cuenta por el Ministerio de Educación los últimos cuatro cursos, iba a terminar torpedeando, por circunstancias sobrevenidas, la culminación con éxito de la implantación de la Lomce.
A su presidente hasta su jubilación en mayo, Francisco López Rupérez, no le agrada el panorama: “Se está mezclando el retraso en la fácil salida, que se debería haber emprendido hace meses, con la intención de atascar el desarrollo de la Lomce bloqueando al Consejo; y eso aunque es tácticamente inteligente no me parece aceptable desde un punto de vista institucional”.
El expresidente hace alusión a la actual coyuntura del CEE, sin presidencia, vicepresidencia (por jubilación forzosa) ni secretaría general (por fallecimiento este verano).
Sus últimos dictámenes (entre ellos los de los proyectos del Real Decreto de las reválidas) datan del 12 de mayo. Entonces parecía que el presidente y la vicepresidenta se iban con los deberes hechos. Pero al publicar el Ministerio el Real Decreto de las reválidas en julio ha quedado un cabo suelto: es necesario contar con la orden ministerial que determine las características, el diseño y el contenido de las pruebas antes del 31 de noviembre. Y ello no es posible sin el informe del Consejo.
¿Dónde está el bloqueo?
En la triple vacante, inédita, y no contemplada en el reglamento del CEE (ni siquiera la doble). Al presidente (o al vicepresidente o secretario, en su ausencia) le corresponde convocar las reuniones, también aquellas en que se someten a consulta los nombramientos del presidente y del vicepresidente. Hasta que no se haya cumplido este trámite, hasta que no se haya escuchado al Pleno o a la Comisión Permanente, no se puede contar con un nuevo presidente. Esto hace que, independientemente de si hay un Gobierno en funciones o un nuevo Gobierno, el CEE esté paralizado. Tampoco se puede modificar el reglamento sin haber convocado al Pleno y la Permanente, que no pueden funcionar sin presidencia, al no ser órganos asamblearios.
¿A qué afecta?
La tramitación de las reválidas de ESO y Bachillerato es la más sonada, pero existen otros decretos, por ejemplo de FP, a la espera del dictamen. El Ministerio sabe que sería un suicidio seguir adelante (tratándose además de una norma tan controvertida) sin este dictamen, imprescindible. Cualquiera de los consejeros podría presentar un recurso y lo ganaría. Existen precedentes: en 2009 la FAPA Giner de los Ríos recurrió la privatización del colegio Miguel Ángel Blanco en la localidad madrileña de El Álamo (que la Consejería llevó a cabo sin el informe del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid) y los tribunales le dieron la razón.
Además, aunque los servicios técnicos han seguido trabajando en la elaboración del informe anual 2016 (que mostrará con datos y cifras los peores años de los recortes, al alcanzar hasta el curso 2014-2015), su tramitación, que requiere la participación de los diferentes órganos colegiados del Consejo, no se puede iniciar hasta que no se resuelva la vacancia de la presidencia. Tampoco se ha convocado el encuentro de consejos escolares autonómicos y del Estado, que este año trataría sobre el pacto, y en el que existe en la actualidad una importante dicotomía, al no copar el PP la mayoría como antaño. Precisamente esta semana el ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, informaba a los distintos representantes sindicales de que este, el pacto, pasaría por el CEE, algo que no será posible hasta que no se recomponga.
¿Cómo se le puede dar salida?
Para el expresidente López Rupérez no hay otra fórmula que la de nombrar un presidente suplente provisional, que proseguiría, en funciones, con la actividad del CEE y podría, entre otros, convocar a la Permanente, para hacer posible el trámite de audiencia al órgano, obligatorio para nombrar presidente definitivo.
Para ello, y con cierta flexibilidad interpretativa, que en su opinión y dadas las circunstancias nunca sería reprobada en este caso concreto por ningún tribunal, ve la posibilidad de acudir a la Ley 30/1992 de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas, que establece en su artículo 23 que en caso de vacante, y en defecto del vicepresidente, el presidente será sustituido por “el miembro colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, entre sus componentes”.
