Publicidad

Aula

Cataluña aprueba el decreto que regula el modelo de escuela inclusiva

El nuevo decreto blinda el derecho de los niños con discapacidad a escolarizarse en centros ordinarios. Va acompañado de 142 millones de euros y plantea también una reconversión de los centros de educación especial.

Pau Rodríguez 18/10/2017

Enlarge

Escuela infantil de Barcelona / Sandra Lázaro

Han pasado más de tres años hasta que, finalmente, este martes ha visto la luz el nuevo decreto que regulará el modelo de escuela inclusiva en Cataluña. Un texto que sienta las bases para que todos los niños y niñas con discapacidad intelectual tengan garantizado el derecho, si sus familias lo quieren, a ir a una escuela ordinaria, tal como recoge la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El decreto plantea también una reconversión de los centros de educación especial y va acompañado de 142 millones de euros de presupuesto, a distribuir a lo largo de cuatro cursos.

“Todos los alumnos se escolarizan en centros educativos ordinarios” y, “excepcionalmente, los padres, madres o tutores pueden solicitar la escolarización de su hijo e hija en un centro de educación especial”, recogen los artículos 17 y 18. Sin citar explícitamente los alumnos que tienen necesidades educativas especiales, el texto, que se ha aprobado hoy en Consejo Ejecutivo del Gobierno y que suple el que había vigente desde 1997, blinda el derecho de estos niños a ir a escuelas ordinarias, un planteamiento pionero en toda España.

El Decreto de la atención educativa al alumnado en el marco de un sistema educativo inclusivo satisface así una demanda histórica de entidades como las que forman parte de la Plataforma Ciudadana por la Escuela Inclusiva. A partir de ahora, los niños con discapacidad se les escolarizará de manera predeterminada en los centros ordinarios, a menos que el equipo de asesoramiento psicopedagógico (EAP) lo desaconseje y, en última instancia, la familia esté de acuerdo en llevarlos a un centro de educación especial. En este sentido, el informe que haga el EAP ya no será un dictamen vinculante, sino que será consultivo.

“Las familias deben tener la última palabra, porque son las que conocen a sus hijos, pero siempre asesoradas por los profesionales y por los centros; no podemos dejar que elijan al azar, las tenemos que proteger “, expone Carmen Ortoll, directora general de Educación Infantil y Primaria del Departamento de Enseñanza. Coincide Noemí Santiveri, portavoz de Escuela Inclusiva: “La primera característica de un modelo de escuela inclusiva debe ser que no haya barreras de entrada al sistema”, celebra.

En las aulas catalanas, según datos proporcionados por Enseñanza, hay actualmente 32.000 alumnos con necesidades educativas especiales (la mayor parte, fruto de una discapacidad intelectual, pero también sensorial o física), de los cuales poco más del 20% están en centros de educación especial. De estos, según estimaciones de Enseñanza, unos 2.000 tienen discapacidades leves y unos 5.000, más severas. Aunque con el nuevo decreto no se espera un trasvase de niños de los centros especiales a los ordinarios -lo más habitual es que terminen la escolaridad allí donde la han comenzado-, Enseñanza sí prevé que la práctica totalidad de los niños con necesidades educativas leves que entren al sistema a partir de P-3 lo hagan ya en las escuelas ordinarias.

Filosofía de atención a la diversidad

Lo que más destacan desde Enseñanza es que el nuevo decreto pretende poner las bases de un cambio de filosofía en el modelo inclusivo, que pase de centrarse en los niños con discapacidad -y sus diagnósticos- a la diversidad de todos los alumnos -con los apoyos concretos que necesite cada uno de ellos-. “Se plantean medidas intensivas, es decir, recursos, para el alumnado con necesidades educativas especiales, pero el texto regula universalmente la manera de planificar la educación para dar respuesta a las diferentes maneras de ser, participar y aprender de los niños y niñas”, asegura Mercè Esteve, subdirectora general de Ordenación y Atención a la Diversidad.

Publicidad

A ello responde el artículo 7 de medidas y apoyos al alumnado, que distinguen entre los soportes universales, los adicionales y los intensivos. Estos últimos se refieren al apoyo auditivo que podría recibir un alumno sordo o al de un velador por quien tiene problemas de autonomía. Pero los soportes universales van en la línea de replantear la práctica docente para personalizar la enseñanza o las evaluaciones para que sea adaptado a los alumnos, incluidos los que tienen necesidades educativas especiales.

