Poco más de dos meses han pasado desde que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales en México con unos resultados que superaron todas las expectativas. El candidato de la izquierda mexicana (coalición Morena) todavía no ha asumido su nuevo cargo -lo hará el próximo 1 de diciembre-, pero desde su triunfo electoral ha repetido en varias ocasiones que cuando eso ocurra anulará la Reforma Educativa impulsada por el gobierno saliente del presidente Enrique Peña Nieto.
En la primera comparecencia conjunta entre presidentes celebrada en el Palacio Nacional el pasado 21 de agosto, el electo aseguró ante su futuro antecesor que “en su momento, en tiempo y forma, vamos a cancelar la reforma educativa y daremos a conocer un plan distinto”.
El actual mandatario, de tendencia centroderechista (PRI), instauró un programa para poner fin a un sistema educativo de casi 60 años. Desde 2012 y en diferentes etapas, se propuso mejorar los indicadores educativos del país, que hasta día de hoy siguen siendo muy desalentadores.
México es el país de la OCDE que más dinero destina a la educación, más del 5% de su PIB, pero es el que peores resultados obtiene debido a que el grueso de los gastos, el 86%, es para pagar los salarios de más de dos millones de maestros que enseñan a 36 millones de alumnos en 260.000 escuelas.
Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2016 el 17,4% de la población mexicana no alcanzó el nivel educativo considerado básico (secundaria), lo que corresponde a un total de 21,3 millones de adultos y jóvenes de entre 13 y 15 años. Además, sólo el 30% de los jóvenes llega a educación superior.
Evaluación docente “punitiva”
La Reforma de Peña Nieto se basó en tres pilares fundamentales: modernizar los contenidos educativos, mejorar la infraestructura en las escuelas y profesionalizar a los profesores a través de un sistema de méritos. Esta última ha sido, sin duda, una de las piedras en el zapato del presidente hasta hoy.
El 3 de septiembre el presidente ofreció un balance oficial de su gestión, ad portas de traspasar el cargo. En su sexto y último Informe de Gobierno, declaró que cuando llegó al poder había un sistema “discrecional, injusto e ineficiente”, que no reconocía a los maestros, porque “el clientelismo había sustituido al mérito”.
Pero, según él, todo cambió con sus nuevas reglas para el ingreso, promoción y permanencia de los docentes: “Hoy el mérito, el esfuerzo y la preparación son los únicos criterios que determinan el desarrollo profesional de los maestros”, aseguró.
El sistema de evaluación de los docentes es obligatorio para todos los profesionales que resulten elegidos a través de un proceso de selección aleatorio. Aquellos que se niegan a realizar las pruebas son suspendidos de salario o cesados del lugar de trabajo. Desde su anuncio, el gremio ha mostrado una oposición muy mayoritaria a la iniciativa y, en algunos estados como Oaxaca, Guerrero y Michoacán, incluso frontal. En 2016, la ola de protestas de los profesores en estas regiones dejó varios muertos y cientos de heridos.
Las pruebas, que se deben realizar cada cuatro años, permiten “promocionarse en la función”, es decir, obtener reconocimiento (económico) o mayor número de horas lectivas (con su respectivo aumento salarial); conseguir “reconocimiento en el servicio”, que significa llegar a ejercer como tutor o asesor técnico pedagógico; o permanecer y conservar el puesto de trabajo.
Contra este sistema de pruebas se ha posicionado desde el principio la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), una organización sindical que se creó como alternativa al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el más grande de América Latina en número de afiliados y cercano al actual Ejecutivo. Con una clara apuesta por dignificar el trabajo docente, la CNTE ha dado la pelea de forma perseverante contra la Reforma Educativa de Peña Nieto.
Mirna Santiago, miembro de la dirección política de la organización sindical y maestra de educación preescolar, asegura que la “evaluación punitiva es la columna vertebral” de la Reforma, y que opera “a través de exámenes estandarizados a alumnos y maestros para medir conocimientos en el marco de un proceso de mercantilización que deshumaniza y cosifica”.
