Hace unos días saltaba a los medios de comunicación un brutal ataque cometido, en esta ocasión, por una niña de 13 años contra un compañero de instituto de 14. Un hecho dramático que ha vuelto a generar especulación, horas de lecturas y llamadas, de conversaciones con expertos sobre cómo podemos evitar que estas cosas pasen, sobre problemas mentales en la adolescencia… un largo etcétera.
“Es un problema social, no escolar. Mientras esto no esté claro, solo gana Jesús Vázquez”. Contundente y crítica se muestra Carmen (nombre ficticio) directora de un colegio público andaluz. Está claro que lo sucedido hace unos días en Madrid es algo extraordinario por algunos de sus elementos, pero en cualquier caso, sí hay una situación complicada en muchos colegios e institutos de todo el país.
“La escuela, prosigue Carmen, empieza a ser, lo es, víctima de una sociedad muy enferma. De unos políticos que se ríen de ella y de sus propios planes de igualdad, convivencia, inclusión… papel mojado si no empiezan a financiarlos (porque necesitan recursos, no sólo económicos, que también). La escuela no puede hacerse cargo de todo lo que la gente ensucia”.
Carmen no es optimista con la situación que han de enfrentar miles de docentes a diario pero, eso sí, “lo que yo haría después en mi colegio, al día siguiente, sería pasar el día hablando, escribiendo… con el claustro… y la Inspección y las familias, preguntarnos si realmente nos creemos que la prevención es posible”.
Algo que no difiere de lo que haría Angels Grado, entre otras muchas cosas, presidenta de la Asociación Convives. Defiende que antes de llegar al día siguiente se impone la necesidad de hacer una reunión “de emergencia” con el claustro. Una reunión en la que se acuerde quién va a decir qué. Pero no con la lógica de ocultar nada, sino con la intención de evitar rumores, corrillos de pasillo o que la información circule por grupos de WhatsApp. Evitar que cada persona cuente lo que cree que ocurrió, lo que le han contado. “Una reunión en la que no se esconda la realidad, para explicar lo ocurrido, pero con información y con prudencia“.
Una reunión en la que también debería estar el personal de administración y servicios, conserjes, personal de limpieza. Toda la información debe ponerse sobre la mesa; debe, además, armonizarse. Y con algunas cosas en el punto de mira: “El hecho es intolerable, pero no debe estigmatizarse a las personas”.
“La respuesta tiene que ser conjunta y muy clara: en esta escuela no se toleran estos comportamientos, no te lo vamos a permitir”. Esta sería la primera respuesta de Sara Carbonell, directora del CEIP Luis Vives de Cullera. Una comunidad de aprendizaje que realiza las actuaciones educativas de éxito. “Lo que sabemos que no funciona es dejarlo pasar, trivializarla o justificarla por la edad o el contexto”.
Ana Cobos es la presidenta de COPOE, organización de orientadores y orientadoras. Para ella “no se puede hacer como que no ha pasado nada”, entre otras cosas, porque si no se pone sobre la mesa “los alumnos lo magnifican”. Hay que poner las cosas en su lugar, “ver qué ha ocurrido, que el alumnado también participe”. Desde luego “dejar correr este tipo de asuntos empeora las situaciones”.
Para esta orientadora es clave “decir la verdad, sin exagerar ni quitar importancia. Atajar lo antes posible los rumores y sacar lo positivo que se pueda de la situación para conseguir un aprendizaje”.
“Hay que hacer trabajo con el grupo en general y con las personas implicadas en particular. Luego se habla con cada una y se hace mediación. Que las familias -continúa Cobos- participen ayuda mucho. Cuando no están presentes en el centro, se hace más complicado”.
Un tema, el de las familias, en el que también incide Angels Grado. “Hablar con las familias quiere decir hablar con todas. Pero no es necesario hacer una asamblea. Se puede enviar una nota informativa a las familias en la que se explica lo ocurrido y que el centro discernirá y dará una respuesta educativa a la situación”. Independientemente de que se pueda hacer reuniones con aquellas familias que lo soliciten.
