Fugas de centros de acogida, supuestas palizas de los vigilantes que se investigan, desapariciones sin que nadie les busque… Seguir el rastro de las siglas MENA (menores extranjeros no acompañados) en las noticias nos traslada una mínima idea de lo que debe de ser el crudo día a día para muchos de estos adolescentes que llegan a nuestro país, mayoritariamente procedentes de Marruecos y de Argelia, pero también de Siria, del África Subsahariana o Bangladesh sin la compañía de un adulto, lo que les coloca automáticamente en situación de desamparo y convierte a la comunidad autónoma donde recalan en su tutora legal.
Una breve conversación con distintas organizaciones que intervienen con este colectivo nos hace ver que todo ese rumor que nos llega es solo la punta de un iceberg. No es fácil analizar un fenómeno, para empezar, difícil de cuantificar. Según la memoria de la Fiscalía de 2016, en 2015 había 3.660 niños y niñas extranjeros tutelados por las comunidades autónomas. De los 47.500 niños y niñas migrantes que llegaron a España en ese año, 3.660 lo hicieron solos (su porcentaje ha crecido en un 25,6% desde que se recoge, a partir de 2011). Pero la propia Fiscalía de Extranjería reconoce las lagunas que puede presentar el registro, con menores que nunca figurarán en él pese a haber cruzado nuestras fronteras sin contar aún con la mayoría de edad, o menores que se registran más de una vez, por haberse desplazado de una a otra región y, por tanto, contar doble.
Sean más o menos fieles las cifras, de lo que no hay duda es de que su situación es mejorable. Así lo demuestra el último caso sonado, la desaparición de un grupo de menores que durante un tiempo estuvieron viviendo en un parque en Madrid, cercano al centro del que se habían escapado, tras un breve lapso en un piso tutelado en Rivas. La pista se pierde en Ávila. “Sí, hablamos de niños que inhalaban disolvente, pero también de niños que pasaban frío, hambre, miedo, que relataban que estaban mejor en la calle que en el centro, que denunciaron agresiones, y niños, recordémoslo, en situación de desamparo”, recalca Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación Raíces, que acompañó a los menores durante su estancia en la capital.
El hecho de que abandonen el sistema de tutela tampoco es algo extraordinario: 896 menores lo hicieron en 2014. Detrás de esta elevada cifra las ONG ven un fallo en la respuesta que el sistema les da, sin ofrecerles una formación y educación encaminada a lograr una vida digna, sin individualizar su seguimiento o haciéndoles temer “una patada en el trasero” cuando llegue la mayoría de edad, lo que en muchos casos hace que dejen los centros según se acercan los 18.
De hecho, en palabras de Reyzábal “en España se vulneran los derechos de los MENA de manera sistemática desde que entran en el país, no reconociendo su derecho a la asistencia letrada, a un turno de oficio de abogados que defienda sus derechos, permitiendo su ‘devolución en caliente’, dejándolos fuera de los recursos de protección con pruebas de determinación de la edad cuestionables, pero por decreto e irrecurribles, sin asistencia sanitaria o condenándolos a un limbo que nos obliga a las ONG a tratar de introducirlos en recursos para extranjeros adultos, exponiéndonos, o, peor, que les termina convirtiendo en niños de la calle”.
Determinación de la edad
Reyzábal hace referencia al protocolo marco sobre MENA, de octubre de 2014, y a la reforma de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que hace necesario que también los niños y niñas con documentación de sus países de origen que acredita su minoría de edad mediante un pasaporte o un certificado de nacimiento deban pasar las pruebas de determinación de la edad, que suelen consistir en la medición del carpo de la mano izquierda, un método cuestionado por la comunidad científica y que conlleva un margen de error de +/- 2 años. Según denuncian también otras ONG, como Save the Children, esto conduce a estos chicos y chicas a un limbo jurídico en nuestro país: si la prueba los define como mayores de edad no tendrán acceso al sistema de protección, pero tendrán un pasaporte que les acredita como menores que, en cambio, sí será válido en el resto de países del mundo.
Desde el Servicio Jesuita a Migrantes, Santiago Yerga añade cómo, si el marco jurídico es mejorable, “la praxis administrativa deja mucho que desear”: “Ahí tenemos los 19 menores detectados en Centros de Internamiento de Estranjeros (CIE) en 2015, lo que es una barbaridad y procede de los fallos en la detección de la edad, o la disparidad ente comunidades autónomas a la hora de conceder la documentación, pero también el hecho de que exista una discriminación con respecto a los españoles, pues a los 16 años no disponen de una autorización para trabajar de forma directa, lo que no les ayuda a prepararse el terreno para cuando dejen de estar tutelados; entonces, como extutelados, para mantener su documentación en el tránsito de la minoría a la mayoría de edad, deben acreditar unos ingresos de 535 euros al mes, lo cual es complicado”.