Si el presidente de Ceapa, y miembro del Consejo Escolar, José Luis Pazos sostiene que esa normativa hace referencia a instituciones en que sus integrantes son funcionarios o están al servicio de la Administración, “no como el Consejo Escolar, que, aunque dependiente de esta, se compone de representantes de la sociedad civil”, López Rupérez argumenta que, en estos casos, la ley remite a las normas propias, pero, al no estar contemplada la excepcional situación actual en el reglamento del CEE, “parece razonable recurrir a la solución anterior: si la normativa a la que remite la de rango superior no resuelve el problema se ha de volver a la norma de partida”.
Para Pazos, en cambio, el hecho de que el Gobierno del Estado deje de estar en funciones sí marcaría una diferencia: “Si apelamos a una interpretación abierta, podemos plantear otra posible solución, que un ministro no en funciones nombre al presidente o presidenta del CEE, que es un alto cargo. Sí, tiene que oír antes a los integrantes, pero no es necesario que lo haga en sesión plenaria, puede ir llamándolos uno por uno y nombrar a la persona que considere, publicándolo en el BOE. Y esta persona ya convocaría a los órganos, propondría la vicepresidencia y nombraría la secretaría. Pero para ello necesitaríamos tener un Gobierno constituido”. Una solución que López Rupérez sí ve para el puesto de secretario. En este caso, “el Ministerio podría recurrir a la suplencia de órganos administrativos prevista en el artículo 17 de la citada Ley 30, al ser un cargo puramente administrativo; pero para el nombramiento de presidente se requiere, según el Reglamento del Consejo, la audiencia del órgano colegiado y no de cada uno de sus componentes”.
Entretanto, el Ministerio ha encargado un informe a la Abogacía del Estado para definir por qué salida se decanta (aunque esta entidad hará una propuesta, dará unas orientaciones, algo que, como los dictámenes del CEE, no es vinculante). En su reunión con Ceapa hace más de una semana el ministro en funciones confió en tenerlo “en unos días”. Desde el MECD se asegura que es inminente. Aunque el tiempo apremia si se quiere aprobar la norma de desarrollo de las reválidas, estaríamos en plazo, pues, ya con presidencia, se convocaría la Ponencia de Dictámenes e Informes y la Permanente en ocho días y en 15 podría estar listo el informe. Con tres semanas en total sería suficiente. Esto, si no se opta por el trámite de urgencia.
¿Qué nombres están sonando?
Mientras, en el Consejo Escolar se percibe cierta intranquilidad. Si se aplicara la previsión de la Ley 30 el criterio de jerarquía tendría que dejar paso a los siguientes, pues los únicos escalafones son los de presidencia, vicepresidencia y secretaría. El resto de las personas, los 104 consejeros, tienen el mismo rango. Por tanto, se tendría que aplicar el siguiente criterio, el de antigüedad en el CEE. Le dé al final el Ministerio la razón o no al último presidente, a la secretaría del Consejo Escolar están llegando peticiones de listas de los miembros por antigüedad o edad desde algunas organizaciones .
El Diario de la Educación ha solicitado esta información, sin éxito. Pero entre los consejeros empiezan a sonar ciertos nombres en la línea de sucesión. En sus cálculos, inevitables, en función de la ley 30 sería el turno para Jesús Núñez, presidente de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE). Algo que a Pazos no se le escapa y que incluso manifestó en su reunión con el ministro: “La comunidad educativa no va a aceptar determinado tipo de personas, del mismo modo que quizá el ministro no aceptaría que le tocara ocupar el puesto a un representante del Sindicato de Estudiantes”.
También conviene tener en cuenta que cabe la posibilidad de que la persona rechace el puesto, que pasaría al siguiente en la lista. Incluido en el grupo de “personalidades de reconocido prestigio” y presente tanto en el Pleno (que se reúne solo una vez al año, con los 107 componentes, para aprobar y presentar enmiendas al informe anual) como en la Comisión Permanente (con 20 personas que sí se ven las caras a menudo y tienen una estrecha vinculación con el mundo educativo), suena como segundo nombre el de José Antonio Martínez, presidente honorario de la Federación de Directores de Instituto, Fedadi. Martínez, el miembro más antiguo de la Permanente, es visto por algunos consejeros como un candidato idóneo: “Conoce la casa desde dentro desde hace muchos años y en las votaciones muestra un criterio independiente, unas veces vota con un grupo; otras, discrepa…”. Pero él, que no oculta su sorpresa cuando se le pregunta, se escuda en un: “Nadie sabe nada”.
