Segundo trimestre de 2014. La tasa de paro en Andalucía alcanza el 34,7% de la población activa: 1,4 millones de desempleados. La crisis ha consolidado en esta comunidad autónoma un diferencial crónico de diez puntos por encima de la tasa de paro nacional. A finales de agosto de 2014, una fecha anómala para hacer un anuncio de tanto calado, el Consejo de Gobierno acuerda iniciar la tramitación del anteproyecto de ley de Formación Profesional de Andalucía, “la reforma integral de la FP más ambiciosa, vanguardista y pionera” que existe, dicen.
En efecto la norma vuela alto: pretende conectar la educación reglada con la formación ocupacional con el objetivo de elevar los niveles de cualificación de la población activa andaluza, abrir puentes entre la escuela y el mercado laboral, rediseñar el modelo productivo andaluz y dinamizar la creación de empleo. Se trataba de una ley con una doble finalidad: recortar la abultada tasa de paro y reducir la tasa de abandono escolar temprano, el porcentaje de alumnos que dejan los estudios tras finalizar la etapa obligatoria, y que ronda el 43%, de los más altos de Europa.
La ley integral de FP era “ambiciosa” porque por primera vez abordaba dos problemas endémicos de Andalucía como si fueran dos caras del mismo problema: fracaso escolar y desempleo. La ley de FP era “vanguardista” porque pretendía “reconciliar y armonizar” dos áreas de Gobierno que tradicionalmente han trabajado de espaldas: Educación y Empleo, separadas siempre en dos departamentos paralelos con mucho recelo entre sí. Ninguna invade las competencias de la otra, pero ambas se reprochan la poca efectividad de sus estrategias. El fracaso escolar como causa inevitable del desempleo, y el desempleo como consecuencia necesaria de la falta de formación.
Se le dio todo el peso político a aquel proyecto y se elevaron las expectativas todo lo posible, pero a pesar de insistir en lo importante que era solventar el divorcio entre Educación y Empleo y poner en marcha enseguida la balsámica ley integral de Formación Profesional, la Junta de Andalucía ha tardado tres años en reactivar aquel proyecto, devolviéndolo al Consejo de Gobierno para “casi empezar desde cero”, en palabras de la nueva titular de Educación, Sonia Gaya.
Diciembre de 2017. Andalucía reinicia el diseño de la futura Ley integral de FP en el mismo punto del trámite en el que lo dejó en 2014. En estos casi tres años la tasa de paro se ha reducido al 25,4%, aunque sigue habiendo algo más de un millón de personas desempleadas. En estos tres años la población activa en Andalucía también se ha reducido, muchos jóvenes se han marchado del país en busca de trabajo, se han recortado drásticamente los salarios, ha aumentado el número de autónomos y la mayoría de contratos nuevos son temporales.
El Gobierno andaluz reconoce que se ha deteriorado significativamente la salud del mercado laboral, las condiciones de trabajo y los derechos de los empleados, todo ello sin que las administraciones públicas hayan logrado amortiguar el impacto de esta crisis con aquella “ambiciosa” ley de FP que prometía elevar los niveles de cualificación de los estudiantes y empleados andaluces. Andalucía sigue siendo al segunda región con más desempleados, alejada aún de la media nacional por ese diferencial crónico de diez puntos.
No es que la tramitación haya estado prácticamente paralizada tres años, es que además el nuevo borrador de la ley aparece corregido en múltiples párrafos con la coletilla “en un posterior desarrollo reglamentario”, lo que induce a pensar que los efectos reales de la norma ni siquiera se notarán cuando entre en vigor. Durante la presentación del nuevo borrador, la consejera de Educación admitió que hasta 2020 “la ley no estará plenamente desarrollada”. Seis años, por tanto, desde la presentación inicial de la norma -“esencial para doblegar el paro y el fracaso escolar y para redefinir el modelo productivo andaluz”- hasta la implantación real de la misma, según estimaciones de la propia Junta de Andalucía.
“Oportunidad perdida”
Los sindicatos de la enseñanza y algunos expertos universitarios creen que “se ha perdido una oportunidad de oro”. Quienes diseñaron la ley integral de FP hace tres años no son los mismos que la han retomado ahora para desarrollarla. El proyecto inicial fue encargado por el entonces consejero de Educación, Luciano Alonso, al que fuera durante muchos años viceconsejero y memoria histórica de este departamento, Sebastián Cano (ya retirado). Ligado a la Consejería de Educación desde 1985, Cano fue viceconsejero durante más de 13 años, sobrevivió a la desesperante interinidad de cinco consejeros y durante un periodo de transición muy breve, él mismo ostentó el cargo.
Toda su experiencia profesional le llevó a plantear una reordenación íntegra de la FP, a sabiendas de que el gran problema era que la crisis había disparado la demanda muy por encima de la oferta de plazas. “No sólo buscamos un modelo integral de FP, sino un modelo productivo nuevo para Andalucía, y eso no se cambia sólo con una ley”, dijo entonces. La idea fundamental de Cano era aprovechar los institutos públicos -normalmente cerrados por las tardes- para impartir en ellos los cursos de formación ocupacional, una competencia que en aquella época fue delegada de Empleo a Educación. Se buscaba una reforma integral de la FP reglada y ocupacional que ampliase la oferta de cursos e implicase más al empresariado andaluz en la formación de sus futuros empleados. La idea de colocar ambas enseñanzas bajo el mismo techo buscaba tender puentes entre ambas, sobre todo para que los jóvenes parados que dejaron los estudios antes de tiempo para trabajar pronto tuviesen el reclamo para volver a la escuela y culminar su formación.