Yerga critica también cierta tendencia a “guetizar” a este colectivo en espacios muy concretos, “limitando sus posibilidades de integración”, algo que lamenta porque, insiste, “nos jugamos mucho con los MENA, son años clave y nos encontramos muchos casos de chicos y chicas que pudiendo haber tenido un futuro razonablemente mejor que en su país de origen lo ven frustrado”.
El coordinador jurídico de Pueblos Unidos aboga por estudiar fórmulas como el acogimiento familiar, del mismo modo que se hace con niños españoles tutelados, o introducir técnicas mixtas, con una parte de entrevistas y otra parte científica, a la hora de determinar su edad. “El fiscal, salvo excepciones, no ve al niño, tan solo se cree lo que dice el resultado de la prueba científica llevada a cabo. Esta, además, se basa en el atlas de Greulich & Pyle, para niños y niñas occidentales, no de Asia ni de África.
Niños antes que extranjeros
Con Yerga coincide Catalina Perazzo, analista jurídica en derechos de infancia de Save the Children. La ONG denuncia la extrema vulnerabilidad de los MENA en su informe Infancias invisibles (junto con la infancia refugiada y víctima de trata) y, como la Fundación Raíces, ha trasladado a las administraciones una serie de recomendaciones para proteger mejor a este colectivo, siempre con el interés superior del niño como principio, pues, como denuncian ambas, en muchas ocasiones, parece juzgárseles antes bajo el prisma de extranjeros que de menores: “Nos avala un informe del Defensor del Pueblo, según el cual estas pruebas de determinación de la edad que pasan por el desnudo integral, la exploración del desarrollo físico, la radiografía de la mano izquierda y, como mucho, de la dentadura, deben emplearse solo de forma puntual, como último recurso, y no pueden ser la única prueba, sobre todo si el fiscal que determina la edad se limita a trasladar lo que pone el forense en el informe, ni ve al menor ni pide pruebas complementarias”.
El Defensor del Pueblo no está solo. También el Comité de Derechos del Niño ha llamado la atención a España sobre su incumplimiento de sus obligaciones internacionales respecto a los MENA, que competen a la Fiscalía de Extranjería, no de Menores.
A Vanesa Martínez, que trabaja en un piso tutelado de Gijón, dependiente de la ONG ACCEM, noticias como las que llegan de Madrid, con menores que han estado vagando de un centro a un parque, de un parque a un piso, de un piso a la calle, u otros que son alojados en habitaciones de pensiones del centro de la capital, dentro del Programa de Seguimiento Externo, le resultan sorprendentes. En el piso, en marcha desde 2009, cuentan con ocho plazas para menores extranjeros no acompañados y estos siempre cuentan con “personal educativo a su disposición, las 24 horas”. Si son más pequeños, de 14 años, “se escolarizan sí o sí en ESO, con el apoyo de las aulas de inmersión lingüística”, y si son más mayores, como su idea suele ser trabajar lo antes posible, se les buscan alternativas como las escuelas taller, con su parte formativa y su parte de prácticas, explica Martínez, que reconoce, eso sí, que existen opciones, como la garantía juvenil, que no son una opción para estos chicos si no cuentan con permiso de trabajo.
Además, prosigue Martínez, en Asturias las estancias se suelen alargar, otorgándoles otros recursos a partir de los 18 años, en pisos en que ya el educador no está las 24 horas, permitiéndoles una mayor independencia hasta más o menos los 23 años.
Asegura que se ha detectado un repunte de MENA desde verano de 2016, y considera que las noticias que llegan de Madrid pueden deberse a “la existencia de macrocentros de acogida” en ciertas comunidades autónomas, mientras que su política es no rebasar los ocho chicos por educador en el piso.
Desde Fundación Raíces se explica cómo este colectivo no solo no tiene acceso a la garantía social, sino que su posibilidad de contar con rentas básicas (renta activa de inserción, renta mínima de inserción…) es prácticamente inexistente. Y desde Save the Children se remarca cómo, junto con los cambios en la determinación de la edad, o un acceso garantizado a los recursos del sistema que le interesaría recibir, “lo fundamental es evaluar las necesidades de cada menor individualmente considerado, con proyectos educativos personalizados, adaptados a las características de cada niño para determinar qué es lo mejor para ese niño en concreto en ese momento en concreto”, según Perazzo, que añade: “Casos como el de los menores de Madrid nos demuestran que la respuesta de protección no siempre es la adecuada”.
Es así, sin vislumbrar un proyecto de vida, con dificultades para convalidar los títulos de su país de origen o relegados a cursos que no se adaptan a sus necesidades curriculares y de aprendizaje ni están dirigidos a la inserción laboral (muchas veces, los que han quedado como residuales de los menores autóctonos, según se apunta desde la Fundación Raíces) como la opción de buscarse la vida al margen de las instituciones va ganando peso poco a poco en el imaginario de estos jóvenes, lo que les puede terminar abocando a situaciones de calle.
