Cada año, en diciembre, la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) abre el plazo para la evaluación de la actividad investigadora de los profesores universitarios de todo el Estado con el objeto de que puedan solicitar un complemento de productividad (sexenio) por 6 años de labor investigadora continuada y reconocida. Este año, como consecuencia de las la Ley 15/2014, de recortes del sector público, será la ANECA (agencia externa) quien realizará las funciones de evaluación en vez de la CNEAI.
Contra la ANECA ya se han manifestado colectivos de profesorado universitarios, sindicatos, organismos e instituciones, e incluso la propia conferencia de rectores y rectoras, por las abusivas condiciones de acreditación y de evaluación de la actividad investigadora que ha impuesto, a raíz del RD 415/2015, que ha endurecido irracionalmente los criterios de entrada y desarrollo de la carrera profesional empleados para la valoración del profesorado universitario. Esto no solo ha frenado aún más la posibilidad de estabilidad y dedicación a la docencia del profesorado universitario que lleva años realizando un trabajo encomiable en medio de unas políticas neoliberales de recortes y precarización en la Educación Superior e I+D, sino que ha aumentado las situaciones de desigualdad y frustración entre el profesorado universitario, generando relaciones laborales de fuerte competitividad en las relaciones universitarias y provocando un aumento exponencial de publicaciones de tipo productivista y credencialista, en una loca carrera por “publicar o perecer” que prioriza aquel tipo de conocimiento rentable y con posibilidades de beneficio comercial y uso mercantil.
Pues bien. Este año, esta convocatoria de sexenios introduce una novedad, que justamente ahonda en este sentido. Los denominados sexenios de transferencia. Ya nos ha llegado un comunicado del Vicerrectorado de Investigación de nuestra universidad indicándonos que “es de especial interés para la Universidad que el número de solicitudes del tramo de transferencia sea el mayor posible, dado que los que sean concedidos serán un indicador que servirá como evidencia a presentar en los rankings de transferencia. Por otro lado, se nos ha hecho saber que un número bajo global de solicitantes podría implicar la desaparición futura de este tipo de sexenio”. ¡Qué presión! Si no lo presentamos, igual se hunde nuestra universidad en el ranking y pasaremos, como en una liga de fútbol, a segunda o quizá a tercera regional y si hay pocos solicitantes de estos sexenios de transferencia igual quitarán esta nueva “golosina” de “pago por rendimientos”, que imita el modelo de gestión empresarial que mide los resultados por la cuenta de beneficios.
Porque este es el quid de la cuestión de este modelo que la ANECA está profundizando. Los beneficios. Pero no fundamentalmente los beneficios para la sociedad, para el bien común o para la ciencia básica o el descubrimiento, sino de acuerdo a la cuenta de resultados de las grandes empresas que son, en definitiva, las grandes beneficiarias de esta modalidad de transferencia del conocimiento en el modelo que se está promoviendo desde la lógica neoliberal en la Educación Superior.
La convocatoria lo muestra claramente. Afirma que “consciente de la importancia que para el futuro del país tiene la innovación y la transferencia a las empresas o a otros agentes sociales de los resultados de investigación obtenidos en las Universidades y en los Organismos Públicos de Investigación…”. Parece evidente que está pensando de cara a la “transferencia a las empresas”, aunque luego haga alusión a “otros agentes sociales”, que no se sabe muy bien quiénes son. Aunque en un apartado posterior, que casi pasa desapercibido, invierte los términos y habla de “agentes sociales y económicos”.
Pero el enfoque se torna evidente cuando especifica lo que se valorará preferentemente como transferencia: “La formación de investigadores y la cultura emprendedora, a través de la creación de «start-up o spin-off»”. Es decir, la creación de empresas privadas a costa del conocimiento generado con financiación y formación pública. La externalización y privatización del saber compartido. Se promueve así un proceso de “externalización” y privatización de los sectores rentables de la investigación universitaria para “comercializar las invenciones”, aprovechando equipamientos e infraestructuras, plantillas y redes internacionales de las universidades. A su vez, las empresas aprovechan simultáneamente para “externalizar” sus costes de I+D integrando esas unidades de spin-off de las universidades, condicionando de paso la orientación de la investigación, pues la gestión del programa y la coordinación lo tiene la empresa.