Desde comunidades de aprendizaje, será la comisión mixta de convivencia, con representación docente y de las familias, la encargada de que en las asambleas que se realizan (la general, las de delegados y delegados y las de aula) se lance la pregunta “¿por qué ha pasado esto en nuestra escuela?”. “Abrir espacios de diálogo como las asambleas permite -asegura Sara Carbonell- que la clase, el profesorado e incluso las familias, rechacen el comportamiento violento y puedan dar apoyo a la víctima, nos dan la oportunidad de crear contextos tolerancia 0.”
En el caso de las familias del alumnado agresor, lo más probable, cree Grado, es que estén consternadas. Desde su punto de vista es interesante que en la reunión que se tenga con ellas, el docente que sea tutor del grupo pueda estar acompañado, incluso por alguna persona ajena al centro, que en una situación determinada, pueda reconducir la reunión.
Volviendo a Carmen, “el centro educativo, víctima de la desidia de una familia y de la enfermedad de la agresora, solo puede hablar claro, dolerse y comprometerse a intentar o seguir intentando que estas cosas no pasen”.
A partir del día después, claro, los centros pueden encontrarse, como en el caso de Madrid, con la necesidad y la obligación de tomar las medidas pertinentes, más teniendo en cuenta que la menor es inimputable dada su edad. Una difícil tarea con la que lidiar.
Grado es partidaria de la reparación. Para ella el papel del personal docente en estas situaciones es de proteger a niñas y niños como menores que son. Con esta perspectiva “no puede pensarse en eso de que ‘ya vendrá otro que lo arreglará’. Somos parte activa”, insiste.
La creación de espacios seguros y de denuncia en los centros es clave para Carbonell. El ellos cada persona puede posicionarse públicamente para rechazar el comportamiento violento y apoyar a la víctima. El objetivo es doble: “Se vacía de atractivo lo violento porque ya no tiene éxito social y por otra parte, la víctima siente una red de apoyo y no se queda sola”.
El mecanismo es que la persona que denuncia el comportamiento pase de ser “chivato” a alguien valiente por afrontar la situación. Para ello ha de sentir el apoyo de todo el centro educativo.
Como explica Grado, también es interesante, y a veces obligatorio, que en estos procesos aparezcan otros roles profesionales, de más allá del centro educativo. “En Cataluña (donde ella trabaja) cada hecho inimputable se deriva a la dirección general de atención a la infancia, por ejemplo”. Carbonell afirma que, además de seguir los postulados de comunidades de aprendizaje, “seguimos los protocolos de intervención” de la Conselleria d’Educació “y facilitamos a las familias y al alumnado los servicios con los que pueden contar para protegerse (como por ejemplo el teléfono contra el acoso, personas a las que se pueden dirigir a parte del tutor: Directora, Jefe de Estudios, Coordinadora de Igualdad, psicóloga del centro)”.
Por supuesto la Inspección juega también un papel importante aquí, más allá de sancionar o vigilar. Puede, por ejemplo, plantear algún tipo de programa de reincorporación al centro de ambas personas, “para no revictimizar a la persona agredida ni estigmatizar a la agresora. Las etiquetas son peligrosas”.
Sea cual fuere el caso, claro queda que compartir la mayor cantidad de información disponible, de la forma más clara posible y con todas las personas que forman parte de la comunidad educativa, desde el personal d administración y servicios, pasando por todas las familias, alumnado y equipo docente, son los pasos imprescindibles. Crear, como dirían en comunidades de aprendizaje, espacios donde sentirse seguros y protegidos para denunciar y donde los comportamientos violentos dejen de resultar atractivos.
“Solo así conseguiremos que esas agresiones paren y lleguemos a tener escuelas seguras libres de violencia”, concluye Sara Carbonell.
