Opiniones

Carmen Rodríguez Martínez

Universidades públicas: democracia, autonomía e ideologías en disputa Carmen Rodríguez Martínez

Lo que ha ocurrido en la Universidad Rey Juan Carlos ha sido que, lejos de ejercer su autonomía universitaria, que significa independencia, un grupo de personas se han plegado al interés particular del poder político.

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“… porque nadie sabía quién era quién ni de parte de quién en
aquel palacio de puertas abiertas dentro de cuyo desorden
descomunal era imposible establecer dónde estaba el gobierno”.
Gabriel García Márquez, El otoño del patriarca.

Las universidades europeas han sido históricamente uno de los pilares fundamentales para la creación de ideas y de pensamiento debido, como nos recuerda de Souza, al grado de autonomía que han tenido, inimaginable para ninguna otra institución estatal. Kant las considera una república del saber, donde los profesores son depositarios de la ciencia y la autonomía.

Ello no significa que no sean cuestionables los modelos medievales de saber que se han transmitido, la falta de eficacia, el aislamiento y, en ocasiones incluso, de transparencia.

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El proceso de modernización, a partir de la democracia, en nuestro país supuso un salto sin precedentes de las universidades públicas en los años noventa, que alcanzaron un millón y medio de estudiantes posibilitando una gran transformación social y democratizando el saber para toda la población. Las generaciones jóvenes superaron en formación y aspiraciones a sus progenitores, una etapa que supuso un progreso para nuestro país que nadie puede esconder con discursos catastróficos.

Esto lo consiguió la Universidad considerada como bien público, con el apoyo de la extensión de la educación no universitaria, las políticas de becas y el incremento de la inversión en educación.

El esfuerzo que desarrollaron las universidades públicas en su puesta al día hizo que alcanzaran la homologación con su entorno y no solo por el incremento del número de estudiantes y de titulaciones (las universidades públicas acogen al 90% del estudiantado universitario). España en pocos años ha creado numerosos grupos de investigación consolidados y de cooperación internacional, siendo su producción científica muy notable (el 97% de la producción total corresponde a las universidades públicas), para la escasa financiación del gasto total en I+D que ha tenido y que ha disminuido, más aún, en los últimos tiempos hasta quedar por debajo de la mayoría de los países de la UE (desde el 0,9% del PIB en 2009 hasta el 0,59% en 2014).

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A pesar de ello la Universidad pública, sede del pensamiento libre e independiente que debería de ser, sufre envites por la mercantilización y privatización del conocimiento tratando de acabar con su sentido de bien público. En unas pocas décadas pasa de producir conocimiento y profesionales para el mercado a ser ella misma un mercado y ser dirigida como una organización de negocios. Desde entonces confundimos los objetivos del mercado con las preocupaciones de la sociedad civil y el propio Estado impone con poder coercitivo los imperativos de mercado.

Un amigo, Marco Antonio Rodrígues, achaca el problema a una sola palabra que añadió el Banco Mundial a “la educación como bien público”, la palabra “Global”. El bien público global sería el modelo de universidad que se lleva a cabo en un grupo de países y que se traslada como referencia al resto. Y que obligó a adoptar requisitos estrictos de “Calidad”, solo adecuados para unos pocos países. La educación no se liga al desarrollo social, político y cultural de sus instituciones y su sociedad, sino a las exigencias del mercado.

De hecho el documento “Replantear la educación – ¿hacia un bien común global?” (“Rethinking education –Towards a global common good?”) publicado, en París, en 2015, plantea la renuncia a la educación como bien público porque estaría refiriéndose a las políticas públicas y estatales y no a los servicios públicos que ofrecerían también empresas e individuos. Coloca en el mismo nivel la responsabilidad del gobierno y de las empresas, aunque no tengan los mismos principios éticos. Este es el lenguaje que la UE ha puesto en marcha, la idea de “los bienes comunes”.

Si tenemos en cuenta que la educación superior en un bien público porque es “un derecho humano universal, una necesidad social y un deber del Estado” debemos defender la libertad académica para desarrollar el conocimiento singular, y la autonomía universitaria que garantiza la independencia de los poderes políticos. Las universidades públicas favorecen la pluralidad de públicos heterogéneos, permiten la participación democrática de la comunidad y la organización dirigida al bien común. Es donde las ideologías están en disputa, aunque haya sido un espacio que ha encajado en mucha ocasiones en los discursos acomodaticios.

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Lo que ha ocurrido en la Universidad Rey Juan Carlos ha sido que, lejos de ejercer su autonomía universitaria, que significa independencia, un grupo de personas se han plegado al interés particular del poder político (suponemos que por transferencia de intereses) utilizado por el parido del gobierno para influir ideológicamente a su favor, llegando al extremo de conseguir la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, un título de master falso, según todo lo conocido, sin importarle en su defensa desacreditar a la institución pública.

Tenemos grandes desafíos para enfrentarnos al gobierno democrático de las universidades públicas. Actualmente muchos de sus profesionales y estudiantes luchan por cumplir con las funciones de enseñanza, investigación y servicio a la sociedad sin priorizar la vertiente mercantil, donde en la Investigación y la Ciencia se impone la financiación de la investigación experimental y la innovación tecnológica frente a las Ciencias Sociales y Humanidades.

Los presupuestos de los que parte el nuevo sistema de acreditaciones están sirviendo para generar plantillas sin estabilidad y extender la contratación laboral en la Universidad, que junto a otros sistemas de contratación (profesorado asociado) son instrumentos para precarizar al profesorado y proletarizar su trabajo.

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El último informe realizado para la Reforma de las Universidades por un grupo de expertos y expertas en 2013, para José Ignacio Wert, plantea un modelo de gestión empresarial y de privatización. Los presupuestos de los que parten son: restar democracia a la participación de las universidades, flexibilización en el acceso de personal a la Universidad (no solo funcionarios), atender a las demandas sociales, incluyendo a políticos y personas del mundo de la empresa en el gobierno de las universidades, autonomía y rendición para su financiación y financiación pública y privada complementaria.

La crisis ha sido aprovechada para seguir con el aumento de las universidades privadas, a la vez que se reduce la financiación de la educación superior y se disminuyen y precarizan las plantillas de profesorado. Junto al aumento de las tasas y la disminución de becas tienen como objetivo potenciar las políticas de excelencia del alumnado y sustituir el control público por la lógica el mercado.

La Universidad pública es la única que debe ofrecer un marco de democracia en la generación del conocimiento y en su gestión. Requiere para ello defender su autonomía frente a cualquier intento de injerencia del ámbito político o económico. Autonomía que se complementa con la transparencia y rendición pública de cuentas.

Esta es la universidad como bien público y al servicio de la sociedad que necesitamos y que defendemos.

 

Carmen Rodríguez Martínez. Profesora de la Universidad de Málaga

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