Otras modalidades de transferencia valorada en esta convocatoria pasan por el contrato (en comisión de servicios, servicios especiales o excedencias) por una entidad externa, para cobrar por hacer determinadas actividades en ella. O la “transferencia generadora de valor económico…, como puede ser, por ejemplo, en términos de facturación de derechos de la propiedad intelectual o industrial”. En vez de compartir el conocimiento que se ha generado a partir de los conocimientos comunes previos y con una formación financiada públicamente, lo que se potencia es un modelo de apropiación privada del conocimiento producido públicamente. En este caso las aportaciones a considerar son facturación por royalties, número de patentes, participación en contratos y proyectos con empresas y otras instituciones… que revierten fondos en la Universidad. Y como muy bien dice la convocatoria en este punto: “Se pretende valorar la iniciativa empresarial de los investigadores, teniendo en cuenta no solo la creación sino el funcionamiento y los niveles de facturación”.
Es decir, se nos va a incentivar con estos “sexenios de transferencia” si nos convertimos en empresarios, si nos apropiamos del conocimiento colectivo para convertirlo en negocio, y, en definitiva, si generamos facturación y beneficios. “Money, money, money”, que diría la canción de Cabaret.
Solo en un último punto se ha incluido la “transferencia generadora de valor social”, donde se incluyen aquellas actividades que redundan en el beneficio de la sociedad civil y en sus distintos grupos de interés. Donde se valorarán convenios y/o contratos con entidades sin ánimo de lucro o administraciones públicas para actividades con especial valor social, actividades de difusión de la investigación en libros y medios de comunicación audiovisual y aspectos relacionados con la proyección externa y con la consolidación de la imagen pública universitaria. Parece como si este “último elemento” tuviera que ver más con dar una buena imagen de la Universidad, paliando la imagen de negocio que plantean todos los demás elementos de valoración, pero siempre, eso sí, mediante contrato de externalización.
Pero como no podía ser menos, este último lavado de cara tiene truco. Porque para ser evaluado positivamente, es decir, que te conceda ese reconocimiento, se deben presentar aportaciones en, al menos, dos de los apartados. Es decir, que sin “negocio no hay reconocimiento”, porque solo con aportaciones de transferencia generadora de valor social no se concederá.
Esto nos lleva a una situación en la que se empuja a las universidades a “empresarializar” la actividad investigadora y docente, viéndose abocadas a un modelo de capitalismo académico, a concebir su propia labor como la producción de aquellas mercancías por las que las empresas estén dispuestas a pagar, a comprometerse cada vez más con determinadas prácticas de tipo empresarial, a ver cómo el liderazgo en el interior de las universidades se tiende a desplazar hacia los equipos de investigación con más financiación y vinculados al mundo de los negocios o la creciente tendencia a la participación directa en los órganos de gobierno universitario de esos “accionistas externos”.
La implementación de estas formas de empresarialización y cuantificación comparativa de la productividad académica y científica remodela no sólo el contexto institucional, sino que también influye e introduce a la propia comunidad universitaria. Porque esta orientación genera subjetividades académicas que acaban asumiendo y asimilando cada vez más esta mentalidad, so pena de quedarse fuera del entramado de reconocimiento, valoración, financiación o acceso a proyectos de investigación (Díez Gutiérrez, 2014).
Lo cierto es que este nuevo giro imaginativo de la ANECA define claramente cada vez más el modelo neoliberal que quieren imprimir los sucesivos gobiernos a la universidad pública: instrumento para contribuir con su potencial científico y tecnológico a aumentar los beneficios empresariales de las grandes corporaciones. Esta parece ser realmente la finalidad que la ANECA ve en la eufemísticamente denominada “transferencia de conocimiento a la sociedad”.
DÍEZ GUTIÉRREZ, E.J.; GUAMÁN, A.; JORGE ALONSO, A. y FERRER, J. (2014). Qué hacemos con la Universidad. Madrid: Akal.
Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León, Coordinador del Área Federal de Educación de IU y miembro del Foro de Sevilla y Uni-Digna.