Según datos de la Secretaría de Educación Pública, durante el mandato de Peña Nieto, 637.000 profesores han participado en evaluaciones de desempeño docente. Por su parte, la CNTE cifra en 586 personas cesadas en 2015 por negarse a examinarse, mientras que el mes pasado, coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar, fueron despedidos 17 maestros más por la misma razón.
Defensores y detractores
Han trascendido pocos detalles de los planes de López Obrador en materia educativa, más allá de acabar con la Reforma. Tampoco ha explicado cómo llevará a cabo este proceso. Sin embargo, sí se ha pronunciado sobre de la evaluación docente, la única parte que el nuevo presidente quiere mantener. Eso sí, quitándole el “componente punitivo”. “Queremos tener a un maestro que esté pensando en que los niños mejoren, y no puede estar siendo hostigado por la autoridad educativa, no puede estar pensando en su evaluación”, ha anticipado el próximo titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma.
Pero esta idea no convence a todo el sector. Entre los que más rechazo han mostrado a la decisión de anular la Reforma Educativa, en general, y modificar la evaluación docente, en particular, destaca la organización Mexicanos Primero, vinculada a empresarios de élite que en estos años se ha volcado a favor del programa reformista.
Su presidente ejecutivo, David Calderón explica a El Diario de la Educación que López Obrador cancelará “los mecanismos que permiten atender con mejores condiciones, con la compensación de justicia necesaria, a los alumnos de las zonas más pobres”, en referencia a la eliminación de los castigos por malos resultados en las pruebas. Para él, “la solución no es que los maestros no tengan exigencias, por el contrario, necesitan el máximo apoyo, compensaciones salariales y profesionales”. El director considera que si “ya el capital cultural de las familias más pobres no alcanza para que [sus niños] tengan oportunidades paralelas a los de las grandes ciudades, menos las van a conseguir con maestros que no saben cerrarles la brecha en cuanto a los aprendizajes y habilidades deseadas”.
Calderón también opina que es una “grave omisión” que el mandatario electo no se haya referido a políticas dirigidas a la primera infancia. Además, rebate el enfoque de las políticas educativas para jóvenes que se vienen. En esta línea, López Obrador ha planteado ampliar la cobertura de la educación universitaria y repartir becas a todos los jóvenes del país que se incorporen a empresas y organizaciones para desarrollar una formación temporal.
Para el director, esto es una “introducción temprana al subsidio para toda la vida” y “un incentivo a la dependencia”. Según él, López Obrador tiene que ir más allá de una solución temporal y lo invitó a buscar un “diseño más propositivo y sólido” que supere su promesa de campaña “de ofrecer becas indiscriminadamente”. En su opinión, estos “pequeños depósitos mitigan la pobreza y frustración, pero no son sustentables en el tiempo”.
Desde el otro lado de la cancha, la CNTE celebra que finalmente se reviertan las medidas que contempla la Reforma, cuya implementación necesitó incluso modificar la Constitución, y se muestra confiada ante eventuales “transformaciones” al sistema educativo del país. A la vez, pero, duda de que ese nuevo escenario pueda ser “real” si, al frente de la Secretaría de Educación, López Obrador ha designado a Moctezuma, un personaje vinculado a la Reforma del gobierno anterior.
Por ahora, la CNTE será uno de los actores clave de la Consulta Participativa para el Acuerdo Nacional sobre la Educación, otro de los anuncios del nuevo presidente. Maestros, estudiantes, familias, autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil y especialistas participarán de 32 foros en distintos estados para diseñar el programa que guiará los próximos años en materia educativa.
Mirna Santiago observa el desafío con esperanza, pero también con determinación: “Enfrentaremos al nuevo gobierno con organización, movilización y disciplina, dando continuidad a la lucha y haciendo valer nuestras propuestas de educación emancipadora que ya se llevan a la práctica en las aulas desde hace años”, concluye.
