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No es fácil para un maestro hablar de la actualidad política en clase, y mucho menos estos días. Con ocho maestros imputados por un supuesto delito de incitación al odio, una campaña política contra el adoctrinamiento y formularios que animan a las familias a denunciar malas praxis, algunos docentes optan por evitar que el proceso entre en sus aulas. En algunos casos prefieren autocensurarse, mientras que en otros los claustros o las direcciones les han hecho recomendaciones en esta línea.
Una de ellas es la Laia García, maestra de 5º de Primaria en una escuela pública de Badalona, que opta por utilizar un nombre falso para no implicar a su centro. Inmersa hace unos días en una actividad en clase para explicar qué son las guerras, como se financian las armas y cuánto dinero invierte España en Defensa –con materiales didácticos que le proporcionó el Centro de Recursos Pedagógicos (CRP)–, la dirección de la escuela le pidió que no continuara con el tema. «No lo hicieron por ideología, sino por miedo a recibir denuncias», expone esta docente. El equipo directivo de su escuela, asegura, ha pedido al conjunto de profesorado en las últimas semanas que «no hablen con el alumnado sobre el 1 de octubre» ni tampoco de ninguna temática que pueda «ser delicada», como «la financiación armamentística o las guerras por origen religioso». «Es muy complicado poder explicar según qué temario si no puedes debatir sobre ciertas cuestiones», se lamenta García.
«Hay una tendencia que está llevando a parte del profesorado a no tratar el tema», constata Ramon Font, portavoz del sindicato USTEC-STEs, en referencia a cuestiones como los hechos del 1-O o el encarcelamiento y el exilio del Govern de la Generalitat. «Si no nos plantamos, podemos acabar sin espíritu crítico; debemos defender la libertad de pensamiento y la libertad de cátedra», defiende. En esta línea, la plataforma Somescola, que agrupa una cincuentena de entidades educativas, ha defendido en un manifiesto el papel del profesorado en el modelo de educación en Catalunya.
Autocensura para evitar la reacción de las familias
En algunas ocasiones son los propios maestros los que han optado por autocensurarse. En Tarragona, en el Instituto Pere Martell, Javi Barba y el resto de compañeros de su equipo docente han decidido «no hablar» sobre «nada que tenga que ver con el referéndum ni el 1 de octubre, para evitar entrar en conflicto». Barba explica que en su instituto, donde se imparten sobre todo ciclos de Grado Medio y Grado Superior, hay «todo tipo de alumnado y con todo tipo de opiniones e ideologías». «Tengo tres o cuatro hijos de Guardia Civiles y de Policía Nacional, yo no sé qué les explican en casa, que cada uno piense lo que quiera», explica este profesor de Tarragona.
«Como profesorado somos un escaparate, estamos en un momento muy complicado, los alumnos lo explican todo cuando llegan a casa», continúa. Para él, «es arriesgado hablar con niños de 16 años, puedes tener problemas». El temor a la reacción de algunas familias es lo que frena a este docente. No sólo porque algunas denuncias hayan acabado en los juzgados, como es el caso de los ocho profesores de la Seu d’Urgell, sino también porque entidades como Societat Civil Catalana invitan a trasladarles quejas sobre casos de posible adoctrinamiento. Tampoco es ajeno al día a día de los docentes el hecho de que el Ministerio de Educación ya haya trasladado tres requerimientos al departamento de Enseñanza pidiendo información sobre decenas de casos, algunos de los cuales han aparecido publicados en la prensa.
Antes del 1-O «se podía hablar de todo»
A Sara, profesora de un instituto público en Santa Coloma de Gramenet, su director le dijo «que no se podía hablar del tema en clase por miedo a denuncias». Según explica, hasta principios de octubre «se podía hablar de todo». Pero pasado el referéndum, su centro, junto con otros de la zona, hicieron una manifestación en contra de la violencia, una iniciativa por la que afloraron quejas de algunos miembros de la AMPA. Desde entonces, el centro ha optado por evitar las cuestiones de actualidad.
