Que el alumnado con necesidades educativas especiales llegue a las aulas ordinarias y se quede en ellas es el objetivo prioritario de un texto legal que lleva dos años construyéndose poco a poco, por un grupo promotor que hace 24 meses, más o menos, decidió que había que hacer algo más que protestar por la situación de la escuela en Madrid.
La idea es obligar de alguna manera al Ejecutivo a que vuelva a planificar con cuidado la escolarización para que el alumnado con necesidades se reparta de manera más homogénea entre los centros sostenidos con fondos públicos.
Eso por un lado. Por el otro, además, que cuando se concentre este alumnado en algún centro, este reciba diferentes apoyos por parte de las administraciones.
Ayudas en forma de un cupo máximo de alumnado con necesidades educativas especiales por aula (dos) y la reducción de ratio de estas aulas (dos alumnos por cada ANEE). También entraría en juego más personal de apoyo, en función de lo que han llamado tasa de necesidades educativas de apoyo a la inclusión (TNEAI) que, en definitivamente, es la que medirá cuántos apoyos y cuáles le harán falta a cada centro.
TNEAI y reducción de ratios
La tasa de necesidades educativas de apoyo a la inclusión es el porcentaje de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y/o en situación de riesgo social con respecto al total de alumnado del centro en el que se encuentren. Así reza el texto legal.
Es decir, alumnado con NEE diagnosticado, aquel cuyos padres o tutores legales reciben la Renta Mínima de Inserción (Remi), el de incorporación tardía, en situación de acogimiento, alumnado de compensatoria con informe de la orientación de la administración o del centro educativo y el alumnado adoptado que se entienda que está en situación de desventaja.
La propuesta de ley determina, por ejemplo, que si en un nivel educativo determinado la TNEAI es igual o mayor del 20%, habrá a media jornada un docente de apoyo. Si la tasa está por encima del 30% el maestro estará a jornada completa. Esto, continúa el texto, además de las plantillas que marque la normativa.
También se establecen otros ratios de docentes. Por ejemplo, un docente de Pedagogía Terapéutica por cada nueve alumnos con necesidades educativas especiales y uno de audición y lenguaje por cada 15 ANEE.
Pero además de mirar a los recursos humanos, uno de los puntos fuertes del texto tiene que ver con la reducción de las ratios en las aulas en la que haya alumnado NEE. En el caso de que en una clase hubiera un alumno de estas características, se reduciría en dos la ratio máxima legal. Esta reducción, dice el texto, se hará en los niveles que den acceso al centro y acompañará al alumno NEE durante toda su escolarización.
Además, se quiere fijar un máximo de dos niños o niñas con necesidades educativas especiales por cada aula (lo que supondría una reducción de la ratio de cuatro alumnos sobre la legalmente establecida).
Aulas abiertas especiales
El texto abre la posibilidad de crear ciertas aulas especiales ara el alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de trastornos del espectro autista, discapacidades intelectuales, motoras y/o sensoriales.
Se permitirá su puesta en marcha siempre y cuando se haya agotado la vía de escolarización ordinaria, con el apoyo necesario, y siempre «sin perjuicio de la inclusión del alumnado en su aula de referencia».
39 ayuntamientos
La iniciativa legislativa de los ayuntamientos es una fórmula parecida a la ILP habitual, aunque lo que se hace es llevar una moción a los plenos de los distintos ayuntamientos para que estos se adhieran. Cuando se alcanza un número de tres ayuntamientos que sumen más de 50.000 habitantes ya puede elevarse a la Asamblea de Madrid para su consideración.
Ya en el mes de julio, según el grupo promotor, la habían firmado 20 municipios, entre ellos la capital. Representan más de cinco millones de personas, el 75% de la población de la región. Ayer, fueron 39 los ayuntamientos que presentaron en el Parlamento regional la iniciativa legislativa.
«Alberguemos, reza la página web dedicada a la ILA, la esperanza de que se abra en la Asamblea de Madrid un profundo debate sobre un sistema educativo verdaderamente inclusivo».
Fuentes de Ahora Madrid destacan la situación de fuerte segregación de población en la ciudad de Madrid, análoga a otros municipios de la Comunidad, y es por esta situación por la que creen necesaria la aceptación de la moción para tramitar la ILA, así como el hecho de haberla llevado ayer a la Asamblea. «Agradecemos la ILA», dicen, porque el Ayuntamiento no tiene competencias suficientes para hacer frente a las situaciones que les llegan a las juntas de distrito, 21, repartidas por la ciudad. Quieren, al igual que el grupo promotor, que la Consejería de Educación se haga cargo de la respuesta a situaciones muy complicadas en relación a la segregación del alumnado con mayor vulnerabilidad social.
El próximo lunes 23 de octubre la mesa de la Asamblea valorará la documentación entregada por los 39 ayuntamientos (cuatro documentos cada uno de ellos según fuentes de Ahora Madrid). Se decidiría si la documentación es correcta o si hay que subsanar algún error. A partir de ahí, crece la incógnita.
Según fuentes de grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea, la Mesa podría solicitar un informe al Gobierno de la Comunidad sobre los posibles costes de la iniciativa que podría demorarse hasta dos semanas. Aunque desde el partido entienden que no habrá problema con la aceptación de la ILA, habrá que esperar hasta el lunes para conocer cuáles serán los plazos reales de tramitación.
