La semana pasada era noticia el borrador del decreto de convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. Con 34 páginas, desarrolla y detalla el Plan de Lucha contra el Acoso Escolar puesto en marcha por esta comunidad en 2016.
Desde la Fundación ANAR, que además de su teléfono propio gestiona desde octubre el teléfono del acoso escolar del Ministerio de Educación y FP (900018018), se ve como una medida positiva, que refleja que, como otras comunidades, “Madrid tiene una mirada cada vez más atenta hacia este fenómeno”, en palabras de Sonsoles Bartolomé, responsable del departamento jurídico del Teléfono ANAR.
Madrid es, tras Andalucía, la comunidad en la que más casos de acoso se registraron en 2017, último año con datos disponibles: 170 de los 1.054 de toda España, según Save the Children, que valora que “se tome en serio este problema y se plasme en la legislación”, según Lucía Martínez, experta en incidencia política de la ONG. También para Pedro Uruñuela, presidente honorífico de la Fundación Convives, el nuevo decreto incluye algunos avances, como que se recupere el sistema de mediación (aunque entremezclado con la sanción, no como una alternativa clara a esta).
Sin embargo, si algo ha llamado la atención es lo lejos que va Madrid en su intento de involucrar a los alumnos y alumnas que presencien situaciones de acoso escolar. Así, dentro del artículo 35 se considera falta grave “la omisión del deber de comunicar al personal del centro” estas situaciones “cuando la comunicación pudiera realizarse sin riesgo propio ni de terceros”. Las medidas correctoras van desde la expulsión de clase o la privación del recreo a la prohibición de participar en extraescolares durante un mes o la expulsión del centro hasta cinco días.
“Yo creo que sería injusto poner el foco sólo en los alumnos, ha de estar en toda la comunidad educativa, pero entiendo que se les está visibilizando, sin presionarles ni responsabilizarles de la violencia en el centro, animándoles a aportar su granito de arena: ‘Si lo ves y puedes comunicarlo, hazlo'», analiza Bartolomé. “Yo no me posiciono a favor de las sanciones, pero entiendo que, en derecho, toda norma que conlleva una obligación sin la correspondiente sanción se queda parca”.
Para ella, si se busca que los terceros se posicionen ante situaciones de violencia –una obligación contemplada ya para los adultos en las leyes de protección del menor–, es necesario demostrar que el sistema protege tanto a la víctima como a la persona que lo cuenta: “En el caso de los niños, se les ha de cuidar especialmente”. Si las cosas se hacen bien, prosigue, además se les estará ayudando a construirse como ciudadanos.
Campañas y cifras
Campañas no faltan en esta línea. Algunas parten de la propia Administración, como esta del Ministerio que busca “héroes y heroínas sin antifaz”, o esta otra de Mediaset, a la caza de valientes. El programa finlandés Kiva también se centra en capacitar al alumnado para que tenga una postura activa contra el maltrato, y la comunidad científica ha resaltado el papel clave de los upstanders, esas personas que se posicionan siempre ante la violencia, lo que se traduce en clubes de valientes en muchos centros de nuestro país.
Sin embargo, las cifras del teléfono del acoso escolar del Ministerio del año 2017 (últimas disponibles) reflejan que, de las 7.508 llamadas registradas, sólo 84 fueron de compañeros o amigos de la víctima (un 1%).
Nuria Manzano es la directora del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa del Ministerio, el órgano encargado de desarrollar su Plan Estratégico de Convivencia Escolar. Considera que estos datos deben tomarse con cautela, pues se refieren a una pequeña muestra: “Además, hay muchos factores que pueden influir, como el género, la titularidad del centro o la edad de los chicos, que conforme van haciéndose mayores van adquiriendo un mayor compromiso con lo que pasa a su alrededor”, matiza, “Por supuesto que para nosotros son muy importantes los iguales, que quizá están viendo un hecho y no tienen una representación mental clara de lo que eso implica, pero también lo son los profesores, por lo que el Ministerio no solo ofrece el teléfono del acoso sino formación para que sean capaces de identificar los síntomas que denotan que está sucediendo algo aunque aún no lo estén viendo”.
Para Manzano “puede resultar contradictorio buscar un mayor compromiso y colaboración por la vía del castigo”: “Creemos que la convivencia se ha de mejorar en términos positivos y no de sanción, y que castigar por no alertar de lo ocurrido puede tener efectos secundarios”.
Del mismo modo lo ve Lucía Martínez, que entiende que las medidas en este sentido han de ser educativas y no punitivas: “Es cierto que existe una ley del silencio, pero, ante esta, se ha de prevenir, sensibilizar, potenciar la solidaridad entre alumnos, crear espacios de diálogo, transmitir que comunicar lo que ocurre no va a conllevar repercusiones negativas, transformar a los niños en sujetos activos y responsables desde una perspectiva de derechos”.