Al igual que en su centro, el 2 de octubre la mayoría de escuelas de Catalunya hicieron actos de rechazo a la violencia policial. Entre ellos, el de Laia García, en Badalona. «Cuando los niños llegaron a clase el 2 de octubre, algunos de ellos me decían que había habido un atentado yihadista y que por eso los Mossos pegaban a la gente», explica García, para dar a entender que muchos no tenían ni idea de qué había pasado exactamente. «Como profesora tienes que explicar qué ha pasado, sobre todo si ellos tienen dudas», opina. Les explicó que no habían sido los Mossos, sino la Policía Nacional y la Guardia Civil, aunque asegura que «no entienden muy bien las diferencias entre cada policía».
García y sus alumnos, en la asignatura de Sociales, han terminado de estudiar ahora qué es un Ayuntamiento y cómo funciona, y el próximo tema que les toca abordar es la Generalitat de Catalunya. «Les tengo que explicar qué son los diputados, las elecciones, el presidente… ¿Qué les diré? ¿Cómo explicas la Generalitat?», se lamenta García. Ante esto, el equipo directivo le recomendó «que pase por alto este tema» y que ya lo harán «más adelante». De nuevo, insiste, «por miedo a lo que pueda pasar».
Dos maneras de pensar
En el Instituto Montserrat Roig de Terrassa, donde Carles Codina es profesor de Secundaria y Bachillerato, aunque el equipo directivo no ha dado ninguna directiva concreta, hay algunos profesores que prefieren no sacar el tema. «Algunos no quieren hablar también por miedo a lo que dirán sus compañeros, ya que algunos profesores del instituto están a favor [del proceso soberanista] y otros no», explica Codina, que matiza que en su centro «los sectores que no están de acuerdo con el proceso ahora mismo se sienten más incómodos». Él, sin embargo, sí que opta por afrontar el debate si se le presenta en clase. Considera clave que los alumnos vean que es un conflicto entre diferentes posicionamientos.
«Lo planteo como una contraposición entre dos formas de pensar, sin reforzar la posición de ningún lado e intentando generar empatía mutua», expone. Lo mismo opina Lluisa Ayza, profesora de ESO del Instituto Can Peixauet de Santa Coloma de Gramanet. Sus alumnos, explica, tienen dudas sobre el conflicto político catalán constantemente. «No callan: hacen preguntas, tienen dudas… Intento argumentar con ellos, que vean diferentes puntos de vista, que entiendan qué ha pasado y por qué ha pasado, pero nunca me posiciono ni doy a entender qué pienso». Para ella, es muy importante que, si los alumnos preguntan, tengan respuestas.
«Somos una sociedad donde cuesta hablar de según qué asuntos. Parece que si no te posicionas no puedes hablar del tema», sostiene el profesor de Humanidades en la UPF y especializado en Filosofía y Ética, Jordi Mir. «Tenemos que enseñar todas las partes, enseñar todos los argumentos, con rigor. La complejidad dependerá de la edad de los alumnos, pero debemos evitar las simplificaciones entre buenos y malos», apunta Mir.
«La educación está en las antípodas del adoctrinamiento, lo que busca es capacitar a las personas para hacer frente a los retos de la sociedad», sostiene este profesor de la UPF, mientras se muestra sorprendido ante las denuncias por incitación a la odio de los maestros de la Seu d’Urgell. «Tenemos que poder hablar del referéndum del 1 de octubre del mismo modo que haríamos con otros temas difíciles de abordar como la interrupción del embarazo, la eutanasia, la guerra Civil o la situación económica actual «, concluye.
El formulario de Societat Civil Catalana
Societat Civil Catalana, que se autodefine como una asociación para fomentar «la cohesión y la convivencia entre los ciudadanos de Catalunya» y por «mantener la cultura catalana como parte inseparable de la cultura española común», ha presentado un formulario donde las familias pueden denunciar a las escuelas por adoctrinamiento si detectan algún caso. Según SCC, algunos de los motivos para denunciar podrían ser «símbolos políticos en los centros» como «pancartas de Somescola» o «murales».
«Sirve para que las familias que sientan vulnerados sus derechos en las escuelas puedan vehicularlo», explica el presidente de SCC, José Rosiñol. Asegura que «lamentablemente, en Catalunya no hay ninguna forma de vehicular este tipo de quejas», porque, dice, «si lo haces en las escuelas, pueden llegar a estigmatizar a tu hijo». Ante la activación de este formulario, desde la comisión jurídica de USTEC «se está estudiando» lo que ellos valoran como una «caza de brujas».
