Corría el año 1983 cuando María Soledad Robredo empezó su carrera como profesora. Por aquel entonces, Chile estaba bajo la dictadura de Augusto Pinochet, quien impulsó una profunda transformación económica de corte marcadamente neoliberal. Los cambios promovidos por el dictador colocaron al país entre los más desiguales del mundo. Y el sistema educativo no fue una excepción.
María Soledad recuerda bien su primera experiencia como docente. Fue en uno de los llamados colegios particulares subvencionados, uno de los inventos de Pinochet para desarmar el sistema de educación pública. El Estado entregaba una subvención a personas particulares que se encargaban de gestionar el colegio. Eran los llamados “sostenedores”, que durante casi 40 años se enriquecieron a través de recursos inyectados por el Estado que, en vez de fortalecer la educación pública, destinó su dinero a los privados.
El pinochetismo también promovió una nueva forma de financiación de la educación, el llamado sistema de vouchers, por el cual se pasó de entregar dinero a las escuelas según sus necesidades a hacerlo según la cantidad de niños y niñas que asisten a clase. Registrar la asistencia del alumnado y asegurarla a toda costa pasó a ser la prioridad de los centros, que aseguraban, así, sus recursos.
La municipalización, impulsada por la dictadura a partir de 1986, fue el otro gran dinamitador de la educación pública en Chile. Los ayuntamientos se vieron obligados a sostener los centros educativos con los presupuestos municipales y los subsidios estatales. El efecto fue inmediato: las zonas más ricas salieron reforzadas, captando -además- a los mejores estudiantes, mientras que las más pobres resultaron gravemente perjudicadas.
Esa fue la experiencia que vivió María Soledad cuando llegó al Centro Educacional Mariano Egaña, el colegio público que actualmente dirige. Ubicado en uno de los sectores más pobres y vulnerables del barrio de Peñalolén de Santiago, asume que cuando llegó al centro “no había ni papel” porque el gobierno local, dominado por años por la derecha, nunca se hizo cargo de nada. En 2004, un cambio de en la administración del ayuntamiento, mejoró la gestión de los recursos y eso benefició las condiciones de la escuela, que hoy acoge a 1.100 estudiantes.
El giro del modelo educativo provocó la segregación, la desigualdad, la competencia entre escuelas y el individualismo en las lógicas educativas, que se han mantenido hasta hoy y contra los que combaten tanto el movimiento estudiantil como el gremio docente.
Segregación, competencia y mercado
El informe Desiguales: orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile, publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en junio, reveló que gran parte de la riqueza del país andino la concentra el 1% más rico, que recauda el 33% de los ingresos.
Por otra parte, según datos publicados por el Banco Mundial y la OCDE, Chile encabeza el ranking de países más desiguales entre las principales economías del mundo.
“La desigualdad en nuestro país se expresa de forma brutal y se refleja en la segregación escolar: los ricos estudian con los ricos, los medios con los medios y los pobres con los pobres, provocando que la educación pierda uno de sus principales objetivos: la integración social”. Así describe el presidente del Colegio de Profesores de Chile, Mario Aguilar, la realidad educativa de su país.
Aguilar considera que “la educación en Chile en vez de ser un factor para superar la segregación, profundiza aún más en ella”. Para él, el sistema se basa en lógicas de mercado, como un bien de consumo, un servicio que se entrega a los clientes -padres y estudiantes-. Cree que distribuye a los alumnos en las escuelas de acuerdo al nivel de ingresos de sus familias, incluso en la escuela pública que, aunque no cobre, se rige por lógicas de competencia.
Ese mismo enfoque se traslada también al desarrollo profesional del profesorado chileno. Los docentes son periódicamente evaluados a través de una escala cualitativa que abarca “insuficiente, básico, competente y destacado”. La reforma de la llamada “Carrera Docente”, aprobada el 2016 por el gobierno de Michelle Bachelet, establece que los profesores aumenten su salario en función de las evaluaciones a los que son sometidos.
Para Aguilar, esta no era la fórmula esperada para incrementar los sueldos de los docentes, que pelearon su mejora salarial con una gran movilización y una huelga de tres semanas. Si bien reconoce que las rentas han mejorado en promedio en un 25%, critica que “mientras algunos mejoran mucho, otros lo hacen poco y otros rotundamente nada porque se los encasilla en unos niveles de salario en función de unas certificaciones”.
Lo mismo ocurre para el alumnado, que debe rendir la prueba conocida como Simce. Pensada como un indicador de calidad educativa para guiar a las familias en la elección del centro educativo, los estudiantes realizan el examen en cuatro cursos distintos entre los 9 y los 16 años.
Pese a que inicialmente los artífices del nuevo modelo pensaron que las escuelas iban a competir por atraer familias y así mejorarían su calidad, en la práctica la Simce funcionó como un motor de competencia entre colegios, que seleccionaban a unos alumnos y excluían a otros para asegurarse buenos resultados en la prueba y quedar arriba en el ranking.
En opinión del presidente del Colegio de Profesores, “se cayó en la lógica de rendir en pruebas estandarizadas, pero la educación no es un estándar”. Aguilar sostiene que el aprendizaje de un niño “es una situación de una persona particular, se aborda desde la individualidad y desde un contexto determinado, sobre todo en un país con tantas desigualdades: no es lo mismo una escuela rural, que una escuela urbana en zona pobre o una escuela urbana en zona rica”.
Avances descafeinados
Las insistentes demandas del movimiento estudiantil obligaron al gobierno de Bachelet a poner en marcha avances en materia educativa. La Ley de Inclusión, aprobada en 2015, buscó poner fin al lucro de los centro que recibían aportes del Estado y terminar con la selección de alumnos por parte de los colegios. Además, permitió que las familias elijan el centro escolar que más les guste sin que eso dependa de su capacidad económica. El Estado promovió la gratuidad de los centros particulares subvencionados que cumplen determinados requisitos, pero esto no significa que estos pasen a ser de titularidad pública, sólo que el aporte del Estado es mayor para liberar a las familias del costo educativo.
La presidenta también se propuso terminar con la descentralización educativa. Hace apenas un mes la mandataria promulgó la Ley de Desmunicipalización para que sea el Estado quien garantice la calidad educativa a través del trabajo en red de los centros y la participación de toda la comunidad escolar.
Pese a los logros que significan las reformas implementadas, ninguna de ellas pone en jaque al modelo mercantilizado de la educación chilena. “Los aspectos más brutales se suavizan un poco, pero la esencia sigue siendo la misma”, lamenta Mario Aguilar. En el caso de la desmunicipalización, explica que “ya no serán los municipios quienes administren el modelo, sino que lo harán los servicios locales de educación, que se agruparán por barrios o zonas, que quedarán igualmente marcados por la desigualdad”.
Los docentes chilenos no lo tienen fácil. Sus reclamos se aplican a trompicones y siempre quedan ligeramente descafeinados. Esto cuando logran aplicarse. El gremio lleva tiempo pidiendo una reducción de la carga laboral y la aplicación de medidas contra la violencia en las aulas. Pero, por ahora, siguen sin respuestas.
Parece que tanto profesores como estudiantes han agotado todos sus cartuchos en esta legislatura. El próximo 17 de diciembre el país elige nuevo presidente y la educación ha sido de los temas más invisibilizados en esta campaña. ¿Llegó la hora de volver a la calle?
