La Asamblea de Madrid ha dado este jueves el visto bueno a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por 42 ayuntamientos de la región, con los votos a favor de Ciudadanos, Podemos y PSOE y la abstención del PP, para acabar con la segregación, favorecer la inclusión y lograr equidad en las aulas, consiguiendo así una educación «más inclusiva». Esta iniciativa comenzará ahora su andadura parlamentaria en debate en comisiones donde se presentarán las enmiendas de los grupos parlamentarios.
Entre los municipios que han participado de encuentran Madrid, Móstoles, Coslada, Getafe, El Escorial, Aranjuez, Colmenarejo, El Molar Colmenar Viejo o Galapagar, y ha sido apoyada por 221 colectivos y plataformas.
Algunas de las medidas de esta Iniciativa son la que establece el diseño de la oferta de plazas en los procesos de admisión, asegura el derecho a una educación de calidad, clarifica los criterios para establecer la oferta de plazas, evita activamente la segregación social y académica del alumnado, dispone una relación numérica alumno-profesor con criterios de igualdad y garantiza recursos suficientes para la inclusión.
La iniciativa nace en la región de España con más desigualdad en las aulas, según un estudio reciente de la Universidad Autónoma de Madrid. Los resultados de la inverstigación F. Javier Murrilo y Cynthia Martínez-Garrido arrojan que el 45% de los alumnos y alumnas de 15 años de la región tendrían que cambiarse de centro escolar para que los institutos tuvieran estudiantes de todas las clases sociales. Una realidad que los estudiosos atribuyen casi en exclusiva a las políticas educativas de los sucesivos gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid.
Además, a finales de diciembre el Supremo entró por primera vez en una sentencia en el derecho a la educación inclusiva en todo su espectro, desde el acceso a la permanencia, de los niños y niñas con discapacidad. El tribunal establece, a raíz del caso de una familia que luchó por que su hijo fuera escolarizado en un centro ordinario, que las administraciones educativas están obligadas a lograr la plena inclusión de los alumnos con discapacidad, que la escolarización ha de hacerse sí o sí en un centro ordinario excepto en casos realmente excepcionales y que debe mantenerse así, realizando las «modificaciones y adaptaciones (…) necesarias y adecuadas», excepto si resultan una «carga desproporcionada o indebida», que en ningún caso significa agotar las medidas disponibles sino las posibles.
Una iniciativa nacida de la comunidad educativa
El diputado de Ciudadanos Tomás Marcos cree que esta iniciativa es el principio para que «todos trabajen y convivan con sus compañeros en el desarrollo de sus capacidades», algo que, «supone trabajar desde la pedagogía», y no «que el alumno se amolde a la institución». Así, el parlamentario de Ciudadanos ha abogado por desarrollar «nuevas respuestas didácticas, el respeto a ser diferente y a ser valorado desde la diversidad de los alumnos con metodologías pedagógicas, para lograr prácticas no discriminatorias.
Para ello, hay que realizar un cambio de «pensamiento social transformador», basado en la atención a la diversidad, «sin prejuicios», para modificar las ideas previas de la diversidad funcional.
Por su parte, la diputada de Podemos Beatriz Galiana ha señalado que esta propuesta de los ayuntamientos es un ejemplo de democracia de que «la sociedad civil siempre está por delante en las instituciones», aunque ha lamentado que el reglamento no permita que sean los propios proponentes los que expliquen su iniciativa. «Es una realidad preocupante el aumento de la segregación de la Comunidad, y Madrid tiene la vergüenza de estar a la vanguardia de segregación, fomentando culturas excluyentes en centros educativos, como el programa bilingüe», ha criticado.
Según Galiana, el programa bilingüe «no está pensado para todos los niños», porque «no son los niños los que deben adaptarse al centro, sino el centro a los niños» y no deben agruparse «por características».
El PP dice que es una «ruptura radical» del sistema
Asimismo, el diputado socialista Juanjo Moreno ha lamentado que la región perdió con la crisis más de 7.000 profesores, «y sólo se han incorporado un 24 por ciento. «La realidad de la inclusión educativa es desoladora, pero gracias a un impulso de una ciudadanía insatisfecha e impulso de ayuntamientos podremos dar un paso», ha sostenido.
Moreno ha asegurado que desde el Ayuntamiento de Getafe le trasladado que la inclusión educativa del sistema «no es sensible a la atención y a la diversidad», por ello, decidieron apuntarse a traer una propuesta de ley que «busca poner orden en esta coyuntura tan insuficiente». «La diversidad en esta comunicad parece que, a veces, se convierte en un lastre», ha criticado el socialista.
Por su parte, la parlamentaria popular Isabel Moreno ha coincidido con el resto de diputados en que está de acuerdo de partir a favor de la educación inclusiva, al igual que todos los están de «la paz en el mundo». No obstante, Moreno ha señalado que «echa de menos» en este texto el pronunciamiento de «expertos contrastados» sobre la inclusión educativa o el bilingüismo, ya que «sólo hay una referencia al conjunto de España que no dice ni una palabra de su impacto en Madrid».
«Queremos avanzar en un proceso paulatino que no suponga una ruptura radical, sino una evolución integradora del nuevo concepto de educación, el texto propuesto nos suscita dudas por su aplicación inmediata de muchos de los puntos que presenta, por eso nos abstenemos y presentamos después las enmiendas que sean necesarias», ha concluido.
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