Se buscaba “una planificación única para toda la FP de Andalucía (educativa, de empleo y permanente) basada en el análisis de los sectores productivos y las ocupaciones profesionales en el horizonte 2020”. Educación consideró “imprescindible” ampliar la oferta de FP inicial (que sufría y sufre un déficit notable de plazas) y se planteó como necesario el “revisar y reestructurar la red de centros con incremento de aquellos donde se imparte una FP de excelencia directamente relacionada con los sectores productivos punteros”. También se planteó una mejor coordinación entre los institutos de enseñanza reglada y el SAE, y se propuso crear un sistema permanente de acreditaciones profesionales en Andalucía y adaptar la infraestructura para la nueva oferta de cursos (el borrador no incluye una memoria económica).
La ley propone más “flexibilidad” en la adaptación de la oferta formativa a las circunstancias cambiantes del mercado laboral y a las necesidades específicas de las empresas, en especial a las pymes, que representan más del 97% del tejido productivo andaluz. “La FP deberá tener carácter modular y capitalizable con el fin de favorecer la acreditación parcial acumulable de la formación recibida y las cualificaciones incluidas en el catálogo nacional de cualificaciones profesionales”, es decir, que un alumno, trabajador o parado tendrá la facilidad de ir sacándose el título parcialmente, módulo a módulo, sin necesidad de matricularse de todo un ciclo ni todo un curso. Todo este discurso político, pedagógico y estratégico se ha esfumado tres años después.
Vuelta a empezar
Hace unos días, Presidencia preparó una cuidada puesta en escena tras la reunión del Consejo de Gobierno para que los nuevos consejeros de Educación (Sonia Gaya) y Empleo (Javier Carnero) presentasen juntos el borrador de la ley de FP. El proyecto no había variado mucho, pero el discurso político era otro. Los consejeros pasaron de puntillas por la norma, ni siquiera lograron ponerse de acuerdo en si será una ley integral que aúne la educación reglada con la ocupacional. Gaya dijo que sí, Carnero dijo que no. “La Formación Profesional para el Empleo no se integra con la formación reglada. ¿Quién ha dicho eso?”, dijo el titular de Empleo, para sorpresa de muchos. Hubo quejas posteriores desde altas instancias del Ejecutivo andaluz por cómo se gestionó esta presentación de una ley considerada “fundamental” en esta legislatura.
De modo que la futura Ley integral de FP ha desandado mucho más que tres años, porque ahora el divorcio entre Educación y Empleo vuelve a estar en auge. En 2014, la presidenta Susana Díaz había transferido las competencias de la FP ocupacional de la Consejería de Empleo a Educación, un hecho insólito en el que muchos vieron un intento por camuflar el escándalo del desvío de fondos públicos para los cursos de formación a parados que por aquellas fechas ya se había cobrado las primeras detenciones. Pese a todo, se aprovechó la coyuntura para apostar fuerte por una ley integral de FP, pero poco se ha avanzado desde entonces. La ley apenas se ha movido en tres años y los nuevos responsables de Educación lo atribuyen a que en este tiempo el Gobierno central ha aprobado dos leyes estatales que condicionan el marco legislativo del proyecto andaluz para la FP.
Pero el problema de fondo sigue siendo el mismo. Durante los años más duros de la crisis, cerca de 30.000 andaluces al año se quedaban sin plaza en FP por la escasa oferta de cursos de grado medio. El último curso se han quedado fuera 20.000. Respecto a la formación de ocupados, la Consejería de Educación reprocha a Empleo que “el alcance de certificados de profesionalidad (título mínimo que acredita conocimientos sobre un oficio) ha sido nulo, y en la FP para desempleados, apenas llega al 50%”. Los nuevos responsables de Empleo afirman desconocer estas críticas, que están plasmadas en un informe de la Junta.
Entre 2007 y 2013, el Gobierno andaluz se gastó 2.326 millones de euros para financiar 36.000 cursos encaminados a la inserción laboral. En el inicio de la tramitación de la ley de FP, en 2014, la Consejería de Educación denunció “la falta de apuesta por una formación estructural, la falta de preparación de los formadores de los cursos, el poco contacto directo que tienen con el mundo empresarial, la necesidad de relacionar más la FP con demandas del sector productivo andaluz a través de prácticas en empresas y de actualizar urgentemente la oferta de ciclos formativo, muy desfasados con respecto al sistema productivo”. “Por eso ahora estamos rediseñando estas políticas con una tasa de paro del 35%”, señalaron.
Para mayor complicación, el proyecto de ley de FP ha tropezado en el Consejo Consultivo de Andalucía antes de llegar al Parlamento, puesto que el órgano que revisa la legislación autonómica ha encontrado el texto trufado de errores “gramaticales” y alusiones literales e “innecesarias” a la legislación estatal.