También Uruñuela, que apuesta por crear un enfoque preventivo y proactivo y no reactivo sancionador. Para él, un fallo del decreto madrileño es considerar el acoso un problema individual, cuando “es una patología de la relación del grupo”: “Se han de crear las condiciones y el clima que impidan que exista, que haga que se vea muy mal desde el principio, con alternativas para gestionar conflictos”, apunta, creando, al tiempo, “cauces de fácil acceso en los centros para plantear problemas sin desvelar el nombre, para que el alumno pueda exponer lo que ha visto sin problemas”.
Para él, de nada sirve decir “sé valiente” sin tener en cuenta los desequilibrios de poder o sin haber formado a los chavales para que desarrollen una serie de competencias: “No es un problema de falta de voluntad sino de capacitación y educación. Y persistirá si no consideramos la convivencia un aprendizaje tan importante como las matemáticas, la lengua o el inglés, si la vemos como un medio para lo importante”, zanja.
Cambio de cultura
La ley del silencio hace que en muchos centros educativos lo peor que le pueden llamar a un alumno sea “chivato”. Así lo recoge el que fuera Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Javier Urra, en La huella del silencio (Morata). Urra se muestra favorable a la modificación legislativa que ahora propone Madrid. Ve las sanciones para quienes no se implique “más una medida pedagógica e ilustrativa, pues ser ciudadano conlleva compromiso”. “Hacer que los alumnos sean cascos azules no es fácil, pero es muy importante abordarlo, y la sociedad lo está haciendo”, prosigue. “No se les está criminalizando, ni a ellos ni a sus profesores, se les está haciendo corresponsables. Tampoco se trata de penalizar lo que acontece en la escuela sino de que aflore”.
Para Urra, es trasladar la cultura que hoy existe en violencia de género a la violencia contra la infancia, al acoso escolar que, apunta, aunque afecta a entre un 1% y un 3% del alumnado, tiene importantes repercusiones: es el principal responsable del suicidio infantojuvenil, según la Asociación Americana de Pediatría “y esconde muchas derivadas subterráneas, como la violencia filioparental o, incluso, la violencia de género”.
Que la erradicación de la violencia contra la infancia está cada vez logrando una mayor importancia se refleja también en el anteproyecto de ley integral que ha preparado el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Este contempla la existencia de un coordinador de bienestar y protección en los centros educativos, que para Uruñuela podría resultar similar al coordinador de convivencia que ya existe en comunidades como Castilla y León. Según él, es muy positivo que exista una persona encargada con unas funciones concretas, pero “se le ha de capacitar, liberar de horas lectivas, darle poder…”. Si no, teme, puede suceder como ocurre muchas veces con los responsables de igualdad en los consejos escolares, una figura de adorno sin capacidad de influir.
Las organizaciones de infancia tienen grandes esperanzas en esta ley, que desde el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas se ha venido reclamando en sus informes periódicos (el último, el año pasado) pero que de momento el Gobierno no está tramitando con carácter de urgencia. Con ella se pretende unificar el registro de notificaciones de sospecha de violencia contra la infancia desde la escuela y otros ámbitos como los centros sanitarios, los servicios sociales y las fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado. Desde la escuela es desde donde menos notificaciones de sospecha están llegando al actual registro, conocido como RUMI, centrado en el maltrato infantil. Para Carmela del Moral, analista jurídica de Save the Children, “la escuela es un ámbito de detección idóneo de distintos tipos de violencia contra la infancia y el hecho de que los profesores y profesoras no la estén notificando puede obedecer a que no existe formación específica durante la formación inicial y a que no hay protocolos claros que aseguren cómo se va a desarrollar el proceso, dejando el peso de la notificación sobre los hombros de docentes que no reciben apoyo, que se sienten solos”.
Un decreto en fase de consulta
El decreto de convivencia está siendo analizado por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. En la mañana de ayer, la FAPA Giner de los Ríos pidió en su seno la eliminación de la omisión de deber de comunicar una situación de acoso del listado de faltas graves. Otras organizaciones, como Escuelas Católicas, plantearon que se considerara falta leve. El viernes se definirá la posición al respecto de este organismo –no vinculante– en la Comisión Permanente.
Desde la asociación de directores de instituto de la región, Adimad, su presidenta, Pilar de los Ríos, ve “increíble” que, siendo los directores de centros públicos los encargados en buena medida de poner en marcha estas medidas, no hayan sido consultados y se hayan enterado por la prensa de este borrador. A De los Ríos le preocupa que se sobrecargue a centros, equipos directivos y profesores de cada vez más competencias sin recursos extra, y que se les encomiende corregir conductas contrarias a la convivencia que se dan fuera del recinto del centro. Como Uruñuela, ve bien que se recupere la mediación, aunque cree que el texto es confuso en este apartado y no queda claro si se ha de incoar un farragoso expediente disciplinario de todas formas. Por otra parte, no cree que se anime al alumnado a participar y ayudar a detectar posibles situaciones de acoso con una espada de Damocles encima: “Si no, te castigo”: “No somos policías, no va de perseguir a los alumnos. Así sólo conseguiremos que su coraza sea aún más dura. El camino es concienciar para que no se consienta”.