Es en esta dirección que, según Enseñanza, ya se han puesto en marcha los planes de formación del profesorado, uno de los puntos clave, junto con los recursos, para que la inclusión vaya más allá de garantizar que un niño con discapacidad va al aula ordinaria. Actualmente ya han recibido formación la mitad de los maestros de educación especial.

Escuela San Rafael de la Selva del Camp, uno re los referentes en inclusión. / Sandra Lázaro

142 millones para profesionales y formación

En cuanto a los recursos, el decreto va acompañado de una memoria económica de 142 millones de euros, el grueso de los cuales irán destinado a profesionales de apoyo, aunque también para formación o equipamiento de aulas y de nuevas tecnologías. Esta partida, defiende Ortoll, deberá sumarse a las mejoras que en los últimos presupuestos ya se contemplaban para la escuela inclusiva, como por ejemplo la creación de nuevas Unidades de Apoyo a la Educación Especial (USEE), que con el nuevo decreto pasan a ser SIEI (Apoyos Intensivos en la Escuela Inclusiva), y la contratación de decenas de maestros de educación especial y de técnicos en los últimos dos cursos.

Para Santiveri, “los recursos no son lo que hará funcionar el modelo inclusivo, sino que lo será la formación y el acompañamiento del profesorado”. Sin embargo, la psicopedagoga Dolores Viqué considera que los recursos son “insuficientes” y que habría que plantear, por ejemplo, rebajas de ratios. Viqué, que ve en el decreto una mejora para el sistema, alerta también de algunas carencias -que ya recogió en un informe por CCOO- como, por ejemplo, que no se concrete lo suficiente cómo quedará la inclusión en la etapa de escuela infantil o en espacios como el comedor escolar o las extraescolares.

Centros especiales, proveedores de servicios

El nuevo papel de los centros de educación especial es otra de las grandes novedades del decreto, que progresivamente prevé que se conviertan también en centros proveedores de servicios y recursos (CEEPSIR) de las escuelas ordinarias. La intención es que mantengan como hasta ahora la escolarización de alumnos con discapacidades severas y que, a la vez, destinen algunos de sus profesionales y medios a mejorar la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales en los centros ordinarios.

Este cambio lo valora “muy positivamente” Cristina Vall-llosera, responsable del Área de Infancia y Juventud de Dincat, una federación que agrupa una parte importante de los 105 centros de educación especial que hay en Cataluña, la mayoría de los cuales son concertados. Los temores de estos centros a un desmantelamiento completo queda disipado en el decreto porque, explica Esteve, “es en los centros especiales donde hay un conocimiento especializado muy valioso que no podemos desaprovechar, al contrario”.

Publicidad

En este sentido, por ahora, lo que hará Enseñanza es cubrir los gastos de los profesionales de los centros de educación especial que harán el acompañamiento a las escuelas ordinarias, una tarea que consistirá desde el asesoramiento a los tutores hasta la colaboración en la atención directa a los alumnos en las horas que se marquen. En el momento de aprobar el decreto, ya hay 13 centros especiales que están implementando este modelo, sin contar algunos que ya lo hacían por su cuenta.

La coordinación con los centros de Salud

Otro de los retos del modelo de escuela inclusiva -y una de las críticas históricas señaladas por los profesionales- es la coordinación entre los centros educativos y los de salud. La psicopedagoga Dolores Viqué alerta que la “saturación” de los centros públicos de salud mental infantiles y los de atención precoz (CESMIJ y CEDIAP, respectivamente) “hace que el trabajo con los servicios educativos tenga mucho margen de mejora”. Los centros de salud son los que diagnostican los niños que tienen trastornos y discapacidades.

Lo previsto en este ámbito el decreto es que Enseñanza “ha de establecer un trabajo de coordinación integral y de continuidad con el departamento de Salud” para garantizar “asesoramiento y orientación de los centros de salud mental” en las escuelas e institutos que tengan un SIEI.

Publicidad
Publicidad

Comentarios

Escribe tu opinión