El mundo será salvado, si puede serlo, por los insumisos. André Gide
La organización Save the Children ha denunciado que: “El Partido Popular y Ciudadanos han incumplido el compromiso adquirido en el acuerdo de investidura recortando más de 1.200 millones de euros de la lucha contra la pobreza infantil en los Presupuestos Generales. España cuenta con un sistema de protección social muy débil, tan solo invertimos el 1,3% del PIB en protección social a la familia y a la infancia, lejos de la media europea del 2,4%. El recorte supone una grave amenaza a la infancia en nuestro país. Los niños y niñas más pobres no pueden esperar más, sin una inversión adecuada no van a lograr salir de la pobreza.”
Diferentes estudios de la agencia internacional UNICEF indican que los niños y las niñas son ya el grupo de edad más pobre, 2,7 millones, el 30% de la infancia española. España es el segundo país de la Unión Europea (UE) con más pobreza infantil, el 12,8% de los niños y niñas pobres de la UE son españoles; 1 de cada 4 niños y niñas no tienen cubiertas sus necesidades básicas; el 24% de la infancia no tiene cubierto el consumo de verduras, frutas y otros alimentos importantes para un desarrollo saludable; 3 de cada 10 niños y niñas no hacen tres comidas al día y sufren pobreza energética, y otras carencias como mala calidad en el vestir, ninguna posibilidad de acceso a la cultura y un derecho a la educación muy limitado.
La bolsa de pobreza que se esconde en los centros es una dolorosa carga para los profesionales de la educación. Los recortes en becas y ayudas y las raquíticas políticas sociales del gobierno están agravando una situación de pobreza que destruye la cohesión social y aumenta la desigualdad ante la educación. La pobreza educativa ya es un fenómeno presente en la sociedad española.
Tomando como referencia los estudios de Save the Children, la pobreza educativa hace referencia a la ausencia de la posibilidad de aprender o experimentar de los niños y de las niñas de todas las edades; así como en las limitaciones en el desarrollo de todas sus capacidades, habilidades, talentos y aspiraciones, motivada por el contexto socioeconómico familiar y, añadiría, por las políticas económicas y sociales del gobierno. Las cuentas no salen si al multiplicarse la pobreza se resta la inversión: menos gasto público en educación; más niños y niñas con necesidades; menos becas y ayudas; más gasto medio de las familias en educación. ¿De qué sirve que un niño y una niña dispongan de un aula y un profesor, si no cuenta con libros, material escolar, una vida cultural digna o una alimentación adecuada?
Cuando la pobreza aumenta lo hace también la falta de equidad en el sistema educativo, con una ausencia palpable de oportunidades de aprendizaje. Los niños y las niñas pobres tienen menos posibilidades de asistir con regularidad a la escuela, o lo hacen en condiciones de precariedad, con la amenaza de abandono y en una espiral creciente de vulnerabilidad y clara desventaja social. Cada día aumenta la exclusión del disfrute de la educación. La pobreza educativa deja sin futuro a millones de niños, niñas y jóvenes, condenados a la exclusión y la marginación.
Los recortes del gobierno impactan especialmente en las personas más vulnerables y esta situación se refleja en las dificultades para acceder al sistema educativo, los problemas para mantenerse dentro de él y los índices de abandono y fracaso escolar, sin una apuesta decidida por garantizar el derecho a una educación de calidad para cada uno de nuestros estudiantes a lo largo de la vida.
En el marco de un modelo económico social más redistributivo, el derecho a la educación debe garantizarse a través de las políticas públicas, con una ineludible responsabilidad de la administración educativa. Es el primer paso para combatir la pobreza educativa. El segundo paso es convertir la educación en un espacio de justicia, cooperación, solidaridad. El tercer paso, entender que los derechos no se heredan, se sostienen mediante la participación y el compromiso que son las fuentes más importantes del poder ciudadano, en un constante esfuerzo por disfrutarlos y una constante amenaza de perderlos a causa de administraciones poco interesadas en los derechos fundamentales universales y servicios públicos de calidad.
Los compromisos sociales deben estar en consonancia con las decisiones financieras de la administración correspondiente, cuyo principal exponente es el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Una vez más el PP ha elaborado unos Presupuestos donde, conscientemente, las razones morales y las medidas sociales están ausentes.
