“Si mañana el Gobierno no pone encima de la mesa unos niveles de inversión homologables a la media europea, es decir, el 5% del PIB, el PSOE suspende su participación en el Pacto educativo». Estas fueron las palabras de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE tras presidir el Comité Federal de su partido ayer.
Javier Sánchez, portavoz de Unidos Podemos, fue tajantehace unos días a la salida de la subcomisión del Congreso, cuando comenzaba a hablarse de financiación: «El pacto está en punto muerto» después de que el PP llegara a la reunión sin una cifra de financiación y sí con un debate conceptual sobre si hay que hablar de inversión en relación al PIB o a la inversión por alumno.
Luz Martínez Seijo, portavoz del PSOE en el Congreso, confirmaba las palabras de su secretario general. «Si mañana no hay el compromiso del 5% del PIB en educacioón, nos levantaremos de la mesa, no vamos a marear la perdiz ni a alimentar falsas esperanzas», confirmaba a este periódico.
Hoy se vota en el congreso, según un teletipo de Europapress, el modelo de financiación apuntado por el Partido Popular. Este abogaría por un suelo de inversión de 5.000 de aquí a 2025, al que habría que sumar, además, las propuestas que fueran siendo aprobadas en la subcomisión. Según Martínez Seijo, esto supondría algo más de 600 millones de euros al año desde aquí hasta 2025, y un horizonte que llegaría a 2030 para que se alcanzase el 5% del PIB de inversión en educación.
PSOE y el grupo confederal de Unidos Podemos, entienden que es absolutamente insuficiente. Ambas formaciones defienden la necesidad de que se recupere un 5% de la inversión en 2020. El partido dirigido por Pablo Iglesias, de hecho, defiende que en 2024 se haya alcanzado un 7%.
Levantarse de la mesa
Este es el gran dilema de los partidos políticos enfrentados en la negociación. Desde Podemos llevan semanas asegurando que, a pesar de que la presión y las dificultades para que sus propuestas sean aprobadas por el resto de la subcomisión, no están dispuestos a levantarse de la mesa de negociación. Es el lugar en el que entiende que han de estar.
Desde el PSOE, tal vez como acicate hacia el Gobierno y medida de presión, su secretario general, Pedro Sánchez, ha asegurado, según recoge Europapress, que se levantarán de la mesa si la propuesta de financiación del grupo popular no mejora lo que se ha dicho. La exigencia de los socialistas es la vueltaal 5% del PIB a razón de una inversión de 1.500 millones anuales en los próximos años.
El caso es que desde hace meses desde el Ministerio, tanto su máximo responsable, Íñigo Méndez de Vigo, como su mano derecha, Marcial Marín, secretario de Estado de Educación, han venido insistiendo en que con poco dinero se pueden hacer muchas cosas.
Según Javier Sánchez, diputado de podemos, «de seguir así las cosas se demuestra que no hay una voluntad real por parte del Gobierno de alcanzar un pacto educativo». En este sentido recordó el diputado que los sindicatos hace dos semanas afirmaron que sin compromiso financiero no habría pacto social. «Tenemos que decir que sin una propuesta de PIB sobre la mesa, un compormiso de revisar la propuesta de estabilidad de gasto, tampoco habrá un pacto político en el Congreso».
En cualquier caso, desde las filas del PP tienen la complicada tarea de negociar con el Ministerio de Hacienda, también con el de Eduación y siempre con una mano atada a la espalda en forma de acuerdo de inversión con Bruselas y que todavía tiene que reducir algo más el presupuesto, hasta el 3,7%.
¿PIB o gasto por alumno?
Desde hace algunas semanas parece que hay una cierta discusión sobre si a partir de ahora habría que calcular la inversión educativa en relación al PIB o en relación a la renta per cápita o la inversión alumnos. Para Jorge Calero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, el cálculo basado en el PIB resulta muy general y el hecho en función del gasto por alumno podría ser más ajustado.
Desde su punto de vista, eso sí, para calcularlo, habría que establecer una cartera básica de servicios educativos, mínima y común para todo el Estado, dejando la autonomía suficiente para que las comunidades que así lo quisieran puedieran aumentar dicha inversión. Esto garantizaría, al menos, unos servicios comunes a todo el estado. Para el economista «el gasto educativo no define los resultados», y lo ejemplifica con las cifras de la Comunidad de Madrid, a la cola en inversión educativa y, aún así, con unos resultados en las evaluaciones internacionales siempre a la cabeza.
Según Calero, esta cartera básica de servicios podría contemplar cuestiones, por ejemplo, como la gratuidad de más niveles educativos, como el primer ciclo de educación infantil. En cualquier caso, necesitaría de una reforma muy profunda que no podría pensarse «de 2018 para 2018».
Para Aina Tarabini, doctora y profesora de Sociología en la Autònoma de Barcelona, ambas cifras, gasto por alumno o PIB, pueden ser válidas. «Lo bueno de calcular en relación al pib es que se mide el esfuerzo real independientemente de la demografía, explica. En cambio el gasto por alumno puede subir si la demografía baja sin que suba de verdad el esfuerzo público»
Para la portavoz socialista, la propuesta del cálculo del gasto por alumnos, «propuesta por Ciudadanos, no nos gusta». Según Martínez Seijo tiene el problema de las grandes diferencias económicas entre las comunidades autónmomas. Fijar un gasto mínimo por alumno podría suponer que algunos territorios fueran ahoragos, mientras otros, como Euskadi, «tendrían que desinvertir».
Los partidos mayoritarios, caso del PP y del PSOE, hablan de horizontes temporales que podrían alcanzar el año 2025. Para Jorge Calero, teniendo en cuenta que los recortes se han producido desde 2010 con la disminución salarial del 5% para los funcionarios docentes, se trata de una horquilla temporal demasiado dilatada, de 15 años para comenzar la recuperación presupuestaria. «Pero dependará de las condiciones de financiación». En cualquier caso, si se sigue produciendo el crecimiento económico con el actual, sería, entiende el experto, muy recomendable, recuperar el gasto precisamente en el sector educativo.
